Por Javier Castro Bugarín

Marta Valiente descansa plácidamente en un pasillo del Barrio Zavaleta, una de las villas miseria más grandes de Buenos Aires. A sus 62 años, y tras haber criado a tres hijos, colabora en un comedor próximo a su vivienda, al que todos los días acuden cientos de niños en busca de alimentos y compañía.

“Cada día aumenta más (el número de asistentes) para la leche, para la cena… Vienen chicas jóvenes con hijos chiquitos, que traen los documentos para poder anotarse. Si no vienen, no comen”, afirma Valiente en conversación con EFE.

Todos los vecinos del barrio coinciden en lo mismo: los niños y adolescentes son los que más sufren la pobreza en Argentina, agravada por una espiral inflacionaria que devalúa las ayudas del Estado y comprime el poder adquisitivo de quienes viven de un empleo no registrado.

Según los últimos datos oficiales, la pobreza urbana afecta al 54,2 % de los argentinos de entre 0 y 14 años, 14,5 puntos porcentuales más que hace cinco años, lo que consagra a este grupo como el más vulnerable del país.

Un deterioro progresivo

Este fenómeno está lejos de ser nuevo. Al abordar la infancia de sus hijos, Marta Valiente recuerda las tardes en las que recorría los comedores del barrio, desesperada ante la posibilidad de no encontrar comida para ellos.

“Había épocas que vivía en la (plaza) Kevin y tenía que buscar por los comedores a ver si tenían algo para dar, porque no tenía más. Es muy duro eso”, confiesa entre lágrimas, para agregar que en varias ocasiones renunció a comer para que pudiesen hacerlo sus hijos.

Valiente vivió en carne propia los efectos de la crisis económica y social de 2001, que elevó las cifras de pobreza urbana hasta el 60 % de la población; porcentaje que cayó hasta el 25,7 % en 2017, en el ecuador de la presidencia de Mauricio Macri.

Sin embargo, los índices de pobreza se dispararon nuevamente con la irrupción de una crisis macroeconómica en 2018 y se agudizaron durante la pandemia de Covid-19, llegando a golpear al 57,7 % de los niños y adolescentes a finales de 2020.

Desde entonces, la pobreza apenas ha descendido entre los más pequeños, con efectos directos en su desarrollo: un 33 % de los menores de edad de Argentina padece inseguridad alimentaria y otro 14,4 % sufre inseguridad alimentaria severa, según el último informe anual del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.

“Argentina tiene más de una generación que ha crecido en condiciones de pobreza estructural”, señala a EFE Ianina Tuñón, socióloga y coordinadora del estudio.

Este deterioro también ha dejado imágenes dramáticas: en la madrugada del pasado 31 de marzo, una bebé de tres meses murió frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno nacional. Su familia vivía en la calle.

Inflación sin freno

Para mitigar esa pobreza, el Estado argentino mantiene un importante despliegue de programas sociales, como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, cuya inversión ascendió a 384.723 millones de pesos (unos 1.764 millones de dólares) el año pasado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

No obstante, la escalada inflacionaria hace que cualquier ayuda se disuelva como un cubo de azúcar: el país registró en marzo pasado un IPC interanual del 104,3 %, el porcentaje más elevado desde 1991.

Asimismo, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulan una subida del 28,2 % en los tres primeros meses de este año, algo que incide directamente en los sectores más desfavorecidos.

“Uno tiene que estarse midiendo económicamente y disminuye una o dos comidas (diarias) para que alcance durante el mes”, apunta Ada Jiménez, colaboradora de un comedor del Barrio Zavaleta.

En este contexto, las organizaciones sociales han intensificado sus movilizaciones en las calles, reclamando un aumento de prestaciones sociales y la provisión de más alimentos.

“Los niños del barrio están demasiado desnutridos. No es la misma alimentación que antes, quizás porque el precio de la carne es realmente muy alto para comerlo diariamente”, lamenta Jiménez.

¿Tema de campaña?

La pobreza en la niñez será una de las múltiples crisis que deberá afrontar el próximo Gobierno, aunque Tuñón no es demasiado optimista al respecto: los temas relacionados con la infancia, asegura, están “muy relegados” en la agenda de los candidatos a los comicios generales del próximo octubre.

“El gran dilema es cómo hacemos para bajar la inflación, que hace que ninguna política pública especialmente orientada a la pobreza funcione”, sostiene la socióloga.

Mientras la política calienta motores para la campaña electoral que se avecina, los ánimos permanecen bajos en los callejones del Barrio Zavaleta, cuyos vecinos, al final del día, sólo piensan en cómo alimentar a sus hijos.

EFE.