por Eduardo Miguel Bonoris

Las últimas resoluciones del gobierno, sin duda, atentan contra la riqueza ictícola de la patria al dejar, una vez más y sin respuesta, a la industria pesquera, que fue, es y será un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra extensísima ribera atlántica.

Parece que desconocen lo que sucedió desde Onganía, con la flota rusa, el Golfrin y el Pavlova, que con bombas exterminó a la especie Papamoscas. En las postrimerías de Alfonsín, con los acuerdos marco con Rumania y la URSS, se firmaron acuerdos fraudulentos que permitieron la depredación de los recursos. También estuvieron los 42 buques que, supuestamente, debían destinarse a la investigación, pero fueron detenidos por un recurso de amparo del S.O.I.P., que puso al descubierto la maniobra de depredación. El Sea Bay Alpha tenía a bordo merluza con las cajas impresas Made in Norway.

Más tarde llegaron los acuerdos con los chinos, taiwaneses y coreanos, que casi terminan con el recurso calamar, hasta que fueron detenidos por la Justicia Federal por permitir pescar con tripulantes extranjeros. La pesca siempre ha sido la “yapa” de otros acuerdos non santos.

Pero, desgraciadamente, siempre fue así. Los gobiernos de ayer, como el de hoy, han demostrado una falta de conocimiento realmente sorprendente, como lo hicieron los anteriores cuando el tucumano, vicealmirante Segundo Storni, advirtió al país sobre el poder naval y la proyección geopolítica de Argentina. Decía:

“La Argentina, con miles de kilómetros de costa marítima, debía contar con bases navales, puertos de aguas profundas, flota de mar, flota mercante, flota pesquera y astilleros para la fabricación de buques”. Para él, un país sin poder naval no podía aspirar a ser una potencia de primer orden.

Entonces, solo algunos lo escucharon, y la proyección de la ribera atlántica quedó ahí, sin respuesta.

Cuando recurrimos al derecho laboral, desde sus primeras normas, la actividad pesquera era la excepción. Se decía: “Salvo la actividad pesquera”, como una patente de discriminación de los trabajadores. Tuve el honor de conseguir que la actividad de los tripulantes a bordo de los buques pesqueros constituyera una relación laboral inobjetable.

Siempre fue así. Como profesor adjunto de Derecho Marítimo de la universidad, solicité a la por entonces decana que no le cambiara el título a la materia. No escucharon y lo cambiaron por Derecho de Transporte. Una ciudad marítima que debía ostentar el asiento del derecho más antiguo de la historia se convirtió en una estación sin objetivos. Mar del Plata es un puerto de ultramar que debe ser necesariamente ampliado para constituirse en un puerto exportador de productos y receptor de los mismos, respetando el ideal de aquellos que lo proyectaron a fines del siglo XIX.

Hoy la causa es común para todos los marplatenses, y debemos ser partícipes para impedir que se perjudique a la industria pesquera y su desarrollo, respetando la naturaleza del bien a proteger. Dejemos atrás nuestros desencuentros pasados y defendamos la pesca.

Hoy sucede igual: los que dicen que saben gobernar no alcanzan a distinguir entre un recurso finito y un recurso renovable, entre propiedad privada y propiedad pública. La pesca es eso: propiedad privada que debe ser protegida por el Estado, porque es patrimonio de la patria toda y necesita inexorablemente del control estricto del Estado, porque no es patrimonio de un particular, sino de todos los argentinos.

Por caso, el Estado es titular de la propiedad de todos los recursos renovables.

Se ha eximido a las economías regionales… menos, claro está, a la actividad pesquera. Una actividad que se desarrolló, equivocadamente, a costa del Estado a través de un sinnúmero de medidas, hasta que llegó Cavallo y, a las ineficientes, las mandó a la quiebra, con los perjuicios correspondientes para los trabajadores de tierra y de mar, que constituyen más del 30% de la economía de la Perla del Atlántico.

Hoy, luego de un decidido acuerdo de los sectores involucrados, funciona con una normalidad que hay que vigilar en forma permanente. La renta no puede ser el único argumento de aquellos que se quieren poner por encima del Estado.

(*): Ex Profesor Adjunto de Derecho Marítimo de la Universidad Nacional de Mar del Plata.