Jueves,21 de Noviembre de 2024
Después de siete meses del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), las escuelas privadas de la ciudad profundizaron su estado de alerta debido a la falta de ayuda integral del Estado, al crecimiento de la morosidad en el pago de las cuotas y el consecuente cierre de instituciones, tal como paso días atrás con el colegio San Andrés del Mar.
La problemática local se vio reflejada en una encuesta realizada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) y la Junta Nacional de Educación Privada (Junep), en la que “1.167 servicios educativos, que representan el 35 por ciento de los socios a nivel nacional, estimaron que 2.448 personal no docente y 7.203 personal docente podrían perder su fuente laboral”.
Las consultas contemplaron a instituciones de nivel inicial, primario, secundario y superior, representando modalidades común, especial, técnica y agraria, entre otras.
Así, de los 1.167 servicios educativos encuestados, más de la mitad (el 59 por ciento) eligió adjetivos negativos para describir su situación económica: el 30 por ciento dijo que era “crítica”, el 21 por ciento “mala” y el 8 por ciento “terminal”.
Cuestión local
La foto de la encuesta aplica a lo que sucede en la ciudad. Aunque como todos los consultados por LA CAPITAL coincidieron en indicar que “existen casos muy particulares”, la curva de cobrabilidad hoy se encuentra “por debajo del 50 por ciento”, según estimó el representante legal del Instituto San Nicolás de los Arroyos (ISNA), Matías Barrionuevo.
“Cada caso es particular –detalló- porque algunos no pagaron durante todo el año, otros van pagando como pueden. Hoy, a octubre, tenemos una deuda de 12 millones de pesos”. La institución alberga a casi 900 chicos en todos los niveles.
Si bien la situación es “complicada”, Barrionuevo consideró “necesaria la ayuda estatal, porque no todos cobran los ATP y por más que las clases no sean presenciales, los gastos se mantuvieron”.
Esa cuestión también se abordó en la encuesta y más de la mitad de los encuestados (51 por ciento) respondió -sobre un esquema fijo de respuestas- que “ayudó en algo” el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En tanto, para el 20 por ciento de los consultados “no tuvo efecto alguno” y para el 14 por ciento “ayudó mucho” o “fue la diferencia entre pagar o no salarios”.
Variabilidad
En el Colegio Atlántico del Sur (CADS) no pudieron estimar un promedio de morosidad en las cuotas debido a que “desde la administración se hizo un trabajo casi artesanal, analizando caso por caso”, aunque destacaron que en el marco “complicado que vivimos la comunidad nos acompañó”.
“Tenemos una morosidad fluctuante, porque varía día a día. Hay familias que no pudieron pagar durante todo el año, otros van generando y se van poniendo al día, siempre sin cobro de interés y de acuerdo a su propio plan de pagos”, explicó Luis Lofrano.
En tanto, el representante legal de la institución, Juan Lofrano, describió que “en este aislamiento extremadamente prolongado nuestras familias nos han acompañado muchísimo, se individualizó cada caso y cada necesidad. Estamos cumpliendo con nuestra obligaciones y la comunidad nos acompañó”.
El CADS, en los niveles inicial, primario, secundario y superior nuclea “entre 900 y 1.850 alumnos” y ya tienen abierta la matrícula para 2021 con el mismo valor de la cuota que en marzo de 2020.
Preocupación episcopal
La situación es similar en los colegios católicos, tanto en los episcopales (que dependen del Obispado de Mar del Plata) como en los pertenecientes a las congregaciones.
“De marzo a octubre tenemos una morosidad de entre el 55 y 60 por ciento, pero varía mucho porque cada caso es particular”, describió el presidente de la Junta Regional de Educación Católica (JURE) del Obispado local, Javier Sánchez.
En el Obispado de Mar del Plata (que además de la ciudad abarca Necochea, Lobería, Balcarce, Villa Gesell, entre otros) funcionan 24 colegios dependientes del mismo y 25 que responden a las congregaciones. En total, asisten unos “20 mil alumnos, aproximadamente” en los niveles inicial, primario, secundario y terciario.
Si bien Sánchez reconoció que existe “preocupación”, aseveró que “como católicos acompañamos y vemos cómo se resuelve”, para lo que ya implementaron planes de pago, becas y medias becas.
De cara al futuro, hay preocupación por “cómo vamos a pasar el verano, porque en los colegios se cobran 9 o 10 cuotas y enero y febrero no se cobran”.
En ese sentido, explicó que “tenemos menos ingresos y gastos fijos, hoy no podemos cobrar los ingresos por el alquiler de los gimnasios o los buffets”, ejemplificó.
Asimismo, también destacó que “el ATP no llegó para todos” y aseguró que “confiamos en Dios y María, pero necesitamos que nos acompañe la comunidad de los padres para seguir adelante”.
Hace pocas semanas sufrieron el golpe de “tener que cerrar” una sala maternal de dos años en Villa Gesell y “estamos haciendo grandes esfuerzos” para mantener el hogar Juanito Bosco.
En el partido de General Pueyrredon, unos 70 mil chicos dependen de la educación privada (laica y religiosa), totalizando un tercio de la población estudiantil local que abarca a unos 210 mil estudiantes. Las instituciones privadas suman unas 300.
Reducción drástica
En la encuesta realizada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) y la Junta Nacional de Educación Privada (Junep), sobre 1.167 casos, el 43 por ciento de los consultados consideró como “posible” la reducción de los servicios educativos para el próximo año, mientras que un 27 por ciento lo estimó “poco posible”. Así, se desprendió del estudio que el 70 por ciento de los servicios educativos presenta “algún grado de certeza sobre reducción o cierre total como consecuencia de la crisis”.
La situación se presenta complicada, más aún teniendo en cuenta la “postura” de algunos dirigentes sindicales del sector que en lugar de aportar ideas solo “levantan el dedo acusador desde un cómodo lugar”, advirtieron desde varias instituciones locales.
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