Luego de que transcurran más de 40 años del conflicto bélico por las islas Malvinas, una marplatense de 65 años (cuyas siglas son A. C.), fue reconocida por la Justicia como veterana de guerra.

Esto fue posible gracias a un arduo trabajo de casi una década de los abogados Claudia Brizzio y Roberto Sugrañes, quienes aportaron la documentación necesaria para establecer que durante el conflicto bélico A. C., oriunda de Mar del Plata, y quien actualmente reside en la ciudad, prestó servicios de inteligencia para la Armada Argentina en la Base Naval de Ushuaia.

Sin embargo, para llegar a este fallo fue necesario atravesar un litigio que se extendió por años, debido a que la mujer figuraba en los registros como “maestro mayor de obras”, tal como había sido declarada por la Armada.

Para lograr el reconocimiento, los letrados tuvieron que solicitar en 2018 un recurso de habeas data, de donde surgieron dictámenes de psiquiatras que determinaron que A. C. padece “estrés post traumático” por haber recibido, con solo 24 años, a los náufragos del Crucero General Belgrano.

Además, se entregaron los recibos de sueldo que la mujer recibió entre 1981 y 1983.

Incluso, la mujer tuvo tres intentos de suicidio y recibió amenazas para que no continúe con el reclamo, tal como figura en la denuncia radicada en la Justicia Federal, según afirmaron fuentes del caso.

A su vez, A. C. contaba con una prueba que certificaba lo realizado en la guerra: al finalizar la contienda, y después que la Argentina firmara la rendición, la mujer recibió del jefe de la Armada un diploma de honor por su desempeño.

En 2013 Brizzio y Sugrañes habían logrado, a través de una medida cautelar, que la Justicia le otorgue a la mujer la mitad de la pensión que le corresponde a los veteranos de guerra, la cual equivale a tres jubilaciones mínimas, para de esta forma atender el “estado de indigencia” en el que se encontraba.

Casi una década después, a fines de mayo último, los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, hicieron lugar a la demanda contra el Estado nacional (Ministerio de Defensa de la Nación – Armada Argentina) y ordenaron a que se le reconozca a A. C. el “carácter de ex combatiente del conflicto bélico de las islas Malvinas e incluya a la misma en el padrón de veteranos de guerra, a los fines de la normativa que le otorga la condición y el total de los beneficios impetrados”.

“Los jueces Tazza y Jiménez reconocieron que realizaba un trabajo distinto al que la Armada había declarado y por eso le negaban la veteranía, cuando ella había trabajado para inteligencia”, declararon fuentes consultadas por LA CAPITAL y destacaron que con el último fallo “el Estado reconoció a A. C. como veterana de guerra y reconoció que tuvo una actuación importante durante la época del conflicto”.

“Ya la sentencia quedó firme y pasó al juzgado de primera instancia”, añadieron las fuentes que además destacaron que el de A. C. se trata de un fallo inédito porque la Justicia finalmente reconoció a alguien que había prestado servicios de inteligencia para la Armada, pero había sido declarada como “maestra mayor de obras”.

Los abogados solicitaron que la mujer reciba un retroactivo de todo lo que no le pagaron desde dos años antes que inició el reclamo administrativo y también pidieron que sea declarada ciudadana ilustre, al igual que ocurrió con otros veteranos de guerra.

Finalmente la Justicia hizo lugar a la demanda y ordenó que se incluya a A. C. en el padrón de veteranos de guerra y se le otorguen el total de los beneficios solicitados.