Por Jorge Raventos

Alberto Fernández atravesó con éxito sus primeros diez días de gobierno. La victoria legislativa se consumó en la madrugada de ayer con la aprobación en el Senado de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. La norma sanciona una situación de emergencia que afecta la realidad económica, la situación fiscal, el régimen previsional y la salud en función de la cual habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales en esos campos.

El Presidente emerge de esta primera y decisiva pulseada vigorizado internamente y, sobre todo, ante el mundo.
Para conseguir ese triunfo parlamentario, que había empezado a edificarse en una maratónica y enredada sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo contó con el apoyo de bloques de la oposición (por caso, el lavagnismo, fuerzas federalistas provinciales y sectores disidentes del macrismo) pero tuvo que afrontar la fiera oposición de Juntos por el Cambio, que anunció desde el inicio su rechazo a la iniciativa y su voluntad de boicotear el debate negándose a formar quórum.

La guerra y la paz

Como la táctica de impedir la sesión fracasó (el oficialismo admitió cambios en el texto del proyecto sugeridos por otros bloques y con esas presencias se aseguró el quórum, para el que no tiene número en soledad), Juntos para el Cambio tuvo que bajar al recinto y librar batalla allí.

En esos prolegómenos, la coalición de radicales, macristas y lilitos empezó exhibiendo grietas internas, aunque en definitiva conseguiría unificar personería. En principio, los gobernadores de la coalición (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Rodolfo Valdés, el mendocino Rodolfo Suárez, los tres radicales, y también el macrista porteño Horacio Rodríguez Larreta) tomaron distancia de la intransigencia que insinuaban sus legisladores: ellos prefieren (y seguramente necesitan) mantener una relación cooperativa con el oficialismo nacional.

Aunque en los bloques había correas de transmisión de esa postura, no consiguieron prevalecer. Las elites de los tres partidos de la coalición -en particular la del Pro, a cuya cabeza Macri impuso a la dura Patricia Bullrich, y por cierto la de Coalición Cívica, donde siempre impera el talante de la doctora Carrió, aunque amenace con jubilarse- están seguros de que el activismo que acompañó a Macri en sus últimos actos de plaza (y, conjeturan, buena parte de sus votantes) espera de ellos un franco antagonismo con el gobierno de Fernández (que imaginan como un mero maquillaje de la lisa y llana restauración del que concluyó en 2015). Fue esa posición la que expuso el interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso: mantuvo la unidad describiendo la propuesta del gobierno como el primer paso de un proyecto de dominación hegemónica.

Con el correr de las semanas es posible que la actual prevalencia del sector más inflexible sea contestada por corrientes más moderadas, negociadoras y realistas.

Palomas y halcones

En la provincia de Buenos Aires, por caso, aunque el Frente de Todos no tiene fuerza suficiente en el Senado, el gobierno de Axel Kicillof también consiguió que la Legislatura aprobase normas de emergencia. Pero el trámite discurrió allí por canales fluidos merced a una negociación que el mandatario mantuvo con María Eugenia Vidal y su equipo. El sector más negociador del Pro (encabezado por el disidente Emilio Monzó, que aspira a ser candidato a gobernador en 2023), pelea con Vidal por el control partidario en la provincia. Irónicamente, empuja así a la exgobernadora -y a Juntos por el Cambio- a cooperar con Kicillof.

En el Congreso nacional, los líderes de la coalición eligieron chocar con el gobierno recién asumido, cuestionaron una supuesta vocación de imperio del Presidente, y atacaron las temporarias medidas previsionales describiéndolas como una manifestación de ajuste y dibujándolas como condicionadas por el Fondo Monetario Internacional.

Ganar tiempo

El Presidente les contó el jueves a los grandes jefes empresarios de AEA que hace dos meses él y su ministro de Economía conversan con Kristalina Georgieva, que conduce el Fondo desde agosto, y han conseguido una media palabra de apoyo a la línea presidencial de “crecer para poder pagar”. Traducción: ganar tiempo (dos a cuatro años) para crecer y empezar a pagar entonces. Se buscan acreedores lúcidos.

Ese acuerdo con el Fondo -que atiende a una emergencia económica y financiera del país- requiere, claro está, hacerse cargo de la emergencia del sistema previsional. La emergencia no reside únicamente por la inviabilidad de su financiamiento en el estado actual, sino también en el hecho de que más de la mitad de los jubilados reciben la prestación mínima y un 70 por ciento reciben una prestación en el límite de la línea de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández está encarando una reforma. Pero se trata de reformar con la gente adentro. Hay que hacer sustentable el sistema en un país sustentable.

Ningún jubilado -salvo que forme parte de los regímenes llamados “de privilegio”- recibe el 82 por ciento de sus mejores últimos ingresos activos, como prevé la ley. Se trata entonces de analizar la emergencia previsional en, como mínimo, esos dos puntos vitales.

El gobierno pidió y consiguió con la ley seis meses para buscar una fórmula de movilidad jubilatoria equitativa y sustentable, prometió pasarla por el Congreso. Prometió asimismo atender en marzo por decreto a las franjas más deprimidas con un incremento que superará el que preveía la fórmula de movilidad recién abolida y que atenderá a esa misma franja mayoritaria de jubilados con bonos en diciembre y enero que equivalen a más de un tercio de una jubilación mínima. Se supone (no hemos oído palabra oficial sobre el punto) que en marzo habrá también incrementos por decreto, así sean más reducidos, para los jubilados que reciben por encima de la prestación mínima.

El famoso triángulo

Por supuesto, se puede tener posturas distintas, inclusive muy críticas a estas propuestas que ya son ley, pero no está claro cuál sería el motivo para hacer de estas cuestiones una bandera de conflicto extremo. Que una postura de esa naturaleza tuviera como portadores a activistas de una izquierda intransigente podría mostrar alguna consistencia, pero no la tiene. Aunque sería ingenuo exigir coherencia discursiva a políticos que habitualmente modifican sus relatos según hablen desde el poder o desde el llano, es notorio que a Juntos por el Cambio, una coalición propensa a jactarse de principismo y de cuestionar el pragmatismo ajeno, no le sienta bien esta línea argumental. La monumental deuda con el Fondo Monetario Internacional fue contraída por el gobierno de Cambiemos, y la insistencia en que el sistema previsional debía ser reformado porque “como ésta es inviable” provino más bien del macrismo y sus aliados.

¿Cómo cuestionar a Fernández si éste trabaja un acuerdo con el Fondo para salir del endiablado endeudamiento?
Dick Morris -el consultor que asesoraba a Bill Clinton en los años ’90- bautizó como “triangulación” al procedimiento de un gobernante que, mientras afirma los objetivos de su propia fuerza política, asume lógicas y algunos modos y preocupaciones de la oposición.

A priori el Presidente podría haber esperado más críticas desde su propia base electoral y social que de la coalición que se asentó sobre un programa de ajuste fiscal, aumento de tarifas y proyectos de reforma laboral y previsional. Pero su base por el momento lo respalda y parece dispuesta a darle el tiempo para que pruebe si sus reformas mejoran o empeoran la situación. Entre otras cosas porque Fernández enmarca su diálogo con el Fondo y sus búsquedas previsionales en un proyecto productivista y de proclamada equidad social, divisas que el peronismo respalda.

La oposición no se muestra dispuesta a concederle ese tiempo. Probablemente porque tema que las reformas den resultados suficientemente buenos como para fortalecer el gobierno de Fernández.
Hace unos meses se atribuía al Presidente cierta fascinación por el llamado “modelo portugués”. Lo más asombroso de ese modelo quizás haya sido que una coalición popular, basada en los sectores de la producción y el trabajo tanto como en una amplia masa de desempleados y semiempleados, asumiera como propio un programa de ajuste fiscal conjuntamente con una vocación de reforma e inclusión social.

Una reflexión de Antonio Costa, el líder del milagro portugués, seguramente está hoy en la cabeza de Fernández: “Es normal que, después de un período de esfuerzos y sufrimientos todos los sectores reclamen todo ya. Un buen gobierno tiene que combinar la satisfacción de las necesidades sociales con el cuidado de su capacidad fiscal y el desarrollo de sus prioridades políticas”.

En septiembre, en esta columna en relación con los planes de Alberto Fernández nos referimos al caso de Antonio Costa, que en octubre fue reelecto: “Hoy se habla del milagro portugués, que empezó, según el prestigioso semanario The Economist, ‘poniendo dinero en el bolsillo de la gente’ y que, según el propio Costa, ‘demostró que mantener el orden de las cuentas públicas no es incompatible con una política que defienda la cohesión social’.