La Fiscalía General Federal propuso habilitar una instancia de audiencia conciliatoria entre el sector gastronómico y el Estado, en sus tres niveles, a los fines de poder destrabar el conflicto de intereses que mantiene limitada la actividad en Mar del Plata y asignarle así un marco de proceso de amparo a la demanda.

Daniel Adler, tras haber recibido el traslado del Juzgado Federal Civil N° 2, aceptó con esta resolución la acción judicial instada.

El abogado Fernando Herrera, en representación de un grupo de empresarios gastronómicos (luego sumados los empresarios de complejos deportivos al aire libre), había solicitado una acción declarativa de certeza para que se expida sobre los decretos de Necesidad y Urgencia que dispone y prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Esto en relación a la inconstitucionalidad o no de dichos DNU.

Al respecto, Adler sostiene que “surge expuesto que aquí se persigue una actuación preventiva, que busca como objetivo – una vez declarada la inconstitucionalidad denunciada-, prevenir un quebranto en el patrimonio de los actores. En consecuencia, considero que la vía elegida por los actores para canalizar su reclamo resulta ser formalmente adecuada, por lo que entiendo que, en tal sentido debe habilitarse la instancia”.

Asimismo la demanda sale de la órbita adminsitrativa que dicta las reglas para buscar asistencia en el orden judicial, ya que está claro que confrontan los intereses sanitarios y económicos en un conflicto en el que está en juego el derecho al trabajo.

Por eso es que la Fiscalía Federal General propone llamar a “audiencia conciliatoria a desarrollarse a través de los medios virtuales, y en las cuales se busquen acuerdos mínimos para salvaguardar los derechos de todos”. Adler sugiere que se convoque a un representante por la parte actora, un representante del Municipio de General Pueyrredon, un representante del Gobierno Provincial, un representante del Estado Nacional, un representante de la Zona Sanitaria VIII, un representante de la CGT y un representante de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde el área de Bioética.

“Entre todos se podrá analizar la situación de manera integral y avanzar en la búsqueda de consensos necesarios para la preservación equilibrada de los derechos”, puntualiza.

El abogado Herrera señaló que es una “buena noticia la aceptación de la razonabilidad de nuestro planteo por parte del Ministerio Público y que las partes puedan ir a una instancia de conciliación con la finalidad, justamente, de conciliar el derecho a la salud con el derecho a trabajar”.

Ahora el juzgado federal interviniente deberá resolver esta cuestión considerada por el fiscal general Adler.