El intendente Carlos Arroyo dejó transcurrir el tercer trimestre de 2018, tras el cual los usuarios afrontan el pago de las boletas más caras del año, sin cumplir con su promesa de avanzar con la eliminación de la tasa municipal incluida dentro de las facturas de gas.

En un intento por justificar la postergación de esa medida el jefe comunal depositó parte de la responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, al señalar esta semana que está aguardando una “definición” del gobierno provincial para tomar una decisión.

Pero en realidad, la quita o la reducción de la tasa municipal que figura en las boletas de gas no depende en ningún aspecto de alguna clase de “directiva” que pueda surgir desde La Plata.

En rigor ese tributo se encuentra establecido desde hacer varios años en una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, cuya modificación o derogación, es una exclusiva atribución del municipio.

La disposición está explícitamente mencionada en el artículo 72 de la ordenanza fiscal, que textualmente establece “gravar los consumos de gas de redes de uso doméstico” con una alícuota del “cinco por ciento”.

La norma también instruye para que “lo recaudado por este concepto sea afectado a la realización de obras” cuyo listado debe ser “elevado para su aprobación por el Honorable Concejo Deliberante”.

El anuncio de que ese tributo sería reducido progresivamente fue realizado a fines del mes de abril por la Municipalidad, mediante una escueta comunicación que en su momento, tuvo gran repercusión.

Entonces el Ejecutivo hizo saber que la Secretaría de Economía y Hacienda ya estaba “elaborando un proyecto de ordenanza”, proponiendo “eliminar progresivamente la tasa municipal en las facturas de gas”.

Además se recalcó que esa medida había sido impulsada por “instrucción del intendente Arroyo”.

Lo cierto es que el proyecto jamás de presentó.

Aquél anuncio fue formulado en la misma semana en la que la gobernadora María Eugenia Vidal anunciara su decisión de quitar los impuestos de las tarifas que pagan los usuarios de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires, accediendo a un pedido que había realizado el presidente Mauricio Macri.

El propósito de la medida era el de provocar una disminución en los montos que los usuarios deben pagar por sus boletas, luego de fueran aprobadas nuevas subas en las tarifas de los servicios públicos, particularmente de luz y gas.

En el caso de las facturas de gas de Mar del Plata, la quita o la reducción de la tasa municipal hubiera tenido un impacto relativamente significativo durante el bimestre pasado, que es durante el cual comienzan a registrarse los mayores consumos, producto de la llegada del invierno.

Todo parece indicar que una vez realizados los cálculos y bajo la justificación de estar esperando “directivas” de la Provincia, la Municipalidad ya no tiene la misma intención de avanzar con una medida que beneficiaría a los usuarios, pero que a la vez privaría a la gestión de Arroyo de una significativa cantidad de recursos.