Por Augusto Morel

La violencia del narcotráfico, que tiene en vilo a la ciudad de Rosario, no es nueva. Arrastra décadas de crecimiento. Una ONG creada a partir del dolor de víctimas de la inseguridad presiona para que la Justicia “haga algo”.

Sus testimonios son la plusvalía en la evidencia cabal de que si al narco no “se lo frena” seguirá envalentonando a los delincuentes.

Matías, de 33 años, charlaba con su novia sentado en un banco mientras esperaba una notificación sobre el próximo pedido que debía entregar. Ensimismados, ninguno vio al hombre que se acercaba con el rostro tapado.

La sensación de una palma rasposa sujetando su nuca, acompañada de la frase “dame la moto”, fue lo último que vivió.

En esas milésimas de confusión, la punta de un cuchillo se hundió en su espalda. El atacante saltó sobre Matías para ahogar los gritos de terror de la novia, mientras volvía a clavar su hoja en el tórax del repartidor para matarlo. Los chillidos y la aparición de testigos ese 6 de agosto de 2023 lograron que huyera sin lo robado.

“Las cámaras de seguridad no captaron el rostro de la persona que mató a mi hijo. La fiscal no podía hacer nada. No tenemos nada. La causa sigue en pie y nosotros con este dolor todos los días, por no tener una cámara de video”, relata a EFE su madre, Carla Inzaurralde.

Su hijo engrosó la estadística diaria de Rosario, ciudad que, según el Gobierno de Santa Fe, tuvo en 2022 un récord de 287 muertes violentas, que en 2023 bajaron a 258 homicidios. En estos primeros dos meses de año, el Ministerio argentino de Seguridad lleva contabilizados 24 asesinatos a manos del narco.

Ella asegura que el asesino de Matías quería robar la moto para cambiarla por drogas; le dijeron que era un “fisura de la zona”, palabra coloquial para definir a los adictos que rondan por las calles como ‘zombis’. “No estaba bien, se lo ve en el video cuando camina, se tambaleaba”, agrega Carla.

La mujer trabaja desde hace 13 años como taxista, conoce los barrios periféricos de la ciudad como nadie, porque sus clientes viven en zonas a donde el transporte público y la policía no quieren llegar.

“Esto viene desde hace décadas, cuando se metió la droga acá, se multiplicaron los hechos de violencia y en estos días no hay policías en la calle. Después de lo que le pasó a mi hijo perdí el miedo de salir a trabajar”, remarca.

Carla integra la asociación ‘Víctimas y Familiares de Inseguridad en Rosario’, grupo de apoyo para perseguir jueces y fiscales con la esperanza de que alguno se apiade y les dé “novedades de los homicidios sin resolver”.

Romina Paredes y su esposo se unieron a la ONG, luego de que apuñalaran a su cuñado por una bicicleta. El autor se entregó a la policía, pero hace un año el caso sigue acumulando polvo en algún despacho por falta de “tecnología necesaria” para los peritajes de ADN y un teléfono móvil.

Brian terminaba la jornada laboral del 20 de enero de 2023 como empleado de un supermercado. El joven de 30 años apuraba su pedaleo para evitar la tormenta veraniega que azotaba la ciudad. Quería llegar rápido para dejar a sus sobrinas los víveres que compró para el resto del mes.

Él era el sostén de las hijas de su hermana, pero fue frenado en seco. Un hombre le cortó el paso y le exigió la bicicleta, Brian se resistió, peleando por lo suyo. Si se “dejaba robar” era la segunda vez que le quitaban su único medio de transporte. Harto, forcejeó y conectó dos puñetazos. Pero, con un arma blanca, su oponente le asestó dos puntazos en el corazón.

Mientras el joven peleaba por seguir con vida, su atacante se retiraba con la bicicleta, aunque la dejó tirada ante la presencia de testigos. La ambulancia no llegó a tiempo y Brian murió desangrado en la acera.

El caso, casi cerrado, sigue demorado. “Es cuestión quemarles la cabeza a los fiscales para que te den bola. Podés estar esperando y no va a pasar nada. Uno tiene que estarles atrás. Como asociación, nosotros tenemos que buscar testigos o evidencias, porque no se mueve nadie”, expresa a EFE Romina.

La lucha por Brian empezó con su esposo Joel -hermano del chico-, quien batalló contra la maquinaria burocrática soportando un “cáncer fulminante”, que terminó haciendo metástasis, con la angustia de perder a un ser querido sin tener retribución. Aunque falleció hace seis meses, su viuda continúa persiguiendo a la justicia.

EFE.