El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inaugurará por última vez en este mandato la asamblea legislativa, dando de esta forma la apertura de sesiones ordinarias en 2023, en donde se espera un mensaje a los legisladores que para que le permitan culminar su gestión con una cuenta pendiente durante su mandato: la devolución de los derechos a los trabajadores del Banco Provincia.

El proyecto para que ello suceda fue enviado a la Legislatura en julio de 2021, y tomó estado parlamentario dos meses más tarde, pero desde entonces y hasta el momento la polémica Ley 15.008 no ha podido ser derogada, lo que marca una victoria que la oposición no le quiere dar al mandatario durante su gestión.

Los acuerdos para que el proyecto avance nunca llegaron a buen puerto y los coqueteos del radicalismo para que así sea nunca fueron suficientes, ya que cuando la letra de la iniciativa estuvo en el Orden del Día (casi sobre el final del año legislativo en 2022) la UCR “reculó” y apoyaron las intenciones del PRO de mantener la Ley aprobada por María Eugenia Vidal.

La diputada marplatense Débora Indarte.

Para agregar más leña al fuego, cuando el oficialismo centró sus esfuerzos en las bancas opositoras para conseguir el quórum, “olvidó” el buen trato con los propios y en noviembre del 2022, el proyecto tuvo su último rechazo, entre otros motivos por la ausencia de dos diputadas del oficialismo: Débora Indarte y Patricia Cubría.

Cabe destacar que en agosto de ese mismo año, la marplatense había reclamado ante sus pares que durante su gestión había presentado mas de 200 proyectos de Ley, y que los mismos no habían sido tratados en Comisión, lo que provocó su escisión del bloque oficialista en donde era ignorada para conformar el unibloque “Unidad para la Victoria”.

Todo esto llevó al fracaso del proyecto, que el gobernador buscará reflotar desde su discurso, ya que la vigencia de la norma vidalista le puede costar muy caro a la Provincia, ante la presentación de más de 5 mil amparos judiciales contra la Ley 15.008, sobre los que la Suprema Corte Bonaerense deberá dejar de esquivar la definición, y ver si declara inconstitucional la norma aprobada por esta misma legislatura (con una conformación diferente) durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Si la legislatura zanja este problema con una nueva norma, el conflicto se solucionaría, pero si la corte da un fallo de inconstitucionalidad sobre el texto vigente, las arcas provinciales podrían llegar a tener que hacer frente a pagos por 38 mil millones de pesos, algo que Kicillof busca evitar por todos lo medios.