Luego de haberse hecho cargo del predio de disposición final de residuos, la Coordinadora Ecológica Sociedad del Estado (Ceamse) no sólo deberá revertir el grave deterioro de sus instalaciones y realizar las obras requeridas para ampliar la capacidad operativa del relleno sanitario.

Además la empresa deberá reactivar un programa de inclusión social para regularizar el trabajo de cientos de recuperadores informales que viven de la basura, y que según describió el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), desempeñan sus tareas de una manera “caótica”.

En rigor, ese programa ya había sido puesto en marcha años atrás con el propósito de ejecutar una serie de obras y crear un equipo interdisciplinario que, a mediados de 2016, la gestión del intendente Carlos Arroyo resolvió disolver.

Esa decisión provocó que tras constatar la falta de avances, el Banco Interamericano de Desarrollo resolviera cancelar la entrega de un crédito de 20 millones de pesos, que entre otras cosas, hubiera permitido trabajar en la contención social de los recuperadores y construir varias instalaciones para que desarrollen su actividad alejados de los camiones que vuelcan la basura.

Al hacerse cargo de la operación y del mantenimiento del predio, semanas atrás el presidente del Ceamse, Gustavo Coria, puso énfasis en el compromiso de la empresa para retomar esa línea de trabajo.

De hecho, entre los convenios firmados con el municipio quedó establecido que una de las prioridades consistirá en proveer una solución para la “situación de los recuperadores”.

Para ello la comuna debió comprometerse a aportarle al Ceamse una suma de dinero adicional a los costos que demandarán las tareas de operación y las obras de ampliación del relleno sanitario.

Concretamente, de los $13.775.249 que la Municipalidad deberá pagarle todos los meses al Ceamse, $1.638.885 (es decir casi un 12%) estarán vinculados con las acciones que la empresa deberá implementar para finalmente organizar y mejorar las condiciones sociales y de trabajo de quienes hurgan en la basura.

Según trascendió, en el último mes funcionarios del Ceamse ya comenzaron a trabajar para intentar recomponer parte del programa que la actual gestión se había encargado de disolver. Y una de las principales instituciones con la que comenzó a establecer contactos es Iglesia Católica, que durante los últimos años, intensificó su presencia dentro del predio en un intento por suplir la falta de asistencia del municipio.

De hecho días atrás el obispo Gabriel Mestre convocó a la Mesa de Diálogo del Basural que tras una reunión, emitió un comunicado planteando su “profunda preocupación” por la situación de precariedad laboral y social de las familias que trabajan dentro del predio. La inquietud no sólo comprende a los recuperadores informales, sino también a los integrantes de la cooperativa Cura y a los carreros y cartoneros organizados en el MTE-CTEP y la Federación Argentina de Carreros Cartoneros y Recicladores.

“A través de nuestro trabajo hemos podido determinar que alrededor de 500 personas trabajan directamente dentro del basural, pero son mucho más los involucrados en esta problemática de tantos años de exclusión y abandono”, advirtió la Mesa de Diálogo de la Basura. Ese grupo, integrado por varias entidades y ongs vinculadas a la Iglesia, también planteó la necesidad de conocer de manera precisa el alcance del programa social que a partir de ahora implementará el Ceamse.

Por eso reclamó detalles sobre las obras comprometidas en el convenio firmado con el municipio entre las cuales figura la “construcción de una planta de reciclado” que permita concentrar en un único lugar a los recuperadores que, actualmente, trabajan en distintas área del predio. No obstante desde la Mesa advirtieron que a un mes de que el Ceamse se hiciera cargo del relleno sanitario “aún no ha habido una comunicación clara ni una perspectiva sobre cuál será el plan de ahora en adelante” por lo que se pidió una respuesta formal y urgente de parte de las autoridades municipales y del Ceamse.

En esa línea el convenio firmado entre la comuna y la empresa establece de manera específica la “construcción de una planta de separación y clasificación de residuos” e intervenciones de “gestión social” con los recuperadores.
Y además detalla cuáles son los plazos de cada una de las obras contempladas en el programa, entre las cuales se incluyen trabajos de saneamiento, la construcción de caminos, la creación de una playa de descargas, la instalación de muros y de un galpón techado provisto de sanitarios. El convenio indica que cumplir con esos trabajos demandará al menos unas 28 semanas y asegura que darán comienzo “en la mayor brevedad posible”.