Exactamente un día después de que la gobernadora publicara en el boletín oficial la Ley de Participación Público-Privada, la Justicia bonaerense falló contra la Provincia admitiendo aplicar la cláusula gatillo semestralmente pero rechazó la “ultractividad” general que también pedían los docentes en la demanda.

El fallo de la Corte tiene cierta lógica, si tenemos en cuenta que en la Legislación que desde el lunes está vigente para los emprendimientos de obra pública en la provincia, existe una cláusula de Preservación de la Ecuación Económico-Financiera, que indica que “El Contrato PPP deberá contener el procedimiento para restablecer, dentro de un plazo máximo fijado al efecto en el Pliego, su ecuación económico-financiera original cuando ésta se vea alterada significativamente por razones ajenas a la parte que invoca el desequilibrio. A dichos efectos se establecerán en el pliego y/o en el contrato las causas que habilitarán el procedimiento junto con sus características y las fórmulas o mecanismos de cálculo”.

Las ‘razones ajenas’ citadas en el contrato de PPP, pueden ser por ejemplo los aumentos impulsados por la inflación en los materiales que se utilizan para desarrollar la obra, que pueden provocar desde una baja en el margen de ganancia de los contratados, hasta la inviabilidad del trabajo.

Ciertamente, si el gobierno bonaerense reconoce que puede suceder este inconveniente en un contrato con privados, poco sentido tiene no hacerlo en las negociaciones con sus empleados, algo que en cada una de las reuniones con el gremio docente provocó la misma respuesta por parte de Hernán Lacunza, quien aseguró que no era necesaria la inclusión de tal ítem, ya que el aumento propuesto por el gobierno excedía las previsiones inflacionarias del Indec para 2018.

“Ultractividad”

El reclamo de los gremios en la Justicia, tuvo su eco en el Tribunal de Trabajo 4, que declaró la “ultractividad” de la cláusula acordada en 2017 para que los sueldos se vayan adecuando al avance de la inflación de manera semestral.

El fallo establece: “Declarar la ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los índices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018”.

De esta forma, la cláusula gatillo será aplicada semestralmente a lo largo de 2018 hasta tanto se acuerde un nuevo convenio entre la Provincia y los gremios docentes, adecuando los aumentos salariales a los saltos del índice de precios que elabora el Indec, por lo que enterará en acción en julio y enero, mientras el conflicto no encuentre resolución.

Aunque no son todas pérdidas para la administración vidalista, ya que el fallo desestimó las peticiones de los gremios contra la Provincia por obstruir la paritaria. Sobre este punto los magistrados decidieron desestimar la querella por práctica desleal y el pedido de sanciones.

El reclamo de los trabajadores ante la Justicia acusaba al gobierno bonaerense de “negociar de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas”.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) indicó en un comunicado que el fallo que “beneficia a todo el sector, no clausura de ninguna manera la negociación paritaria, un logro de los trabajadores” y advierten que “es necesaria una urgente convocatoria para continuar discutiendo en el ámbito de la paritaria, como espacio irrenunciable para defender los derechos de los docentes”.

Aunque no fue confirmado oficialmente aún, el gobierno podría apelar el fallo con un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, por considerar que los representantes del Poder Judicial que fallaron en su contra intervienen en la negociación arrogándose facultades del Poder Ejecutivo.

En este sentido, el dictamen de los jueces Martiarena, Di Stefano y Moreyra podrá ser apelado por los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la Suprema Corte de Justicia bonaerense en un plazo que no exceda los próximos 10 días.