El no pago de las expensas alcanzó picos históricos durante el confinamiento obligatorio, promediando hoy “entre el 30 y 40 por ciento”, según estimaciones privadas. Cambios en las modalidades de pago y suspensiones de obras.

La lupa se posa sobre números en rojo, en todos los sectores, tanto de la ciudad como del país. No hay rubro que quede exento. Así, el pago de las expensas de los edificios también se vio resentido y hoy la morosidad se eleva “entre el 35 y 40 por ciento”, tras el dictado del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), según diversos cálculos.

“La morosidad promedia entre el 15 y 20 por ciento. Eso se suma a la morosidad habitual, que va del 10 al 20 por ciento”, señaló a LA CAPITAL el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Echevarria.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales al respecto, la cifra fue similar para el abogado especialista en propiedad horizontal, doctor Gerardo Rodríguez Arauco, que calculó la falta de pago “aproximadamente entre un 15 y 30 por ciento”.

Así, en algunas administraciones aseguraron que se alcanzó “un pico histórico” de morosidad, con índices superiores al 60 por ciento durante abril.

“La situación repercute lógicamente en la subsistencia de los consorcios –advirtió Rodríguez Arauco-, ya que que sólo pueden financiarse con el pago de las expensas comunes y no tienen acceso a lineas de crédito pese a estar bancarizados”. De todas formas, reconoció que algunas administraciones gestionaron “con cierto éxito”.

Preocupación

Asimismo, desde la entidad que nuclea a los administradores de edificios reclamaron la posibilidad de trabajar. “Reclamamos abrir sin atención al público, no entendemos por qué todavía no nos habilitaron”, se quejó Echevarria y consideró como “preocupante” lo que vendrá.

“No sabemos qué va a pasar y es preocupante –advirtió-, no sólo no podemos trabajar sino que todavía no sabemos cómo haremos para enfrentar los gastos el mes entrante”. Y recordó que la mitad de los gastos de los consorcios corresponden a sueldos.

Con el análisis coincidió Rodríguez Arauco, para quien el panorama actual resulta “preocupante” debido a que los niveles de incumplimiento sólo reconocen un paralelo a “lo vivido en las postrimerías de la década del ’90, cuando la recesión económica y la reducción del precio de la propiedad tornaron algunas deudas como muy significativas en relación al valor de la unidad”.

En el partido de General Pueyrredon se estima que existen entre 3.500 y 4.000 edificaciones afectadas al régimen horizontal, entre pequeños conjuntos de unidades en planta baja hasta edificios en torre en complejos de cientos de unidades.

La Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires nuclea a unos 130 administradores de la ciudad y la zona.

Pico histórico

Desde la administración Julián Santillán, sobre un padrón de 1.100 unidades de 25 edificios ubicados en distintos barrios marplatenses, configuraron una morosidad “promedio del 36 por ciento” a lo largo de la cuarentena. Pero los índices negativos superaron el 60 por ciento durante abril pasado, algo considerado como “inédito” a lo largo de 23 años de profesión del martillero que da nombre a la empresa.

“El promedio del no pago hoy es del 36 por ciento, aunque el pico se dio en abril, con el 61 por ciento. Algo inédito”, señaló el martillero Julián Santillán.

Asimismo, consideró que los pagos se fueron “regularizando” desde abril a esta parte y que el índice de cobrabilidad fue mejorando porque “fuimos gestionando un poco más a través de diversas herramientas”.
A su entender, la mayoría de los consorcistas marplatenses acostumbran “a pagar las expensas en la oficina y eso, durante abril, no se pudo debido a que estábamos sin poder trabajar”.

Así, ante el avance de los números rojos, Santillán optó por agilizar la utilización de medios de pago electrónicos.
Si bien los montos de las expensas varían en función de la ubicación del edificio, de los servicios ofrecidos (como amenities o seguridad y vigilancia nocturna, por ejemplo), en los consorcios administrados por Santillán parten “de los $2.200/2.500 hasta los $5.500” y los mayores índices de morosidad se registraron “en las unidades de barrio y no tanto en las zonas de Playa Grande, Playa Chica y el sector costero”, describió.

Por otra parte, el administrador consideró que el no pago se estancó debido a que “la mayoría de las grandes obras en los edificios se suspendieron, se hace únicamente lo indispensable”, primero por una cuestión de contracción de gastos y segundo porque “la gente tienen miedo, no quiere gremios en la casa”.