La Justicia condenó a María Ovando a 20 años de prisión
Es por los abusos sexuales a dos niñas de su entorno familiar. Sus abogados consideraron que fue un fallo “injusto”.
El Tribunal Penal 1 de Eldorado, Misiones, condenó hoy a 20 años de prisión a María Ovando a 18 años a Marcos Iván Laurindo y a 12 años a Lucas Ferreyra, por los abusos sexuales a dos niñas de su entorno familiar y corrupción de menores, en un fallo considerado “injusto” por la defensa de la mujer.
Además, abogados del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género que representan a Ovando no descartaron llevar el caso a organismos, nacionales e internacionales de derechos humanos.
El fiscal Federico Rodríguez había solicitado la pena de 22 años de prisión para María Ovando, 18 años para Marcos Iván Laurindo y 15 años para Lucas Ferreyra, bajo los cargos de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y corrupción de menores”.
En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por “abandono de persona agravado por el vínculo” tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona.
En esta nueva causa, se acusó a Ovando de “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas cuando las mismas ya no vivían con ellas por disposición de la jueza Margarita Potschka, quien en una audiencia realizada el 10 de marzo de 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda de sus hijas menores y entregárselas a los supuestos abuelos paternos”, explicaron sus abogados.
“María vivía en la extrema pobreza, a los 37 años había parido 12 hijos. Fue madre a los 14 años, parió su primeros hijos e hijas en medio de golpes y en algunos casos en la más extrema soledad. El estado solo apareció en su vida para juzgarla”, aseguraron desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos.
Asimismo, anunciaron la apelación de la sentencia, por considerar que es un “fallo injusto” y no descartaron recurrir a organismos internacionales de derechos humanos ante “la falta de perspectiva de género” con la que se llevó adelante el juicio.