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La Ciudad 8 de noviembre de 2022

La Justicia ordena que se le paguen las vacaciones a Arroyo y el Municipio apelará

El exintendente Carlos Arroyo reclamó que tenía 40 días de vacaciones sin cobrar durante sus 4 años de mandato. Ahora la Justicia ordenó al Municipio que se lo pague. Desde el palacio comunal aseguraron que lo apelarán.

Carlos Arroyo, al dejar la intendencia en diciembre de 2019.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Marcelo Fernández, aceptó la demanda del ex intendente Carlos Arroyo y ordenó a la Municipalidad de General Pueyrredon que le pague las vacaciones no gozadas del año 2018 y 2019.

La resolución se conoció este martes y se basó en la nulidad del decreto que desconocía el derecho de Arroyo a cobrar 21 días de licencia por descanso del primer año y 19 días del segundo. Desde el municipio se adelantó que la medida será apelada.

Arroyo había presentado la demanda el 11 de junio de 2021 en contra de la Municipalidad, para pedir la nulidad del Decreto 246/21 en el que se desestimaba su reclamo administrativo de pago de la compensación por vacaciones no gozadas. También pretendía que se reconociera su derecho a la percepción de ese concepto correspondiente a los años 2018 y al proporcional de 2019 más intereses y costas del proceso.

Arroyo dijo que “por razones ajenas a su voluntad, esto es las exigencias propias del cumplimiento de sus funciones, no pudo gozar de las licencias por descanso anual”.

En el fallo, el juez Fernández determinó que a Arroyo se le pague con “los intereses que devengue conforme la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días, desde el 10-I-2020 y hasta su efectivo pago; ello, en el plazo de sesenta (60) días computados desde que adquiera firmeza el auto que apruebe la liquidación a practicarse en cumplimiento de esta sentencia”.

Meses atrás el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 había fallado en el mismo sentido respecto de otros demandantes, los exfuncionarios Patricia Leniz (secretaria de Desarrollo Social), Gustavo Gil de Muro (subsecretario de Legal y Técnica), Susana Rivero (subsecretaria de Educación); Cristian Tait (director de Desarrollo Social) y Jorge Alí (jefe del Departamento de Abastecimiento de Recursos).