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El País 6 de agosto de 2016

La justicia le autorizó la prisión domiciliaria al esposo de Milagro Sala

Rúl Noro regresó a su domicilio luego de que el Poder Judicial determine que le correspondía ese beneficio por su edad y su estado de salud.

 

Raúl Noro, esposo de la dirigente jujeña Milagro Sala, fue autorizado por la justicia a cumplir prisión domiciliaria en la causa por asociación ilícita y fraude a la administración pública en la que está imputado entre otras personas vinculadas a la organización Tupac Amaru, confirmaron hoy fuentes vinculadas al caso.

Noro regresó a su domicilio en el barrio Cuyaya en la madrugada luego que anoche el juez de control 4 Isidoro Arzud Cruz, la concedió el derecho del arresto domiciliario, tras permanecer internado y detenido 23 días en la sala de cardiología del hospital Pablo Soria.

El magistrado había ordenado la detención de Noro el 14 de julio al admitir un pedido del fiscal de Investigación Penal Diego Cussel en el marco de la causa que investiga el aparente desvío de fondos que enviaba la Nación para la construcción de viviendas a cargo de las organizaciones sociales que respondían a Sala.

El parte médico forense del Poder Judicial determinó que debido a los antecedentes médicos y el estado de salud que atraviesa Noro, sumado a que tiene más de 70 años, le corresponde por derecho la prisión domiciliaria a lo que accedió el magistrado que ordenó su traslado a su vivienda.

Noro quedó detenido por su aparente vinculación con las cooperativas que, de acuerdo a la investigación judicial, retiraban dinero en efectivo de los bancos o endosaban cheques para cobrar los fondos destinados a las obras y que al parecer eran redireccionados a Sala.

En ese marco, resaltó meses atrás el video adjuntado a la investigación que muestra a responsables de la cooperativa “Pibes Villeros” e integrantes de la Tupac Amaru cuando retiraban varios millones de pesos de un banco en bolsones deportivos color negro.

Por la misma causa permanecen detenidos Javier Rivero, Dante Altamirano, Miguel Sivila y Margarita Cabana, pertenecientes a la cooperativa Pibes Villeros, que forma parte de la Red de Organizaciones Sociales y de la Tupac Amaru, y Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy.

En tanto, la contadora del organismo Marta Gutiérrez obtuvo hace un mes el cese de detención y espera el juicio en libertad.

Hasta hoy sigue prófugo Javier Nieva, integrante de la cooperativa.

En la causa por fraude a la administración pública también están imputados los ex funcionarios de la municipalidad de San Salvador de Jujuy Javier Bustos (ex secretario de Obras Públicas), Karina Argañaráz y Norma Aguirre, subcontadora y tesorera, respectivamente.