Por Jorge Raventos

Las tensiones y torpezas de la política conspiran frecuentemente contra las oportunidades que el país encuentra para afrontar situaciones críticas.

La circunstancia de que 2021 sea un año electoral incrementan esa proclividad.

Insfran como arma opositora

Los sucesos de los últimos días en Formosa son un ejemplo: el gobierno provincial, condicionado por un marcado crecimiento de los casos de Covid en el vecino Paraguay y ante la lentitud con la que avanza el proceso de la vacunación en el país, decidió volver a usar el costoso recurso del aislamiento y reimplantó la Fase 1 de sus protocolos antipandemia. Un sector de la sociedad formoseña -sobre todo comerciantes y otros grupos urbanos económicamente sofocados por la extensísima cuarentena- reaccionó con ira, se movilizó y enfrentó a la policía provincial, que respondió con violencia.

En circunstancias tan cargadas, una chispa puede encender la pradera. La Conferencia Episcopal lo advirtió en un documento transparente: “Ciertamente es preciso adoptar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para combatir el Covid-19, dentro de la razonabilidad y conforme al contexto de su circulación, pero de ninguna manera puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expuso la posición del gobierno nacional: “El Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía. En momentos de angustia colectiva, tiene que primar la serenidad. La violencia nunca es el camino. Y mucho menos la violencia institucional”.

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, analizó la situación con apreciable equilibrio y objetividad: “El excesivo celo de Formosa por cuidar la salud los lleva a tomar decisiones que son erróneas en términos de cierre, pero esto lo que muestra es que para la gente ya no es posible volver a cerrar actividades y la economía”.

Para otro segmento de la oposición, sin embargo, el caso de Formosa, más que objeto de un análisis ponderado debe ser un blanco de ataque: ese sector considera que Gildo Insfran, que gobierna la provincia fronteriza desde 1995, podrá ser electoralmente invencible en su pago chico pero es una presa fácil ante la opinión pública urbana del país y en el año electoral puede ser utilizado como emblema negativo del oficialismo, una especie de Nicolás Maduro local, expresión cercana del chavismo que empezó adjudicando al kirchnerismo pero que ahora aplica al oficialismo en su conjunto.

Todo hace prever que allí hay un fuerte potencial de tensiones por delante, en condiciones de eclipsar las señales más prometedoras que permite entrever la economía: la crisis devaluatoria y la amenaza de hiperinflación que algunos auguraban parecen disiparse.

¿No es la economía?

Promediando el primer trimestre de 2021, la Argentina empieza a divisar una situación económica más auspiciosa que la que experimentó el año anterior. Para decirlo con palabras de Domingo Cavallo, una opinión autorizada en la materia, “la aparición del viento de cola para las exportaciones argentinas en los mercados del exterior, algún ajuste fiscal y una mayor dosis de profesionalismo en el manejo monetario y cambiario, han hecho que el escenario de fuerte devaluación y descontrol hiperinflacionario, se aleje en el horizonte”.

En cualquier caso, la oposición empieza a comprender que deberá buscar puntos vulnerables en el gobierno más allá de la economía (Formosa, “vacunagate”, etc.). Y quizás también explorar ayudas que lleguen desde el interior del peronismo (donde no escasean marginados y víctimas de la maquina K).

El “viento de cola” al que alude Cavallo es el alza de los precios internacionales de los productos agropecuarios (y, en general, de las materias primas). No se trata de un fenómeno pasajero: el fenómeno del incremento de precios es una señal de mediano y largo plazo que implica una fuerte oportunidad para Argentina.

La palanca que esa demanda externa supone para el crecimiento de un país como Argentina es extremadamente significativa. Se trata de usarla. Se trata de estar en condiciones de hacerlo.

Por su parte, el gobierno del Frente de Todos, una coalición heterogénea en la que prevalece el liderazgo de la señora de Kirchner, tiene dificultades para emplear a fondo esa herramienta. El kirchnerismo mantiene ideas anacrónicas sobre las fortalezas con que cuenta el país. Alcanza con recordar las que expuso la diputada Fernanda Vallejos cuando habló de la “maldición argentina” de ser gran productor y exportador de alimentos. O registrar las zancadillas que padece el ministro de Economía Martín Guzmán, en su búsqueda de un acuerdo con el FMI.

Como resultado de la constante presencia de esas ideas en el oficialismo, la política obstruye el aprovechamiento máximo de las oportunidades que se abren: desconfía de la integración en la economía mundial y desalienta las producciones competitivas que los mercados demandan.

Ofensivas e impotencia

Por otra parte, el sector dominante de la coalición oficialista corre permanentemente el eje de prioridades del gobierno: los problemas judiciales que afectan a la expresidenta y muchos ex funcionarios trepan en la atención de la coalición y se vuelcan sobre el gobierno.

El alegato de la señora de Kirchner ante el tribunal que la juzga por el “caso del dólar futuro” fue toda una exposición programática.

Ella y el ala K del oficialismo han sufrido sucesivos traspiés judiciales en las últimas semanas, con la consiguiente irritación hacia la Casa Rosada, a la que adjudican tibieza frente a esos hechos. Como frutilla del postre, el fallo que condenó a 12 años de cárcel a Lázaro Báez (y a penas de distinta intensidad a cuatro de sus hijos) terminó de encabritar a ese sector.

Estos reveses judiciales son observados como una señal ominosa de lo que puede ocurrir con los procesos que recaen sobre la señora de Kirchner y sus propios hijos, así como sobre la suerte de otros varios de sus ex funcionarios.

El Ejecutivo ha tenido que absorber y dar respuesta a esos apremios. El discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el lunes 1, reflejó esa inclinación. Es cierto que varios de los puntos referidos a la Justicia ya los venía planteando Fernández -incluso a través de la ministra del ramo- pero la acumulación de iniciativas que el Presidente incluyó en su intervención ante el Congreso incorporó nuevos puntos como la creación de una suerte de Corte federal de garantías o la solicitud al Congreso “con muchísimo respeto” -dijo- de que “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional”.

Más allá del análisis específico, esas y otras propuestas referidas al frente judicial lucieron como una nueva manifestación -esta vez mediada por la palabra presidencial- de la ofensiva K contra la Justicia. Y colorearon el conjunto del mensaje al Congreso.

De todos modos, se podría vaticinar que esta ofensiva tendrá la misma suerte adversa que las anteriores (incluidas las que se desplegaron bajo la presidencia de la señora de Kirchner). El tono apremiante y los términos ásperos de que se vale ese sector de la coalición de gobierno despistan a quienes, predispuestos a atribuirle a la señora un poder ilimitado, ven en esos escarceos el prólogo de un proceso que definen como “chavización”. En rigor, lo que ese estilo revela es impaciencia e impotencia. La propia vicepresidenta lo confesó en su áspero alegato: “El poder de nosotros -dijo- por lo que veo es un poder bastante exiguo y bastante berreta, por decir así. Porque si somos tan poderosos, las cosas que nos han hecho y que nos han pasado… realmente…”.

El predominio que el oficialismo tiene hoy en el Senado no alcanza a controlar los dos tercios de la Cámara, mayoría especial que suelen requerir las cuestiones judiciales. Y en la Cámara de Diputados las mayorías que se necesitan para leyes importantes imponen trabajosas negociaciones con bloques independientes y a menudo también con la oposición de Juntos por el Cambio.

Los números no ayudan para la ofensiva, por eso la obsesión se concentra en la elección de medio término y en el objetivo de alcanzar, con una performance arrolladora, la anhelada hegemonía en ambas Cámaras. El conglomerado de fuerzas opositoras está dispuesto a impedir ese resultado a cualquier precio.

El peso de un obstáculo

El kirchnerismo duro se lanzó como una tromba a impulsar una comisión bicameral para ejercer el “control cruzado” al que invitó Fernández y hasta insinuó un tono amenazante hacia la “corporación judicial”, que varios observadores y comentaristas interesados pintaron como un peligro inminente.

En verdad, una comisión de esa naturaleza sólo puede servir para hacer show, en modo alguno para imponer sanciones a magistrados o fiscales o decidir cambios en la estructura judicial. Tal cosa sería claramente inconstitucional; una aclaración que formuló de inmediato la ministra de Justicia.

El discurso de Fernández incluyó fuertes cuestionamientos a la oposición y hasta anunció acciones criminales sobre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Si bien se mira, ese tono exasperado del Presidente tiene efectos paradójicos (o maquiavélicos, dirían los suspicaces) porque genera una especie de bloqueo a dos puntas: indispone a la Justicia para cumplir con las medidas con las que Fernández amenaza al macrismo y obstaculiza el logro de las mayorías legislativas que requieren sus propuestas sobre la Justicia.

Una frase del propio Fernández en su discurso puede interpretarse como una referencia oblicua a esa curiosa charada: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”.

Aunque no comparta muchas de las posiciones que surgen del polo más duro del Frente de Todos, la debilidad política que sufre y la necesidad de conservar la unidad operativa de la coalición de gobierno en pleno año electoral, le impiden a Fernández resistir abiertamente las presiones K. Es posible, por eso, que apueste a que la resistencia sea una imposición de la realidad.

El paulatino fortalecimiento interno de la señora de Kirchner y sus seguidores debilita al Presidente, pero también al conjunto de la coalición oficialista. La situación que en 2019 obligó a la señora a abdicar de la candidatura presidencial en beneficio de Fernández no ha variado mucho. Ella y su política siguen generando resistencias fuertes en la mayoría del electorado, aunque pueda contar con el voto fiel de una porción significativa, sobre todo en los segmentos más vulnerables, en el conurbano bonaerense.

El peso creciente del ala K en el oficialismo tiene otros efectos. El más importante es que las políticas que este sector propugna y a menudo determina, contradicen u obstruyen los vínculos de Argentina con el mundo así como desalientan las producciones más competitivas, lo que impacta negativamente sobre dos factores ineludibles para la recuperación y el crecimiento del país.

Polarización y antipolítica

Además, esa circunstancia complica otra de las condiciones que requiere la recuperación del país: la viabilidad de un sistema político predispuesto a los acuerdos de Estado (un objetivo que el Presidente invocó ritualmente en algunos párrafos de su intervención pero pareció sabotear en muchos otros).

Con la vista concentrada en la elección del último trimestre del año, en ambas grandes coaliciones, se vigorizan las posturas polarizadoras (aunque Horacio Rodríguez Larreta resiste a pie firme en su posición moderada dentro de Juntos por el Cambio).

En verdad, lo que parece ocurrir, en el contexto de la judicialización/politización, es que se debilita la política en conjunto y, por default, mejoran su posición relativa otros actores externos -jueces, medios- que pueden funcionar como árbitros interesados en un paisaje de choque y dispersión.

Observado con perspectiva, el espectáculo revela la centrifugación paulatina de un sistema político que privilegia el conflicto sobre las convergencias nacionales y que no encuentra el eje clásico de ordenamiento que se espera de la autoridad presidencial.

La discusión sobre el llamado “vacunagate” ha acentuado el deterioro de la política. Por cierto, el principal afectado es el gobierno. No sólo porque debió ceder al ministro de Salud, que venía conduciendo la batalla contra la pandemia, sino porque el episodio tiene efectos deletéreos sobre amplios sectores que incluyen a su propio electorado. Varios estudios demoscópicos recientes revelan ese fenómeno.

Sin embargo, también la oposición sufre el desgaste. Los sectores más belicosos (y el coro mediático que les hace eco), después de imponer la etiqueta del “vacunatorio VIP” parecen encandilados con el objetivo de extender sus secuelas y obtener una renta electoral en octubre. Corren el riesgo, también ellos, de intoxicarse en su propia burbuja. El sábado 27 de febrero, el “banderazo” que buscó acaudillar el sector más duro de Juntos por el Cambio fue el más escuálido de todos los eventos parecidos ocurridos el último año. Es probable que ese encogimiento se deba a que la algarada perdió el magnetismo de la espontaneidad y mostró sin maquillaje su índole política.

La reacción contra el affaire vacunas golpea al gobierno pero no se transforma por ello en respaldo automático a las fuerzas opositoras. Más bien se detecta un rechazo a la política en general (explotado inclusive por algunos comunicadores que hablan con insistencia de “casta política”), un proceso que puede incubar reacciones imprevisibles. La señora de Kirchner deslizó una profecía en su alegato de esta semana: “Va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisada la totalidad del poder”.

Habrá que ver si es factible un esfuerzo eficaz para acceder a las vacunas necesarias y para vacunar masivamente a la población de riesgo antes del invierno. Y habrá que ver si eso -de lograrse- será suficiente para neutralizar la no tan sorda ola de rechazo a la política.

Entre la polarización estéril y la disgregación exasperada la Argentina puede desperdiciar otra oportunidad.