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Interés general 28 de noviembre de 2024

La Justicia pidió al Municipio informes sobre operativos con personas en situación de calle

Fue la jueza de garantías Rosa Frende luego de que se presentara un habeas corpus colectivo en el que se mencionaba una intervención municipal en el cajero de un Banco Provincia.

Foto archivo.

A partir de un habeas corpus presentado en la Justicia por el tratamiento que la Municipalidad le da a la problemática de personas en situación de calle que pernoctan en cajeros bancarios una jueza de garantías solicitó información y el intendente Guillermo Montenegro respondió que todo se orienta a evitar el “uso irregular o indebido del espacio público”.

El habeas corpus colectivo es el 08-00-000035-24/00 y llevó a la jueza Rosa Frende el pasado miércoles a pedir informes sobre si “se han dispuesto operativos generales de control en relación a la permanencia de personas en situación de calle que pernoctan en los cajeros o si la presencia de personal de ese Municipio el día 12 de noviembre en el Banco Provincia sucursal de Luro y Champagnat ha obedecido a un requerimiento puntal”. También el pedido incluye datos sobre el personal destacado.

Aunque el pedido estaba dirigido al titular del área de Seguridad, Rodrigo Goncalves, la respuesta llevó la firma del propio Montenegro, quien indicó que “todos los operativos de control de espacios públicos realizados por esta Municipalidad son de carácter general y aleatorio, no respondiendo a un requerimiento puntual ni específico, y se encuentran orientados a toda persona que realice un uso irregular o indebido del espacio público”.

Sobre la consulta del operativo en el Banco Provincia, Montenegro señaló que “el personal interviniente reviste funciones en distintas áreas del Municipio a mi cargo tales como la secretaría de Seguridad, Inspección General, el Ente Municipal de Servicios Urbanos, entre otras.  Sin perjuicio de lo expuesto, quiero expresar con toda claridad que dentro de mis funciones como Intendente se encuentran las de velar por el orden público y el bienestar general de la comunidad, lo que necesariamente implica adoptar las medidas conducentes para evitar situaciones de violencia que afecten a los vecinos de mi ciudad”.