Mientras el gobierno insiste en un fatuo gradualismo, la oposición lo acusa de llevar adelante un monumental ajuste.

Nada más alejado de la realidad ni nada más cerca de una gran ficción.

Tamaño cruce de acusaciones forma parte de la irrealidad en la que vive la casta política argentina a expensas de los contribuyentes asfixiados por la enorme presión tributaria que oficia como un salvavidas de plomo para la economía real.

Con la economía en plena recesión donde el segundo semestre se esfumó y los brotes verdes provienen de actividades de capital intensivo, aumenta la informalidad laboral y el empleo privado sufre la pérdida de más de 120.000 puestos de trabajo.

El primer año de la administración Macri no es ni más ni menos que una continuidad de la economía kirchnerista.

Cierto es que la eliminación del cepo y la solución del problema con los holdouts cambió los parámetros financieros.

Pero la persistencia de un abultado déficit fiscal que ronda los 10 puntos del PIB -equivalente a unos 50.000 millones de dólares-, no permite la reactivación de la economía porque el escaso crédito disponible se lo lleva el Estado desplazando y arrinconando a la actividad privada.

Macri y sus muhaidines gradualistas están continuando con el mismo modus operandi de los ultraortodoxos de inspiración kiciloffista: persistencia del déficit fiscal, financiación mediante emisión monetaria, exacciones a la ANSES y el BCRA y aumento de la presión fiscal a través del retraso en la actualización escalas impositivas y finalmente emisión denueva deuda.

Todo ello con el objeto de mantener un status quo que está impidiendo la reactivación económica.

Por caso, el gobierno dispuso la asignación de un bono que oscila entre 2.000 y 3.500 pesos para 130.000 empleados públicos que será solventado por los contribuyentes que no reciben monto alguno y que muchos de ellos están en la informalidad laboral.

También será solventado por miles de jubilados que no accederán a compensación alguna mientras el gobierno le saca a la ANSES 1.000 millones de dólares, a través de una letra a tasa cero, para financiar los desequilibrios fiscales. En otras palabras, una brutal transferencia de recursos de los sectores más vulnerables hacia algunos burócratas privilegiados.

El déficit del Tesoro se está convirtiendo en un obstáculo cada vez mayor para la administración Macri.

Desde economistas del sector privado local, pasando por los técnicos del Fondo Monetario Internacional y hasta calificadoras de riesgo, todos coinciden en que el gasto público es el tema prioritario a resolver por el gobierno nacional que por ahora insiste en sus extravagancias fiscales.

Tampoco la oposición ayuda a corregir los desequilibrios. Lacomparación que hizo el ex ministro Roberto Lavagna, hoy referente del massismo, del actual modelo económico con el esquema de Martínez de Hoz y con la Convertibilidad da cuenta del desorden de ideas de la casta política.

Menos ayuda cuando sanciona una ley mediante la cual se dispone la emergencia social, sin especificar de donde saldrán los recursos para la asistencia.

El revés de la trama muestra que la Argentina no puede vivir con un esquema donde el sector público se lleva casi el 50 por ciento del PIB y sin brindar servicios básicos elementales tales como salud, educación, seguridad, defensa y justicia.

La actividad privada no puede financiar semejante magnitud de gasto improductivo porque no sólo se convierte en una economía de bajísima productividad y competitividad sino que nadie elegirá a la Argentina como destino de inversiones productivas.

Para que la economía despegue y haya crecimiento con desarrollo, hace falta que el gasto público consolidado se reduzca a la mitad y permita con ello bajar la carga tributaria.

Lo demás es alboroto y actuación teatral de la casta política que vive en una gran ficción.

DyN.