El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró este martes que la administración de Axel Kicillof no utilizará el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional.

“A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

Bianco sostuvo que las manifestaciones tienen que realizarse “con cierto orden”, pero agregó: “Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido todos estos años de democracia”.

“Sé que hay contactos entre la ministra de Seguridad de Nación y el ministro de Seguridad de la provincia (Javier Alonso). Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional”, dijo el funcionario.

Consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas “cumplen con sus obligaciones”.

“Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función”, añadió.

La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó “un protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Bullrich anunció que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.