La justicia porteña ordenó hoy al Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires que limite el uso de balas de goma y gases lacrimógenos como “último recurso” en el operativo dispuesto en torno al Congreso Nacional, donde por la tarde está previsto que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma previsional.

La decisión fue de la jueza en lo Contencioso y Administrativo tribuntaria de la Ciudad, Patricia López Vergara, en respuesta a una presentación del legislador porteño Mariano Recalde y del secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, según la resolución difundida hoy.

En su resolución, la magistrada también solicitó al Ejecutivo porteño, encargado del operativo de seguridad desplegado de cara al debate legislativo y a las protestas convocadas para hoy, que le dé precisiones sobre vehículos y efectivos que participarán del despliegue.

La magistrada aludió a lo ocurrido el jueves pasado, durante el primer intento por tratar la reforma previsional en el Congreso, cuando se vivieron “episodios de elevada violencia que tuvieron como protagonistas a las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, grupos sociales y gremiales”.

“Surge acreditada con entidad suficiente la probabilidad exigida para la concesión de medidas de seguridad”, argumentó la magistrada.
Por ello ordenó que el Gobierno de la Ciudad le informe qué fuerzas de seguridad intervendrán en el operativo, y dispuso que los efectivos estén uniformados y “visiblemente identificados”.

También ordenó al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad que “el personal policial no lleve armas de fuego” y que “la posta de goma y el material químico anti-tumulto sólo deberá ser utilizado como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes”.

Además, deberá informarse la nómina de vehículos a usarse y entregarse a la jueza luego las filmaciones y registros del operativo hechas con drones o equipos de filmación.

“Se prohíbe la utilización de vehículos y personal de civil no identificado”, agregó además la jueza.

Por otro lado, se dispuso que en caso de detenciones “se evite la dispersión innecesaria y se concentren los detenidos en una misma dependencia, de ser posible”.

“Una vez más ha quedado expuesto el fuerte sesgo de clase que estas protestas delatan recurrentemente. Ahora, ante la vulnerabilidad de los sectores de los jubilados y de nuestros mayores, así como de aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo, quienes se hallan casi en los bordes periféricos de la humanidad de la sociedad”, evaluó la magistrada.