“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.

Esa fue la última comunicación que se produjo desde el submarino con la base naval de Mar del Plata, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.

El 8 de noviembre, la nave había partido desde Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino, y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas que resultó subsanado por la tripulación.

Dos días después de haber informado su última posición, el Gobierno argentino reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.

El Poder Ejecutivo solicitó ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de casi 500 mil kilómetros cuadrados.

Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, el capitán de fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado “un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión” en la zona por la cual navegaba el sumergible.

Una semana después, el Gobierno anunció oficialmente que no había posibilidades de encontrar sobrevivientes y que se había cubierto la totalidad del área de búsqueda. Sin embargo se negó a declarar duelo nacional hasta no tener al menos una fotografía del ARA San Juan hundido en el fondo del mar.

Mientras se conformaba una Comisión Bicameral en el Congreso, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dispuso a fin de 2017 el pase a retiro del jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, y su reemplazo por el vicealmirante José Luis Villán.

A los pocos días de ocurrida la desaparición de la nave, se inició en el juzgado federal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia una causa por averiguación de ilícito que quedó a cargo de la jueza Marta Yáñez.

Un grupo de familiares de los marinos del ARA San Juan se presentaron como querellantes en la investigación, con la representación de Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, un teniente de corbeta que tripulaba el sumergible.

Pese a los pedidos de las querellas, la jueza aún no formuló imputaciones, y aseguró en los últimos días que “no se apresurará” a la hora de llamar a indagatorias.

El operativo para la búsqueda del submarino se reinició el pasado 7 de septiembre, y está a cargo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, contratada a tales fines por el Gobierno argentino.

Las tareas son realizadas por el buque Seabed Constructor, equipado con alta tecnología con la que son operados cinco pequeños sumergibles denominados AUV (autonomous underwater vehicle) que se desplazan bajo el agua sin necesidad de ser manejados por un operador abordo y que durante 60 días rastrearon el área en la cual el ARA San Juan se reportó por última vez. Hasta que finalmente lo hallaron.