LA PLATA (Corresponsalía)- La gobernadora María Eugenia Vidal podrá sortear varios procedimientos de control para contratar a empresas y así acelerar la puesta en marcha de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Ayer el Senado bonaerense sancionó la Ley de Emergencia en Infraestructura y Servicios Públicos por el término de un año luego de la aprobación que le diera la Cámara de Diputados a mediados de marzo.
El proyecto fue acompañado por los bloques Frente Renovador y Buenos Aires de Pie y el monobloque del Gen, además del oficialismo Cambiemos. Un apoyo similar al que tuvo en Diputados. Votaron en contra los senadores del Frente para la Victoria, el bloque del PJ y el monobloque de María Fernanda Campo, cercana al intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
La normativa autoriza a los ministerios y organismos autárquicos de la provincia a ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios bajo cualquier modalidad a través de leyes y decretos de excepción de controles. Entre otros actos de gobierno, ya no será necesario publicar en el Boletín Oficial y, en cambio, habrá una página web para informar los llamados a licitación.
A partir de ahora, los organismos del Estado no necesitarán la constancia de inscripción en los Registros de Proveedores y Licitadores del Ejecutivo antes de contratar a una empresa, por lo que la oposición especula que “vendrán empresarios amigos” del macrismo.
Los ministros y titulares de los organismos podrán rescindir contratos existentes o renegociar precios por hasta el 35% del monto original.
Además, previo a la adjudicación de cada contrato, los organismos de control de la Constitución tendrán hasta 7 días hábiles para emitir dictámenes, vistas e informes. Asimismo, la gobernadora podrá extender, vía decreto, por un año más la emergencia.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa, busca acelerar la puesta en marcha de emprendimientos fundamentales para la provincia, a través de la eliminación de las trabas burocráticas para agilizar los procesos de licitación y adjudicación de obra pública.
El Frente para la Victoria sostuvo en cambio que la aprobación de la Ley de Emergencia permitirá a la gobernadora Vidal saltearse todos los organismos y mecanismos de control existentes, “poniendo un manto de oscuridad a las contrataciones y obras públicas de la provincia”.
“El apuro y la rapidez que tuvo el oficialismo al tratar la ley, sin escuchar ningún tipo de aporte ni modificación que pudiera hacer la oposición para mejorar el proyecto, revelan la intencionalidad manifiesta por parte del gobierno de Cambiemos de prescindir de todos los mecanismos institucionales previstos para la gestión pública y el control democrático”, dijeron.
Además se mostraron preocupados porque “la emergencia aprobada atente contra la seguridad jurídica de la provincia al permitirle al Estado provincial desconocer los compromisos contractuales previos, lo cual, abre la posibilidad a una catarata de demandas contra el Estado que en definitiva terminarán pagando todos los vecinos de nuestra provincia”.
Desde el bloque opositor reconocieron a necesidad de agilizar y mejorar la calidad de los procedimientos de gestión, pero se mostraron en contra de quitar transparencia y control.
El miércoles, el ministro de Infraestructura Edgardo Cenzón “dejó plantados” a los legisladores de la oposición de las comisiones de Presupuesto y Obras Públicas que lo esperaban para allanar algunas dudas e iban a intentar realizar modificaciones sobre el proyecto original. Pero el Ejecutivo quería la Emergencia cuanto antes y le alcanzaban el número de senadores para aprobarla. De haber cambios el proyecto debía volver a Diputados.

Magistratura provincial
Los senadores también eligieron a los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de evaluar y elegir a los postulantes para jueces, fiscales y otros funcionarios del Poder Judicial. Por el oficialismo fue designado el presidente del Bloque de Cambiemos, Roberto Costa, mientras que los otros dos cargos fueron para el titular del Bloque del Frente Renovador; Jorge D´Onofrio; y para el senador del bloque PJ, Héctor Vitale.
El Consejo de la Magistratura Provincial está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia.