Son horas de definiciones en el Senado de la Nación en relación con la ley Bases y desde distintos sectores se sigue desde muy cerca lo que de allí pueda surgir. La industria pesquera nuevamente se encuentra en tensión, a propósito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) ya aprobado por Diputados. “El RIGI también va contra la industria pesquera nacional y se pueden perder puestos de trabajo. Es una amenaza cierta para toda la actividad industrial y para la pesca y el trabajo que genera”, señaló el diputado provincial y exintendente Gustavo Pulti, quien además preside la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara que visitó el Puerto marplatense. Pulti subrayó que “la pesca en Mar del Plata implica más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos, en los barcos y en tierra. Más de 200 empresas que producen, contribuyen y generan puestos de empleo en la ciudad. Ninguna inversión nacional existente va a poder competir con los privilegios que establece el RIGI y eso perjudica a toda la pesca nacional”.

El denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversores propone “desmantelar toda protección de la industria nacional, atentando contra las pequeñas y medianas empresas y exponiendo a nuestro país a múltiples riesgos porque habilita el ingreso al país de fondos provenientes del lavado de dinero”, aseguró el exintendente. A su vez, advirtió que el RIGI “violenta las prerrogativas tributarias de la provincia de Buenos Aires y sus 135 municipios, a la vez que dispone una ignominiosa cesión de soberanía en materia jurídica, renunciando competencia de la justicia nacional en favor de jurisdicciones extranjeras como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones”.

Pulti continuó señalando que “los peligros del RIGI son inmensos. Y no debemos dejarnos engañar: ese riesgo se irradia sobre la totalidad de los sectores productivos, incluyendo la actividad pesquera, que además de los daños económicos y sociales que provocaría al sector, podría llevar a una concentración de cuotas y autorizaciones en pocas empresas extranjeras como consecuencia de una eventual enajenación de empresas nacionales que se encuentran en actividad”. Y, por último, en el puerto marplatense resaltó “además los daños económicos que habría de provocar en las industrias conectadas, ya que las empresas incluidas en el Régimen de Incentivos no se verían obligadas a adquirir los productos e insumos producidos en la Provincia”.

“La construcción se sostiene por el impulso de la obra privada” fue el título de un artículo publicado la semana pasada por LA CAPITAL, que fue seguido con especial atención desde un ministerio del Gobierno nacional que reclamó a las autoridades locales más precisiones al respecto, más aún luego de que el senador provincial Alejandro Rabinovich lo resaltara también en sus redes sociales. A contramano de lo que sucede en otros lugares del país, la ciudad no se vio tan afectada por la suspensión de la obra pública por parte del Gobierno nacional, debido a su casi inexistencia en el partido de General Pueyrredon. “El 97% de la obra en Mar del Plata es privada”, aseguraron desde el Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. Según Rabinovich, “es el resultado de cuatro años de sacarle el pie de encima al privado para que pueda invertir”.

Según datos oficiales a los que accedió este medio, en el período abril 2022-abril 2024, fueron ingresados y aprobados alrededor de 2.000 expedientes en la Dirección General de Obras Privadas. Considerando dos años como el tiempo estimado de ejecución para cada obra, estas se encontrarían activas a la fecha. En tanto, desde enero hasta abril del presente año, se aprobaron 100.000 metros cuadrados de obra nueva. “La actividad de la obra privada en la ciudad sigue teniendo índices sostenidos. La totalidad de metros cuadrados aprobados y en actividad en estos últimos 24 meses asciende a los 900 mil metros cuadrados”, graficó una fuente de la Secretaría de Obras. Cabe destacar que dichas estadísticas se refuerzan por informes de la Uocra seccional Mar del Plata, desde donde se indica que continúan en los niveles de empleo que tuvo en 2023 y que en lo que va del presente año no se ha modificado, con un promedio de 12 mil trabajadores registrados, y un número similar no registrado, en todo el partido de General Pueyrredon y la costa. “El que tiene oficio sigue laburando. La inversión privada se sigue sosteniendo y de cara al futuro hay perspectivas de nuevas obras como el hipermercado Coto y los desarrollos en el Parque Industrial”, refirió el secretario general de la Uocra, César Trujillo.

A todo esto, a 320 kilómetros de la costa marplatense, con turnos de doce horas, 200 empleados y seguridad estricta, diariamente se trabaja con intensidad en el buque Valaris DS-17 en la exploración del pozo offshore Argerich X1. En este contexto, Diego Lamacchia, marplatense y especialista en petróleo offshore, sobre la perforación del primer pozo en aguas profundas costa afuera en Argentina dijo que las expectativas “son altísimas” aunque aclaró que la probabilidad de que se encuentre petróleo “ronda el 20%”. En tal sentido, en declaraciones periodísticas a Canal E, reveló que dentro de la industria, el citado es un porcentaje “bastante alto y bueno”, añadiendo que en las mediciones o las inferencias indirectas que se hicieron en toda el área “se identifican potenciales áreas que pueden tener recursos de hidrocarburos”. Además, confirmó que “en este lado del Atlántico se han encontrado reservorios y se hicieron pozos exploradores y delimitadores en donde se ha encontrado una gran presencia de hidrocarburo”.

En dicha entrevista, además, Lamacchia reveló que hay imágenes satelitales donde “se pueden ver las salidas de hidrocarburos sobre el lecho marino”, lo cual quiere decir que el área “tiene o pueden encontrarse potencialmente hidrocarburos”. Con respecto a la cantidad de barriles que podrían producirse, de encontrarse la cantidad de hidrocarburos que se estima, detalló que “la reserva que se estima para este tipo de reservorio se calcula en 1,7 billones de barriles crudos equivalentes”.

Más que interesante, y con un enfoque novedoso, fue el artículo publicado en el diario La Nación por Francisco Durañona -exsenador de la provincia de Buenos Aires, exintendente de San Antonio de Areco y fundador del Movimiento Arraigo-, que pone el foco en el proyecto de exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata y cómo podría impactar en el futuro de Buenos Aires. Según estimaciones de los especialistas, de ser positivo el resultado de la exploración del primer pozo, la producción propiamente dicha se estaría dando para finales de esta década. Entonces, ¿por qué preocuparnos ocho años antes, con cálculos que hoy rondan el 20% de posibilidades de encontrar crudo en Argerich?, se pregunta Durañona, para añadir que “hay coincidencias sobre las capacidades productivas de la CAN, algo así como una nueva Vaca Muerta, arriesgando un volumen de producción de entre uno y dos millones de barriles diarios a mediano y largo plazo. Y añade que “profesionales reconocidos de empresas líderes como Shell, Equinor e YPF prevén 200.000 barriles diarios solo en caso de confirmarse el primer yacimiento Argerich, cuya exploración se está iniciando. Significa unos 700 millones de dólares al año que se sumarían al caudal exportador de nuestro país. En cinco años el monto podría ascender a 4.000 millones de dólares anuales. En una década, posiblemente el petróleo se exporte más que la soja en la provincia de Buenos Aires, ascendiendo a más de 8.000 millones de dólares al año. Realmente inimaginable”.

Si bien aclara que “puede suceder que todas estas previsiones terminen en la nada”, Durañona sostiene que, en cambio, de confirmarse, hay que preparar el terreno para el impacto del proyecto en la capacidad exportadora nacional, la economía de la Provincia, el desarrollo de los municipios y puertos costeros y aledaños, la generación de empleo, la necesidad de infraestructura logística, las garantías medioambientales y el marco jurídico e institucional que asegure rentabilidad, soberanía, federalismo y arraigo. Y añade: “la provincia de Buenos Aires, ¿tendrá derecho a percibir regalías por la explotación de su cuenca costera? En el estado actual de la legislación nacional, no. Con profundo espíritu federal, tal como establece nuestra Constitución Nacional al determinar nuestra forma de gobierno y organización institucional, e intentando generar las condiciones financieras justas y necesarias para el correcto crecimiento y desarrollo autónomo de nuestras provincias, es que nos inclinamos por una federalización de la capacidad de explotación de los recursos naturales hasta el máximo de sus posibilidades territoriales. El dilema se presenta al verificar que la CAN se encuentra ubicada más allá de los actuales límites hasta donde la provincia de Buenos Aires podría ejercer su dominio sobre recursos naturales, esto es, 12 millas marítimas contadas desde sus costas. De esta manera, las regalías que pagan las empresas en caso de poder avanzar con la explotación irán a parar al Tesoro nacional, de manera exclusiva”.

Ingresando de lleno en el tema, el autor del artículo refiere que en el marco del desarrollo histórico de la titularidad del dominio de los recursos hidrocarburíferos, del cual participaron la legislación, la doctrina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llegó a un punto de inflexión y resolución parcial de las cuestiones planteadas con la sanción de la reforma constitucional de 1994. Esta reforma fue central en las razones relativas al régimen federal. Sin embargo, deja en manos del Poder Legislativo algunas cuestiones para lograr que se haga realidad el programa constitucional. Aquello que requiere la intervención normativa para establecer los alcances del derecho constitucional consagrado. Una de las normas afirmativas del federalismo y centrales en la cuestión de la titularidad de los recursos naturales sin duda es la que está contenida en el Artículo 124 de nuestra Constitución Nacional, mediante el cual se le atribuye a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Los convencionales constituyentes, luego de un debate interesante respecto de la amplitud del mismo basando en la defensa de los intereses de los estados provinciales, determinaron en un despacho en mayoría agregar un último párrafo al artículo 124, prescribiendo que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Así, esta incorporación constitucional vino a saldar una antigua deuda de nuestro sistema federal sobre la titularidad de los recursos propios de las provincias, mediante una declaración cuya claridad buscó dar certeza a los alcances de ellos. La lectura de los debates de la Convención Constituyente ha conducido a sostener que el reconocimiento del dominio de los recursos naturales en cabeza de las provincias no sustrae a estos bienes de la jurisdicción exclusiva del Congreso Nacional, entendida como potestad de regulación jurídica. Y asegura que, específicamente con relación al tema de los hidrocarburos, cabe recordar que durante un largo período de tiempo la ley atribuyó al Estado Nacional la titularidad exclusiva, inalienable e imprescriptible de los mismos, a la que, mediante la Ley N° 14.773, se sumó el monopolio de la explotación, dejado de lado con la sanción del Decreto-Ley N° 17.319/67, que admitió la posibilidad de otorgar concesiones. Recuerda en este sentido que los primeros antecedentes que podemos encontrar respecto del reconocimiento del derecho originario de las provincias sobre el dominio de sus recursos naturales parecen ser lo acordado en el Pacto de Luján, celebrado el 24 de mayo de 1990 entre el Presidente y los gobernadores provinciales, al reconocerse el dominio y jurisdicción de las provincias sobre determinados recursos naturales.
En relación con la posible explotación de la CAN a partir del éxito del Proyecto Pozo Argerich frente a las costas bonaerenses, aparece una cuestión sustancial vinculada a los límites territoriales dentro de los cuales las provincias ejercerán su dominio originario, y es allí donde el Congreso Nacional conserva para sí las facultades legislativas constitucionales para determinarlo. Recuerda Durañona que un muy buen ejemplo de lo planteado resulta la Ley de Hidrocarburos 26.197 que tuvo su génesis en el “Acuerdo Federal de los Hidrocarburos 2006″, suscripto el 26 de octubre de 2006 por el presidente Néstor Kirchner y los gobernadores de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, Salta, Formosa y Jujuy. Esta ley modifica la Ley Nº 17.319, determinando que los yacimientos de hidrocarburos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren. A partir de las 12 millas hasta el límite exterior de la plataforma continental, le pertenecen a la Nación. Dentro del mar adyacente a sus costas hasta las 12 millas, a las provincias.

Por otro lado, tampoco existen dudas sobre la clara facultad que preservan los legisladores nacionales de definir los límites territoriales dentro de los cuales los Estados provinciales pueden ejercer sus derechos de dominio sobre los recursos naturales, conforme la normativa constitucional vigente antes referida. El Congreso nacional es el único habilitado constitucionalmente para determinar los límites provinciales y, en consecuencia, los alcances del frente marítimo hasta donde ejercen su dominio sobre los recursos naturales. En este sentido, para que la Provincia de Buenos Aires pueda ejercer el dominio sobre los yacimientos hidrocarburíferos de la Cuenca Argentina Norte, cuya posible explotación se estaría confirmando en tiempos cercanos, resulta determinante que el Congreso, a través de un proyecto de ley, impulse la modificación de los actuales alcances dominiales y territoriales de las provincias, en defensa de los recursos que le son propios por ser preexistentes al Estado nacional.

Sostiene Durañona en el artículo publicado en La Nación que para que lo anterior sea posible, solo se requiere la modificación del artículo 1° de la Ley de Hidrocarburos y extender el dominio originario de los Estados provinciales sobre los recursos naturales existentes en los espacios marítimos hasta donde rigen actualmente los límites de soberanía del Estado Nacional. El texto del proyecto de ley debería proponer, entre otras cosas, la sustitución del art. 1 de la Ley 17.319 por el siguiente: “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible de los Estados Provinciales y Nacional, según corresponda. Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, quienes ejercerán su jurisdicción y dominio en sus aguas interiores y en el mar territorial adyacente a sus costas y hasta la máxima distancia que la Legislación atribuya como Soberanía al Estado Nacional, sin perjuicio de la competencia atribuida a la Nación para las materias específicamente delegadas e insertadas en la Constitución Nacional”.

Finalmente, el exsenador de la provincia de Buenos Aires -que alguna vez sostuvo que Mar del Plata debería ser la capital de la provincia- invitó a los legisladores nacionales a llevar adelante el impulso de esta reforma, que sin lugar a dudas contará con el acompañamiento de representantes legislativos de la gran mayoría de las provincias, principalmente las costeras. “La solución definitiva a problemas estructurales de la Argentina vendrá de la mano de un profundo y verdadero federalismo del siglo XXI, promoviendo arraigo y desarrollo en cada territorio del país, sin importar ubicación geográfica ni cantidad de población, a partir de políticas activas de población para un mejor y correcto aprovechamiento de nuestros recursos”, puntualizó, para finalmente consignar que “federalismo, desarrollo y población son ejes fundamentales para la generación de riqueza”.