El gobierno de Carlos Arroyo mantendrá algunas de las medidas controvertidas de la ordenanza fiscal que el lunes retiró del Concejo Deliberante para adaptar al Pacto Fiscal reclamado por la Provincia.

Esa certeza se llevaron los concejales oficialistas y opositores que se reunieron el viernes con el intendente; el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

“Algunos planteos que les hicimos los van a tomar en cuenta y otros no sabemos, no estamos seguros”, dijeron en el bloque radical, que participaron de una de las reuniones. “Van a mantener algunas medidas. Como no tienen a los radicales alineados, buscan algunos puntos de acuerdo con la oposición”, coincidieron concejales opositores, a los que Arroyo recibió después que a los oficialistas.

Todavía no está del todo claro cuáles son las iniciativas polémicas que continuarán en el proyecto. Los funcionarios no adelantaron ante los concejales con qué avanzarían y con qué retrocederían. Sólo les aseguraron que, en busca de un equilibrio fiscal, tienen intenciones de obtener más fondos de los sectores con más posibilidades de contribuir a las arcas comunales.

Entre las decisiones que más resistencia generaron están la de quitar exenciones a las salas de cine y teatro, imponer nuevos tributos a los productores frutihortícolas y gravar las operaciones de comercios exterior. A la que afecta a los productores teatrales le bajó el pulgar la propia gobernadora, por lo que no hay margen político para reinstalarla. Los frutihortícolas recibieron de boca de Arroyo un compromiso de revisión, por lo que también ese ítem tendría cambios. Sin embargo, no hubo ninguna señal de que vaya a reverse la gravación de exportaciones con la tasa de seguridad e higiene, que preocupa a la industria pesquera.

“Se deslizó un comentario de que quieren gravar a los que más tienen para tratar de equilibrar financieramente al municipio. Estamos a favor de los equilibrios financieros, estamos a favor de que los que más tienen paguen más. No estamos viendo la parte de que eso sea para brindar más y mejores servicios a los que menos tienen”, dijo a LA CAPITAL la jefa del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez. “No son precisos en cuanto a qué modificaciones se harían, pero nos dejó la sensación de que no van a ser sustanciales”, agregó.

En ninguno de los dos encuentros hubo una presentación de cómo será la rectificación de la norma. El presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio (Crear), anunció que la semana próxima habrá un borrador para “seguir trabajando”.

“Fuimos claros con que no estamos a favor de algunas medidas para gravar a los sectores productivos”, mencionó Claudia Rodríguez.

En el mismo sentido se expresó Ariel Ciano, el presidente del bloque de 1País: “No podemos permitir que castiguen a quienes generan empleo en la ciudad, a la producción, a los que trabajan en la elaboración de materias primas o a las empresas que buscan radicarse en el Parque Industrial, porque esa no es la manera de dar incentivos; muy por el contrario, termina por destruir las esperanzas de un futuro mejor”.

Las reuniones tuvieron lugar el viernes en el despacho del intendente. Al mediodía asistieron los integrantes del interbloque Cambiemos, compuesto por la Agrupación Atlántica-PRO, el radicalismo, Crear y la Coalición Cívica. En las primeras horas de la tarde fue el turno de los tres bloques opositores: Unidad Ciudadana, Acción Marplatense y 1País.

En la primera hubo episodios que dejaron en evidencia las fuertes discrepancias del radicalismo con ciertos objetivos del gobierno. En el entorno de Arroyo están convencidos de que, en la discusión fiscal, parte de la UCR está más cerca de los sectores que podrían salir afectados que del propio gobierno. El de la pesca sería un ejemplo.

El segundo cónclave empezó con reproches a la forma en que el gobierno formalizó la convocatoria: sin anunciar el temario y llamando uno por uno a los concejales, cuando debió hablar con los jefes de bloque. También hubo una advertencia: así como solicitó la devolución de las ordenanzas fiscal e impositiva, el Ejecutivo también debió solicitar la del presupuesto. Los funcionarios no coinciden: creen que los “retoques” que tendrán aquellas normas (es la palabra que utilizó Arroyo en la semana) no alcanzarán a modificar el cálculo de gastos y recursos.

Los opositores se retiraron con la sensación de que el intendente los recibió para intentar un acercamiento ante el rechazo que generarían algunas decisiones entre los radicales, aliados naturales del gobierno. “No pueden alinear al oficialismo e intentar acuerdos por afuera”, coincidieron fuentes de bloques que no comulgan con la gestión.

Es que, si la tropa oficialista no tuviera fisuras, no habría por qué temer: Cambiemos tiene 13 concejales sobre 24, los justos y necesarios para aprobar la norma.

En medio de ese intento de acercamiento hubo palabras que sorprendieron. Según cuentan en la oposición, Mourelle cuestionó duramente la denuncia penal que presentó en sus primeros días el gobierno de Arroyo contra la gestión anterior por apelar al descubierto bancario para pagar sueldos. “Es una herramienta que se utiliza habitualmente”, dicen que comentó.

En los dos encuentros hubo, además, alusiones al alcance del incremento que tendrá la tasa de servicios urbanos. El radicalismo pidió una simulación de cómo impactaría en vecinos de distintos barrios. Los opositores advirtieron que no acompañarán un aumento excesivo: “Dejamos muy en claro que la situación de la provincia y el país no da espacio para aumentos de tasas desmedidos. Ya es suficiente con la energía, con el gas, con los impuestos provinciales. Es muy delicada la decisión que hay que tomar”, aseguró el jefe de bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez.