Por Ramiro Melucci

Nadie en el universo oficialista esperaba que el presupuesto de Obras Sanitarias se convirtiera en el camino de espinas en que se convirtió. Acostumbrada a ser la niña mimada del Concejo, la empresa sanitaria fue desde mediados de diciembre uno de los principales focos de conflicto con la oposición. Motivos no faltaron.

La estrategia de disociar el incremento tarifario con el de las demás tasas municipales en el recinto quizá no haya sido la más conveniente para el gobierno. Terminó 2020 con el aumento en Servicios Urbanos y empezó 2021 con el del agua. Podría haberlo hecho todo de una vez, como suele hacerse, para no expandir el costo político, pero optó por desdoblarlo. Acaso sospechaba que el plan de OSSE iba a generar la unanimidad que el presupuesto de la administración central, los entes descentralizados y las ordenanzas fiscal e impositiva no lograron conseguir. Pero no ocurrió.

La primera dificultad aludió a la escasa claridad con que se difundió el aumento tarifario. A lo largo del debate, el porcentaje promedio de incremento fue del 24% que mencionó en un principio el presidente de la empresa, Carlos Katz, al 28% que señaló el jefe del bloque oficialista, Alejandro Carrancio, con una parada intermedia en el 26,8% que indicó en una de las reuniones de comisión en gerente de Comercialización, Mario Real.

El escenario ya había sumado antes de fin de año dos condimentos que agriaron el tratamiento: la presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori, se sintió directamente apuntada por declaraciones del coordinador de Gabinete, que dio a entender que había utilizado la discusión del presupuesto municipal como plataforma electoral, y los vecinos del sur salieron a la calle para protestar por la falta de agua.

Al ver las inconsistencias oficiales, el Frente de Todos puso una lupa en el reglamento del servicio sanitario y denunció que la Tarifa Integral de Saneamiento Ambiental (TISA) se cobró mal. Es el punto más conflictivo, el que podría generar costos no solo de tipo político. En la discusión final en el recinto, el oficialismo no avaló esa interpretación reglamentaria, pero tampoco fue enfático en el rechazo: si eso sucedió, dijo, se revisará.

La primera dificultad aludió a la escasa claridad con que se difundió el aumento. Pero el punto más conflictivo son las dudas que se generaron sobre el cobro de la TISA durante 2020. 

En el medio Horacio Taccone, de Acción Marplatense, coló la propuesta de devolución de lo pagado a contribuyentes que sufrieron cortes. Hubo en un principio una solicitud en igual sentido de la kirchnerista Verónica Lagos, pero el oficialismo aplicó la lógica política y realzó la iniciativa del partido de Pulti, que votó a favor de los números de OSSE.

El Frente de Todos se vio envuelto en un enredo. Entre la última reunión de la comisión de Hacienda, el martes, y la sesión del jueves sufrió los embates del sindicato de Obras Sanitarias (Sitos) y la Asociación de Personal Jerárquico. Tuvo que aclarar en el recinto que las dudas sobre la facturación de 2020 y la alusión a un servicio “deficitario” no iban contra el espíritu de la empresa municipal y sus trabajadores, sino que estaban dirigidas a sus autoridades.

El gobierno miró ese último episodio con el regodeo que no había podido insinuar en el proceso previo. Resaltó en privado que la empresa tendrá un incremento por debajo de la inflación, pero dejó para el escenario público la verdadera satisfacción que le dejó la sesión: la aprobación por unanimidad del Distrito Tecnológico.

La noticia corrobora uno de los giros favorables que tuvo Mar del Plata cuando el 10 de diciembre de 2019 cambió el gobierno municipal. “Es un gran paso para el futuro de la ciudad”, celebró el presidente de Aticma, la entidad que nuclea a las empresas del sector y que en su historia padeció como pocas el cambio de los vientos políticos: empoderada durante la gestión de Pulti, ignorada por la de Arroyo y otra vez considerada por la de Montenegro.

El pliego del transporte, otro de los proyectos capitales de la gestión, comienza a mostrar posturas en la comisión de Transporte. El Frente de Todos pedirá una licitación por 10 años y no por 20, como está previsto. El proyecto establece además una opción de cinco de prórroga y una posible extensión de dos años más. Las entidades que cuestionaron el plazo en la comisión sostuvieron que los cambios que sufrirá Mar del Plata en 27 años dejará al pliego obsoleto. El subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, descartó una modificación. Argumentó que una licitación que establezca inversiones en infraestructura no podría ser por 10 años o 15. No se esboza un punto de acuerdo.

Fernanda Raverta y Martín Guzmán en Mar del Plata, antes de anunciar la obra del espigón.

Con Montenegro enfocado en la temporada, en la posible flexibilización de las restricciones nocturnas –un pedido que hizo y reiterará a Kicillof– y en la puesta a punto de las escuelas para garantizar el comienzo de clases en las escuelas municipales, la líder de la oposición, Fernanda Raverta, también muestra sus prioridades. La reactivación productiva del puerto local aparece en un lugar central.

A la obra del dragado, que está en proceso de licitación, la titular de Anses le sumó el anuncio de un espigón con una inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el marco de la implementación del flamante Fondo de Inversiones Estratégicas. Creado a fines del año pasado, invertirá hasta 100 mil millones en todo el país para fomentar la generación de empleo. Raverta decidió que la primera obra fuera la ampliación del puerto. El proyecto tiene un costo total de 20 millones de dólares. El fondo financiará 17 millones (los otros tres los aportaría la Provincia) en forma de un crédito al Consorcio a 10 años, con tres de gracia.

Después del anuncio, que no tuvo un acto como el del dragado y se difundió al término de reuniones con gremios y empresarios pesqueros, Raverta se preocupó por aclarar algunos puntos. Sobre todo la cifra de la inversión para Mar del Plata, que había sido confundida con la que se prevé destinar a todo el país, y el dato sustancial de que el fondo del que sale la plata no es el mismo que financia las jubilaciones.