El juez federal Santiago Inchausti, a cargo de la investigación por los hechos que tuvieran lugar el 12 de agosto pasado en el barrio Belisario Roldán y que se vinculan con las agresiones al presidente Mauricio Macri, a la gobernadora María Eugenia Vidal y a la comitiva que los acompañaba, resolvió en sintonía con los pedidos y medidas que habían solicitado los fiscales Marcelo Molina, Alejandro Cantaro, Mónica Cuñaro y Laura Mazzaferri y a contrario de lo dispuesto por el Juez Subrogante Alfredo Eugenio López.

López seguía una línea de investigación que fue reconducida por el juez natural, de conformidad con lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal. Durante los 10 días en que estuvo la investigación a cargo del juez subrogante, éste rechazo medidas de prueba que luego fueron aceptadas cuando el juez natural reasumió la investigación y que culminara con la presentación que los fiscales realizaran con fecha 27 de septiembre del año pasado, mediante la cual se requería la indagatoria de la persona que habría tirado las piedras que impactaran en el vehículo oficial en el que se trasladaba el Presidente de la Nación.

En efecto, el juez subrogante -no penal- López, rechazó prueba y los fiscales Marcelo Molina, Alejandro Cantaro, Mónica Cuñaro y Laura Mazzaferri las practicaron, con la intervención de la Jefatura de la Policía Federal Argentina, el Gabinete Científico, la División Operaciones de Seguridad y Estado, la Unidad Criminalística de Alta Complejidad y la División Análisis de Imágenes de la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones todas de esa fuerza, la Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Jefatura de la Policía del Municipio de General Pueyrredón, solicitando además informes al Hospital Interzonal General de Agudos, a distintos medios periodísticos nacionales y locales y recibiendo testimonio a los Jefes de la División Custodia Presidencial y de la Casa Militar, a los efectivos de las distintas fuerzas (nacionales, provinciales y municipales) y a los periodistas que se encontraban presentes a escasos metros del lugar en que se celebró el acto el día 12 de agosto de 2016.

Asimismo, se analizaron las imágenes que dan cuenta de los sucesos investigados, en las que puede verse que un sujeto de sexo masculino que formaba parte del grupo de manifestantes, de pelo corto oscuro y vestido con un buzo color azul con vivos blancos en el lado derecho, se agachó, tomó un elemento del suelo y lo arrojó hacia el rodado que transportaba al presidente, impactando sobre la puerta del lado del acompañante a la altura del picaporte, provocando con ello un daño sobre el automóvil a la vez que puso en peligro la seguridad del primer mandatario. Todo lo cual llevó al magistrado a disponer, tras la correcta identificación de esta persona, su citación en sede judicial junto con sus padres, toda vez que resultó ser menor de edad. En consecuencia, el juez Inchausti resolvió formar el correspondiente expediente tutelar a su respecto.

Asimismo, los fiscales determinaron que la orden de servicio mediante la cual se dispusiera la cantidad de agentes para cubrir el acto presidencial disponía una dotación de 231 efectivos, cuando a juzgar por las pruebas reunidas, no habrían concurrido a cumplir las funciones encomendadas más de 80, por lo que se solicitó la formación de la causa por separado a fin de investigar tales conductas, lo que tuvo acogida favorable por parte del magistrado, quien ordenó la extracción de testimonios a tal efecto. La Fiscal Mazzaferri también impulsó la investigación por ese suceso y dictaminó a favor de la competencia federal.