LA PLATA (Corresponsalía).- La Cámara de Diputados bonaerense comenzó a revisar días atrás más de 2 mil decretos-leyes que hay en la Provincia y que fueron firmados durante las dictaduras militares.

La tarea –encomendada en la Resolución 452-19/20 aprobada por la Legislatura en marzo de este año- apunta a derogarlos o transformarlos en iniciativas parlamentarias de la democracia, según corresponda.

Si bien los integrantes de la Comisión de Legislación General que llevan adelante la tarea se encuentran en una primera etapa de análisis, se sabe que son alrededor de 2.100 los textos que hay que desechar o modificar.

La diputada Rocío Giaccone (Frente Amplio Justicialista) contó a LA CAPITAL que, en primer lugar, “estamos ordenando los proyectos por año”.

En ese sentido especificó que “recién estamos revisando los de los años ’55, ‘56 y ‘57”, es decir los emitidos durante los gobiernos de facto que integraron la autodenominada “Revolución Libertadora” (1955-1958) que derrocó al segundo mandato de Juan Domingo Perón.

“Hay algunos que están sin efecto y otros que han sido derogados por leyes; hay que revisar en detalle”, señaló la diputada bonaerense.

Muchas conservan su carácter de decreto-ley

Vale aclarar que algunas de las medidas tomadas por los gobiernos dictatoriales han sido modificadas y actualizadas por la Legislatura, pero aún conservan su carácter de decreto-ley, como por ejemplo la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Orgánica del Banco Provincia, el decreto-ley que establece un Código Procesal Civil y Comercial y el Código de Faltas, entre otros.

La idea es que la Comisión se reúna semanalmente para estudiar esas iniciativas y, en caso de ser necesaria la derogación, elabore un nuevo proyecto de ley para que no queden vacíos legales en torno a temas puntuales.

“Vamos a tratar de tener todo finalizado para fin de año, y si no es así, trataremos de dejar una muy buena base para lo continúen”, remarcó Giaccone.

Del encuentro que se realizó el último miércoles en La Plata participaron también las diputadas provinciales Alejandra Martínez (Frente Amplio Justicialista) y Laura Aprile (Cambiemos), además de asesores legislativos.

Se emitieron 3 informes

Según pudo saber este diario, hasta el momento se han remitido a la Comisión 3 informes.

El primero, referido a las normas que siguen jurídicamente vigentes por no haber sido expresamente derogadas y que han perdido razón de ser por haber caído en desuso, cumplido el plazo de vigencia o haber agotado su fin.

El segundo, que pone en análisis una serie de decretos-leyes que convalidaban acuerdos inter-jurisdiccionales formalizados por los entonces gobernadores de facto y que no forman parte del proyecto de ley de derogación, ya que excede a la Legislatura conocer acerca de la vigencia y eficacia actual de estos acuerdos.

El tercer y último informe refiere al grupo de decretos-leyes mediante los cuales se donaban inmuebles propiedad del Estado provincial, cuyo incumplimiento generarían la retrocesión del dominio en favor del Estado bonaerense, con lo cual deben ser analizados minuciosamente.