Por Eduardo Miguel Bonoris 

La Justicia, ya sea federal u ordinaria, vuelve a estar nuevamente cuestionada, revelando que, como en otros ámbitos de la vida de una República, no está ejercida por los más aptos y mucho menos por los más honestos.

Los antecedentes son una clara evidencia de lo que se expresa; a la cabeza marcha Norberto Oyarbide, quien con la velocidad jamás vista de desestimó una gravísima denuncia contra el poder; le sigue la jueza riojana quien fue destituida por pretender quedarse con dinero de las partes y – según la crónica -, por mal desempeño por conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral.

Se agrega similares cuestiones con lo que ocurre en la realidad que nos circunda, dos casos en Mar del Plata, donde dos magistrados tienen cuentas pendientes con la misma justicia en las cual se desempeñan.

A ello se suma lo acontecido en el Juzgado Federal de, Oran, Salta, uno de los jueces más poderosos de la argentina. que durante más de una década tuvo a su cargo el juzgado de Orán, con jurisdicción en la zona más caliente de contrabando, la puerta de entrada en el país de los cargamentos de cocaína. condenado a la pena de 13 años de cárcel al ser considerado jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer a los narcos traficantes imputados.

Esto ha constituido uno de los escándalos más graves de la justicia federal argentina,

Parecería entonces que los casos mencionados, se mostrarían como los más extremos; sin embargo no es así. Estos solo reflejan cuestiones de poder o de dinero y hacen a los jueces participes de sus fechorías. Sin embargo asistimos a conductas que anidan en los propios jueces tan lo sucedido con el juez federal de El Dorado, Provincia de Misiones, con las mismas cuestiones delicadísimas como el juez de fronteras de Oran.

Pero en el caso de Misiones aparece acusado por sus propios empleados, por mal trato, principalmente hacia sus colaboradoras mujeres, persecución indiscriminada, algo realmente inexplicable; se trata en este caso en definitiva de cuestiones graves, que significan atentados contra la dignidad, la libertad porque el ataque o el destrato hacia quienes tiene el juez el deber de proteger los que todos los días hacen posible la administración de la justicia, sin los cuales ningún tribunal puede funcionar.

Este indigno –y mal llamado juez – fue acusado de maltrato a los empleados en general y a las mujeres en particular, sea varón o sea mujer. El atentado a sus dependientes es el mismo; en este caso varón, un varón que se precie de tal no puede jamás molestar a una mujer, acosarla y menos perseguirla, cuando esto sucede estamos en presencia de alguien que se dice varón, pero en realidad solo lo es en apariencia, es un enfermo o si se quiere un psicópata, que merece un tratamiento pero que no puede seguir ejerciendo su magistratura, Sin embargo pese a tener cerca de 20 denuncias,su condena se tradujo en una multa ridícula, pese a haber sido acompañado por su propia organización sindical

20 denuncias por acoso laboral, entre ellos secretarios y prosecretarios “Es un maltratador serial y violento; de 32 empleados que tenía el juzgado, 18 llegaron a estar con licencia psiquiátrica. Dos o tres renunciaron, otros se tuvieron que ir, “Todas las denuncias por acosos laboral, más de veinte están probadas en el sumario que se le hizo en el AFI de la Magistratura y a causa de lo cual, fue sancionado”. Solo, con una multa.

Para que esto no vuelva a suceder nunca más para ser magistrado en primer lugar debe existir un examen psiquiátrico del candidato. En segundo lugar, debe abrirse un espacio reservado ante la C.S. solo para empleados del poder judicial donde se puedan realizar las denuncias y Tercero que el Sindicato que los reúne tiene el deber de asistir a sus afiliados en los procesos donde se denuncie a los jueces.