La Justicia Federal indagará a los miembros del clan Salminci por lavado de activos proveniente de la defraudación a un consorcio de propietarios de un edificio, delito por el cual ya el Tribunal Oral Nº 1 ya los había condenado en septiembre de 2023.

Se trata de la viuda y los hijos del fallecido Adolfo Salminci, quien lideró La Liga, una asociación ilícita que se dedicaba a comprar inmuebles en subastas bajo amenazas o agresiones a otros posibles interesados.

Nora Iris Jaime, Marcelo Daniel Salminci y Pablo Sebastián Salminci fueron citados a declarar el 28 de marzo próximo por el fiscal federal Santiago Eyherabide y el juez federal Santiago Inchausti. Para los investigadores, existen pruebas que acreditan que ellos tres y el difunto jefe del clan “pusieron en circulación los activos resultantes del desvío de fondos provenientes del Consorcio de Propietarios Semar XI como así también de la reventa de inmuebles obtenidos de forma ilegítima, en la construcción de un edificio de dieciocho unidades ubicado en calle  Alvarado 2126 de esta ciudad, el cual administran mediante contratos de alquiler de algunas de sus unidades”.

De acuerdo al documento judicial al que accedió LA CAPITAL, el fiscal tuvo por acreditado que el 27 de diciembre de 2013 “los nombrados adquirieron el inmueble de calle Alvarado 2126 y que a partir de allí planificaron la demolición de la estructura existente para luego construir sobre el terreno un edificio de propiedad horizontal de ocho plantas para su posterior administración, ello con fondos ilícitos que obtuvieron como ganancia directa de las maniobras delictivas llevadas a cabo por la asociación ilícita que conformaron y por la cual fueron condenados” el 8 de septiembre de 2023 “y no con fondos legítimos propios para disimular de esta manera su origen espurio”.

“La Liga” era denominado ese grupo de personas acusado de dominar por métodos violentos las subastas judiciales. Tal como lo había adelantado este medio a mediados de 2020, para establecer cómo operaban y saber qué hacían con sus ganancias, la Justicia Federal analizó miles de hojas de documentación, boletos de compra y venta de propiedades, decenas de discos rígidos, facturas, contratos de alquiler, cesiones de derechos y, principalmente, informes de entidades bancarias sobre las cuentas de los distintos involucrados.

En el caso de la viuda de Salminci y de sus dos hijos, los tres fueron responsabilizados en ese contexto de haber cometido el delito de “asociación ilícita en calidad de autores”, y condenados por el Tribunal Oral Nº 1 hace seis meses tras un juicio abreviado. Marcelo Salminci, en suma, fue sentenciado también por “estafa procesal reiterada y en grado de tentativa (siete hechos) en concurso real y autor responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta”.

Por su parte, Jaime fue condenada por ser partícipe necesaria de los delitos de estafa procesal reiterada (tres hechos) y partícipe necesaria del delito de estafa procesal en grado de tentativa.

Por último, Pablo Sebastián Salminci fue sentenciado además por ser coautor responsable del delito de asociación ilícita.

La investigación estableció que esa asociación criminal se dedicaba a la realización de diversas maniobras destinadas a menoscabar el patrimonio del Consorcio de Propietarios Edificio Semar XI, cuya administración en el tiempo estuvo a cargo sucesivamente de Adolfo Salminci a título personal entre el 03 de noviembre de 2007 y el 19 de febrero de 2014, y que continuó bajo la sociedad comercial “Salminci SRL”, que integraron él mismo y sus dos hijos como socios gerentes, desde el 19 de febrero de 2014 hasta el 23 de enero de 2019.

En ese momento, volvió a asumir el rol de administrador el padre en persona, a partir de la declaración de nulidad de la asamblea de renovación de autoridades y hasta el 20 de febrero de 2020, fecha en que fue designado directamente Pablo Salminci. Su tarea, en tanto, quedó interrumpida una vez que tomó el control la persona de Esteban Iriarte, designado como administrador judicial.

Cómo eran los fraudes

El 5 de diciembre de 2015, Marcelo Salminci, como mandatario del consorcio de propietarios del edificio Semar XI, junto a su padre Adolfo Salminci, administrador del consorcio, promovieron una demanda para ejecutar las expensas adeudas de una cochera. Al titular de la cochera lo intimaron al pago de la deuda con una notificación enviada a una dirección en la que no vía y que resultó ser la casa del propio Marcelo Salminci.

La maniobra tuvo la intención de engañar al titular del Juzgado Civil y Comercial N°13 Maximiliano Colangelo, quien incurriendo en error ordenó la subasta del bien, pero finalmente la subasta no fue realizada luego de que el magistrado fuera notificado de la situación real.

Otro de los hechos, y en el cual está imputado también el martillero, se inició entre el 1 y el 13 de marzo de 2008, cuando Adolfo Salminci -administrador del edificio Semar XI- y el abogado Marcelo Salminci, en un plan previo con participación de Nora Iris Jaime, Yésica Lorena Santa Ana y el martillero Mario Castelao, promovieron una demanda para ejecutar las expensas adeudas de una cochera.

En esta oportunidad actuaron de la misma manera que en los demás hechos investigados: denunciaron un domicilio falso que presuntamente correspondía al titular registral, para intimarlo con el pago a sabiendas que el hombre no vivía allí, ya que se trataba de la casa Nora Iris Jaime.

Con esa información falsa engañaron a la jueza Daniela Basso de Cirianni, quien ordenó la subasta, la cual fue ganada por Yésica Lorena Santa Ana,-esposa de otro hijo de Adolfo Salminci.

Para los titulares de la Fiscalía provincial de Delitos Económicos, David Bruna y Javier Pizzo, en esta oportunidad, la maniobra fue posible gracias al martillero Mario Castelao, quien estaba a cargo de la subasta judicial e incumplió con sus deberes como auxiliar de justicia le imponían y recomenzó la subasta sin orden de un juez.

La Liga de compradores

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “Liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descrito, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.