Por Marina Sánchez Herrero (*)

Equilibrios. La tensión de fuerzas contrarias puede balancear o desbalancear un sistema. Desde aquella reforma de 2006 las fuerzas en el Consejo de la Magistratura, entendidas como la representación de los diversos estamentos que forman parte de la institución judicial, generaban un equilibrio inestable, es decir, alejaban al Consejo de su posición inicial. No lo hicieron caer, pero lo corrieron de su centro.

Más allá de las implicancias en su funcionamiento -que las tuvo, pero no por eso se vio afectada la importancia de su contribución al sistema- el fallo de la Corte que declara la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 5 de la ley 26.080, que redujo sus miembros de 20 a 13, echa luz sobre la funcionalidad de todos los estamentos en la calidad global de la institución.

Así, detrás del fundamento de la decisión de la Corte de volver a la conformación inicial está la vulneración del principio de “equilibrio entre los representantes políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal” que establece el artículo 114 Constitución Nacional: en este sentido, el equilibrio es sinónimo de calidad en la representación.

También del fallo de mayoría se desprende que el equilibrio no es lo mismo que igualdad: lo que se busca es compensar lo que no es igual. Esto tiene directa relación con el adecuado funcionamiento del Estado, con las nociones de frenos y contrapesos y con el principio rector de la teoría de la división de poderes sobre el cual se asienta el sistema republicano de gobierno.

Es lógico que puedan existir diferencias en el número de representantes de los distintos estamentos, pero esas diferencias no pueden permitir que ninguno de ellos tenga predominio o se imponga sobre los demás, porque eso consagraría una composición desequilibrada en favor de uno o más de uno de ellos. En síntesis, las nociones de no predominio y de no hegemonía constituyen la guía básica que debe orientar el análisis de lo que decidió la Corte.

Es más, el replanteo de los equilibrios no debe acotarse solamente a la relación de fuerzas entre estamentos, sino hacia dentro de cada uno de ellos. Cada representante tiene que comprender que no está allí para defender lo propio, sino que está en función de la salud general del sistema. El equilibrio no se da nunca por la suma de protecciones de intereses individuales, sino por la visión de conjunto para que las resoluciones que toma el cuerpo sean las que mejor le hacen a todo el sistema. La atomización de sectores, o de líneas internas de sectores, siempre van en contra de cualquier equilibrio institucional.

Por eso, desde un punto de vista técnico, jurídico y desde la noción misma de Justicia -lo que es justo y corresponde- el fallo de la corte es positivo y contribuye a crear las condiciones para que Argentina tenga un mejor Consejo de la Magistratura. Pero, generar las condiciones es tan sólo el primer paso.

Ahora, en los próximos cuatro meses, el Consejo deberá reorganizarse y volver a su funcionamiento inicial, lo cual impone un desafío interno; pero “en un plazo razonable” la Argentina deberá discutir seriamente cómo debe funcionar este cuerpo fundamental para la calidad de su sistema judicial.

Esta discusión debe contemplar el tiempo que vivimos. Debe incluir aspectos que hace casi tres décadas no estaban en la agenda pública. Debe tener una mirada amplia, democrática y representativa de todos los estamentos intervinientes y contemplar las complejidades de cada uno. Debe consolidar el rol de los actores técnicos y articularlos adecuadamente con los actores políticos. Debe revisarse todo, y generar una propuesta superadora.

En la historia de un país, 27 años es muy poco tiempo, pero toda experiencia sirve. La Corte abre la posibilidad de capitalizar lo aprendido y mejorar. La convocatoria a un nuevo Consejo de la Magistratura es una oportunidad para madurar una institución que tiene absoluta relevancia para el presente y el futuro de nuestro país. Ojalá sepamos aprovecharla.

(*) Ex consejera en representación de los abogados del interior del país.