El juez federal de Mar del Plata, Martín Poderti, es investigado  por la desaparición de 144 monedas de oro que pertenecían al empresario y narcotraficante Gustavo Sancho.

Tal lo adelantado ayer de manera exclusiva por LA CAPITAL, a Poderti se lo señala por tener alguna responsabilidad en la custodia de efectos, en este caso monedas de oro secuestradas durante un allanamiento cuando era secretario de un juzgado federal en San Isidro.

A raíz de esa investigación en la jornada del miércoles fue allanado el despacho del integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, su domicilio en esta ciudad ubicado frente al golf de Playa Grande y otros inmuebles de las localidades de San Isidro, Vicente López y Tigre. Además, fueron requisados algunos vehículos de Poderti, entre ellos el Ford Focus con el que se trasladaba a su trabajo.

Poderti está imputado del delito de peculado, que tiene una pena prevista entre 3 y 10 años de prisión. En los próximos días se realizará audiencia para su declaración indagatoria de acuerdo a lo solicitado por el juez Emiliano Canicoba Corral, a la vez que una fuente judicial de San Isidro confirmó que ya fue puesto en conocimiento de la situación el Consejo de la Magistratura. Vale recordar que Poderti, por ser juez, tiene fueros, de modo que para avanzar un proceso penal contra él debe primero serle quitada esa condición.

El periodista Nicolás Pizzi, para Infoabe, confirmó que Canicoba Corral también ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad a nombre de Poderti y de sus dos hijos, el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $190 millones, y la inhibición general para que no pueda vender el resto de sus propiedades.

La investigación se inició a principios del mes de abril cuando personal del juzgado federal N°2 de San Isidro se dirigió a las cajas de seguridad del Banco Nación donde quedan en depósito judicial bienes secuestrados en distintos allanamientos. Entre esos bienes debían estar las 177 monedas de oro, pero no pudieron ser halladas. Ante esta situación se labró un acta y se pidió información al banco, desde donde se había revelado que Poderti, al menos en 17 ocasiones, había accedido a la caja de seguridad.

En la Justicia de San Isidro se excusaron de intervenir y el expediente recayó en el Departamento Judicial San Martín, en el juzgado a cargo del juez Canicoba Corral. De todos modos, el fiscal del caso resultó ser Paul Starc, de San Isidro.

Tras reunirse información importante, se ordenaron los allanamientos que finalmente se ejecutaron este miércoles, con el secuestro de dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares y otra documentación de relevancia para la investigación.