Por Juan Salas / @juasalas

La noticia fue dramática: un preso de Batán se suicidó luego de que postergaran la audiencia para el juicio en el que estaba acusado por “tentativa de homicidio” y que, originalmente, debería haberse celebrado en mayo de 2020, pero por la pandemia no se pudo hacer. Octavio Sosa no lo soportó.

Desde que Argentina inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo del 2020, en Mar del Plata la Justicia provincial no realizó ningún debate oral y público. Pasaron once meses, abrieron -con protocolos- gimnasios, bares, restaurantes y otros comercios. Hubo vacaciones, viajes, escapadas a la costa, playas repletas y hasta recitales. Pero, en todo ese tiempo, la Justicia provincial no realizó ni un solo debate oral y público.

A la espera de los juicios que no se hacen hay imputados, que si están con arresto domiciliario o en libertad la espera no es desesperante: el tiempo pasa y eso los beneficia. Por otra parte, si los imputados están detenidos y sus juicios se suspenden tienen que estar en la cárcel antes de recibir una condena o de ser declarados inocentes. Mientras, también, las víctimas o sus familiares miran cómo el proceso que debe impartir cierta justicia no se concreta.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires desarrolló el Protocolo General de Actuación para la Prevención y Seguimiento Covid-19 en el ámbito de la Jurisdicción Administración de Justicia Provincia de Buenos Aires, en el que se establecieron una serie de pautas para el desarrollo de la actividad judicial, puntualmente en juicios o audiencias la disposición es la prohibición de que se encuentren más de diez personas en una sala, el distanciamiento social -al menos dos metros entre cada persona-, un plástico que recubra los micrófonos que se utilicen, higienización y sanitización constante del lugar, una persona designada para manipular papeles o expedientes, los concurrentes con barbijos y salas con ventilación para que circule el aire, entre otras medidas.

Sin embargo, en los pasillos de Tribunales la conclusión que los operadores judiciales tienen en común es concreta: “La Suprema Corte está ajena a la realidad y materialmente no hizo nada para que se cumplan los protocolos“. Basta con ir una vez al edificio de Tucumán y Almirante Brown para corroborar que el protocolo no se puede cumplir, salvo por la persona que se encuentra en el ingreso para tomar la temperatura y ofrecer alcohol en gel. A partir de ahí cada dependencia se acomodó como supo, como pudo.

Para que el protocolo se pueda llevar adelante, desde el área de Arquitectura y Sanidad deberían realizar un recorrido por las salas de Tribunales para determinar cuál podría ser apta para la realización de debates orales sin embargo, diferentes fuentes judiciales consultadas aseguraron que esa recorrida nunca se realizó, por lo que Mar del Plata no cuenta con una sala habilitada.

Foto archivo Infojus

Bares abiertos, salas de juicios cerradas

La titular de la Fiscalía N° 4, Andrea Gómez, consideró que “desde que Alberto Fernández estableció el Distanciamiento Social Obligatorio se tendrían que haber abitrado los protocolos necesarios para ya en febrero poder hacer los juicios programados desde el año pasado”.

“El sistema acusatorio no está derogado, hay pandemia. Si la nocturnidad está habilitada, si los chicos van a volver a la escuela, cómo los operadores judiciales no vamos a volver a los juicios con mamparas, barbijos, máscaras con distanciamiento y todas las condiciones”, remarcó la fiscal.

“No hay motivos por el que los juicios orales no se puedan desarrollar con protocolos, como tienen múltiples actividades que hoy se desarrollan”, dijo el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, Facundo Gómez Urso, y agregó: “Todo el mundo va a bares, restaurantes, gimnasios y no hacemos juicios. ¿Cómo puede ser?”.

Para el magistrado Gómez Urso “un juicio oral requiere que todos aporten algo para que se pueda hacer” y se tendrían que repensar bien los protocolos, evaluar qué juicios hay que hacer con urgencia -por tener detenidos o porque ya la causa fue elevada hace más de dos años- y luego analizar cómo llevar cada audiencia, cuántos testigos hay, cómo poder especiarlos y cómo ubicarse con distanciamiento social.

“Nadie quiere hacer juicios a la tarde, pero es un horario con menos personas en Tribunales y menos circulación”, expresó el magistrado y agregó: “No se puede asegurar que no haya riesgo de contagio, pero sí minimizarlo con protocolos”.

La defensa, beneficiada por las demoras

“Todo el mundo se queja de que la Justicia se demora, pero hay muchos que se benefician con esta demora”, dijo el juez Gómez Urso. Entre esos “beneficiados” por las demoras, muchas veces se encuentran los imputados y los defensores.

Los defensores oficiales en Mar del Plata concuerdan en pedir la suspensión de cada debate, sobre todo si sus defendidos no se encuentran detenidos.

La defensora oficial María Laura Solari explicó a LA CAPITAL que si bien los protocolos fijados por la Corte son estrictos y no se pueden cumplir en Mar del Plata, son correctos. “Que la gente haga vida normal es algo que sucede, pero que está mal. La pandemia no terminó. El Estado tiene responsabilidad si una persona se contagia por venir a Tribunales a un juicio”, dijo Solari.

“Nuestra postura, amparada en protocolos, es no realizar juicios”, dijo Solari, quien reconoció que si bien los fiscales y jueces intentan que se lleguen a acuerdos en debates abreviados, sólo son aceptados si el resultado es beneficioso para el imputado.

“Desde el lado de la defensa veo muy difícil la realización de juicios orales en este contexto, ya que virtualmente son muy difíciles de realizar”, dijo la defensora oficial y explicó: “Es muy complicado acreditar la identidad de los testigos. Hay problemas de conectividad, no se escucha bien, el imputado está lejos de nosotros, por lo que no concebimos que se puedan hacer”.

“Nadie hizo nada para que se puedan hacer los juicios, pasó un año y no se hizo nada“, concluyó Solari.

Actividad en la Justicia Federal

La Justicia Federal tiene otra realidad y en los tribunales de la avenida Luro, con una sala que cuenta con espacios para el distanciamiento entre las personas y una conectividad que permite declaraciones por videollamada, se realizaron juicios durante el año y ya hay otros apuntados para comenzar la próxima semana.

“La actividad se ha reducido un poco, pero en una corriente que siguió circulando, casi con normalidad”, consideró el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani. Es que los juicios se pueden realizar en el Tribunal Federal de una forma “mixta”: un juez en la sala, fiscales y defensores y videoconferencias con otros magistrados, testigos y hasta imputados.

De todas maneras, los riesgos de contagio, si bien se pueden minimizar, existen y cabe recordar que tras un juicio oral finalizado en septiembre del año pasado, el propio fiscal Pettigiani dio positivo de coronavirus, como así también el abogado particular César Sivo y otras casi diez personas que participaron del debate en el que dos policías fueron condenados por “liberar” un sector de la ciudad para posibilitar el accionar de una banda de vendedores de droga.