El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Mar del Plata, que —con la implementación plena del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— a partir de este lunes será la cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación en una extensión territorial abarcada por 35 partidos del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, con una población superior a 1,9 millón de habitantes.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución PGN 7/2025, luego que el Poder Ejecutivo Nacional estableciera -mediante la Resolución 377/24 del Ministerio de Justicia de la Nación- que el sistema procesal acusatorio comience a regir en esa región desde este 7 de abril.

El procurador Casal designó interinamente a cargo de la coordinación de la Fiscalía de Distrito al fiscal general Daniel Adler, como fiscal revisor al fiscal federal Juan Pablo Curi y como fiscal revisor suplente al fiscal federal Juan Manuel Portela.

La Fiscalía de Distrito será la cabeza del MPF, que pasará a estar conformado por la Unidad Fiscal Mar del Plata y las sedes descentralizadas de Dolores, Azul, Tandil y Necochea. Esta nueva estructura reemplazará a las fiscalías generales ante la Cámara Federal y ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y a las fiscalías federales con sede en esa ciudad y en cada una de las ciudades donde ahora funcionará una sede descentralizada.

En tanto Casal dejó en claro el esfuerzo prosupuestario pero los problemas que hay para llevar a cabo semejante cambio. Remarcó que “los plazos que se están fijando para la entrada en vigencia del CPPF en cada uno de los distritos, no son compatibles ni con el cuadro de necesidades para hacer frente a la readecuación institucional que requiere la reforma procesal para su efectividad, ni con los tiempos necesarios para su satisfacción, incluso mediante soluciones de contingencia”.

El fiscal federal Daniel Adler será la máxima autoridad en Mar del Plata y la zona.

El procurador advirtió que “la imposibilidad de contar con los medios mínimos para afrontar este camino no solo colocará en riesgo la eficacia misma de la aplicación del sistema acusatorio, sino que además afectará gravemente la autonomía funcional y la autarquía financiera que constitucionalmente le corresponde a este Ministerio Público Fiscal y, con ello, la buena administración de justicia”.

Y finalmente recordó que “aun cuando desde esta Procuración General se le ha dado impulso a las diversas gestiones iniciadas para la obtención de los recursos indispensables para el Distrito de Mar del Plata, hasta el momento, y más allá de la voluntad expresada por parte del Ministerio de Justicia de la Nación de colaborar con la obtención de algunos de ellos, lo cierto es que no ha podido concretarse ninguna asignación”.

Casal dispuso que Adler también asuma la función de fiscal jefe de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuya estructura interna tendrá las siguientes áreas y titulares:

• Atención Inicial, a cargo de Carlos Adrián Martínez, a quien el procurador designó interinamente en un cargo de fiscal de la Procuración General, a partir de que integra la lista de fiscales ad hoc de la jurisdicción y de sus antecedentes profesionales, entre los cuales se destaca su labor como secretario de fiscalía general.
• Áreas de Investigación y Litigio de casos sencillos y complejos. La de casos sencillos estará a cargo de Martínez. Casos complejos se dividirá a su vez en una Oficina de Narcocriminalidad, cuyo responsable será el fiscal Eyherabide, y una Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos, a cargo de la fiscala federal Laura Mazzaferri.
• Transición: tramitará hasta su conclusión unas 2 mil causas remanentes del sistema procesal mixto y estará integrada por los/as fiscales/as Mazzaferi, Eyherabide, Nicolás Czizik y María Ángeles Ramos, y por el auxiliar fiscal Carlos Fioriti (este último, hasta el regreso del fiscal general Juan Manuel Pettigiani, actualmente en uso de licencia).
• Ejecución Penal, a cargo provisoriamente de Fioriti, hasta el regreso a sus labores del fiscal Pettigiani.
• Atención Inicial y Acompañamiento de Víctimas, a cargo del fiscal Adler. De acuerdo con lo dispuesto, esta área deberá trabajar de forma coordinada y bajo las pautas y recomendaciones de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), y contará con la colaboración del equipo de la Delegación Regional de la Dirección General de Acceso a la Justicia.
• Área no penal, a cargo del fiscal Adler.

Por otro lado, el procurador dispuso que las sedes fiscales descentralizadas del distrito quedarán a cargo de los siguientes funcionarios:

• Dolores: Juan Pablo Curi.
• Tandil: Marcos Rubén Silvagni.
• Azul: Santiago Eyherabide.
• Necochea: Juan Manuel Portela.

La organización interna de cada sede fiscal también tendrá áreas de Atención Inicial, de Investigación y Litigio de Casos, de Transición y No Penal. “No se decidirá la asignación de responsabilidad sobre los equipos de trabajo que las componen, en el entendimiento de que resulta más conveniente que [los fiscales] dispongan el reparto de funciones del modo que entiendan más eficiente”, indicó el procurador.

Por otro lado, Casal dispuso que “los fiscales designados en esas sedes, así como los auxiliares fiscales que allí se desempeñan y los que se asignarán, continuarán representando al organismo en materia penal ante los jueces con funciones de revisión y de juicio de la ciudad de Mar del Plata, de conformidad con el criterio del ‘fiscal del caso’, lo que resulta aplicable incluso para los casos que permanezcan activos del sistema procesal anterior que continuarán a su cargo hasta su finalización”.

Crímenes de lesa humanidad

El procurador Casal asimismo determinó que la Oficina de Coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata -a cargo de la fiscala Mazzaferri- continuará desarrollando sus tareas en las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad en apoyo de los magistrados a cargo de ellas, tal como lo hizo hasta el momento, y bajo la coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También quedará facultada para intervenir en el trámite de las causas de toda la jurisdicción (principalmente de las sedes de Mar del Plata, Azul y Dolores, por ser las que cuentan con casos activos de esas características) a requerimiento de su titular, ya sea en carácter exclusivo o en coadyuvancia.

Esfuerzo presupuestario

En la misma resolución que pone en marcha la nueva Fiscalía de Distrito Mar del Plata, el procurador Casal habilitó la designación de ocho auxiliares fiscales, que se sumarán a los diez ya designados, “para robustecer la representación del MPF tanto en los casos que ingresen a partir de la implementación del nuevo sistema procesal, como así también en los que continuarán tramitando bajo las reglas del Código Procesal Penal de la Nación”. Casal recordó que, si bien la labor de auxiliares fiscales “resulta indispensable para la adecuada gestión de los casos”, les encuentra vedado tomar decisiones que pongan fin al proceso.

En esa línea, dispuso la designación del secretario Martínez interinamente en un cargo de fiscal de la Procuración General, que asignó a ese distrito, y que la fiscal María Ángeles Ramos -fiscal federal de Tandil, actualmente con otras funciones- preste colaboración con la Unidad Fiscal Mar del Plata, al igual que el fiscal federal Nicolás Czizik, fiscal federal de aquella ciudad, quien actualmente desempeña funciones de ejecución penal ante los tribunales federales porteños y ante los tribunales orales en lo penal económico.

El procurador además dispuso incrementar la dotación de agentes en las sedes fiscales del distrito con el inicio de un “proceso de asignación de refuerzos mediante la afectación de cargos pertenecientes a la reserva existente dentro de la esfera de esta Procuración”.

En tal sentido, advirtió que “en tanto la transición procesal al sistema acusatorio siga sin ser complementada presupuestariamente con un incremento de la dotación de personal del MPF a los efectos de que se encuentre en condiciones de asumir eficazmente su nuevo rol, y frente al lógico agotamiento de esas plazas de contingencia, la realidad marca que en el futuro se dificultará aumentar las plantas de personal de las dependencias que funcionan en los distritos en los que se implementará sucesivamente el CPPF en su totalidad, por lo que se continuarán promoviendo las acciones interinstitucionales que correspondientes para propiciar el traspaso voluntario de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación a los Ministerios Públicos, establecido en el artículo 33 de la Ley 27.150 [de implementación del CPPF]”.