Un nuevo concepto, “pobreza energética”, surgido en la Europa contemporánea, se instala en la Argentina y reclama una mirada atenta del sector político y del Gobierno.

Algunas definiciones señalan a la Pobreza Energética como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas (luz y gas).

El documento “Energy Poverty Handbook – 2016” de la Unión Europea define que un hogar sufre Pobreza Energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada de calefacción, requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si requiere el 20%, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza energética. De acuerdo a estándares de la OMS, un régimen de calefacción satisfactorio para un hogar es de 23 grados centígrados (Energy Action Scotland, 2016).

Esta situación lamentablemente está creciendo en la Argentina, producto de los nuevos cuadros tarifarios de la luz y el gas, la imposibilidad para miles de hogares de avanzar en conceptos de uso racional y eficiencia energética, y sin dudas los bajos e insuficientes ingresos salariales, con actualizaciones medias en este año del 15 %, y los amplios márgenes de pobreza e indigencia estructurales de nuestro tejido social.

Algunos estudios, señalan que la “pobreza energética” estaría alcanzando hoy a más del 50 % de la población Argentina. Esta situación es claro indicio de vulnerabilidad social, y de transgresión de elementales derechos humanos como la calidad de vida y la salud.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela este efecto en su último informe. El nivel de pobreza energética asciende a casi un 53%, y los pobres energéticos severos a más del 27%. Los hogares sin acceso a gas resultan ser los más afectados.

La incidencia de los servicios públicos en un salario promedio, según algunas consuloras privadas, llega al 20 % considerando luz, gas, agua y transporte.

El subsidio es una de las herramientas económicas utilizadas en el mundo para mejorar la equidad distributiva y es dirigida a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. La tarifa de los servicios como toda política pública, tiene efectos distributivos. A partir del nuevo esquema tarifario, gran parte de la población destina una porción cada vez mayor de sus ingresos a costear servicios esenciales como la luz, el agua y el gas.

 Las tarifas no pueden definirse como resultado de un mecanismo de mercado, como si se tratara de un bien o servicio más. Ajustar sus precios de acuerdo a lo que establece el mercado, constituye una discriminación para los sectores de menores ingresos. El precio de mercado es el peor mecanismo de asignación de un servicio público por su capacidad excluyente, tal como señala el Profesor Abraham Gak, hoy Defensor del Pueblo de Morón.

 En la Argentina existe la “tarifa social” basada en criterios de ingresos, pertenencia a planes sociales, monotributo social, certificación de discapacidad, seguro de desempleo, etc. Si bien esa modalidad asiste a una franja social importante y de imprescindible consideración por su vulnerabilidad, cierto es que no existe relación estricta y justa entre la tarifa social y los consumos de energía según exigencias que imponen las condiciones geográficas.

 Por tanto, un hogar que no reúne condiciones para acceder a la tarifa social, igualmente puede ser pobre en materia energética porque sus necesidades obligadas de consumo de fluido le ponen en esa situación, no querida ni buscada, tanto por los crecientes costos de estas energías como por la ineficiencias energéticas de vastísimas construcciones.

 Por ello debemos reclamar, y en esto las Defensorías del Pueblo del país tienen un rol primordial, que el Gobierno nacional incorpore el concepto de “pobreza energética” como un elemento trascendente para evaluar el impacto social de las políticas sectoriales, en especial la revisión tarifaria integral que involucra a las empresas concesionarias de los servicios de luz y de gas.