Por Fernando del Rio

La fiscal María Isabel Sánchez siempre fue una fiscal cuestionada. Sus particulares maneras de cumplir con su función, su trato con los demás integrantes de la fiscalía N°8 y las equivocadas decisiones en diferentes causas llevaron a que se gestara sobre ella una reputación negativa.

Con un poder judicial desproporcionadamente masculino (en Mar del Plata hay solo una jueza de primera instancia en cuatro tribunales y también solo una fiscal en las siete fiscalías de turno), y aunque la Justicia no debiera responder a condicionantes de género, que fuera una mujer y no un varón quien dirigiera la pesquisa por la muerte de Lucía Pérez le agregaba al caso una mirada exigida, reclamada.

Sin embargo, la fiscal Sánchez hizo todo mal. Vaya a saberse algún día qué sentimiento se amuró a su inteligencia para equivocarse en cuestiones centrales de una Instrucción Penal Preparatoria tan importante. Estos errores los advirtió el juez de garantías Gabriel Bombini, la Cámara de Apelaciones y por supuesto la defensa. También los halló el abogado de la familia de Lucía Pérez. Naturalmente, los heredó el fiscal Daniel Vicente, quien hizo esfuerzos para enmendarlos aunque en la mayoría de los incidentes ya era tarde.

¿Es posible que una fiscal que investiga un homicidio no asista al lugar del hecho? Ante determinadas circunstancias (lugar del homicidio, naturaleza del crimen, tiempo transcurrido, avance inmediato de la investigación, etc.) es posible. Sánchez no tuvo la oportunidad de hacerlo inmediatamente (porque el caso tomó estado jurídico casi un día después de la muerte de Lucía), pero sí durante las jornadas posteriores. Nunca lo hizo. Acaso en el hecho criminal más relevante de los últimos años en Mar del Plata, la fiscal jamás estuvo en la escena del crimen. Una falta de compromiso que debería explicarse.

Hubo otros problemas graves, como el error en la orden de allanamiento al domicilio de Farías, la inhabilidad demostrada durante el secuestro de la droga –no autorizó requisa en urgencia, incidente que casi hace caer también la imputación por la que sí hubo condena- y la aún inentendible conferencia de prensa del día 12 de octubre de 2016, a cuatro días de la muerte de Lucía Pérez. Sobre este punto vale aclarar algo: si bien al juez de garantías le aseguró que la conferencia no había sido programada y que surgió espontáneamente cuando los periodistas que cubrían el coloquio de Idea se presentaron sin previo aviso en su despacho, eso es falso. Hay pruebas de ello a disposición de quien las quiera chequear.

El fangoso río de la mentira

Toda su labor en el hecho fue más propia de un estudiante universitario que de un representante del Ministerio Público y el Tribunal al que el sorteo le llevara el juicio lo iba a pagar caro. Porque no existe posibilidad, en estos tiempos digitales y de propagación viral de la mentira, de que un grupo desorganizado como la sociedad pudiera detenerse a analizar si algo que le dijeron había sido desmentido. Y allí fue el fangoso río corriente abajo, imparable.

Quienes conocían la causa sabían que el juicio podía acabar de esta manera, con una paradoja: que la acusadora terminara más atacada que los acusados. En el expediente había rastros del daño hecho por la fiscal Sánchez y los que hoy se sorprenden por la crítica de los jueces del Tribunal 1 deben saber que el juez de garantías Bombini ya lo había hecho antes: “Su parsimonia en los albores investigativos, al no haberse concurrido inmediatamente al lugar del hecho, obteniendo registraciones de valor, ni recabado personalmente otros elementos de valor y testimonios de entidad significativa o requerido con inmediatez la práctica de medidas coercitivas, permitiendo incluso que el personal policial conduzca inicialmente la pesquisa (incluso hasta recibiendo declaración testimonial a los sospechados, las que luego fueron marginadas), en el modo de exposición pública del caso a escasos días de acontecido el hecho, arrojando certezas contundentes sobre aspectos conmocionantes que no han podido ser suficientemente corroboradas ni descartadas ni siquiera a un año de los acontecimientos, y realizando impropias apreciaciones subjetivas sobre los encausados apartándose de reglas básicas de deontología en el actividad fiscal”
La Cámara de Apelaciones también había criticado duramente a Sánchez: “Hemos visto con desconcierto diversas reacciones confusas y vacilantes en el ejercicio de la pretensión penal, patentizadas en distintas alternativas hipotéticas propiciadas por la parte acusadora; el modo desatinado de exposición pública a pocos días de acontecido, arrojando certezas contundentes sobre aspectos no corroborados ni descartados, y la oscilación sucesiva en pluralidad de encuadramientos legales divergentes, respecto del hecho vinculado al deceso de la víctima”.

Y en otro de sus fallos la Cámara, al referirse a la situación de Maciel, dijo sobre Sánchez: “…la última hipótesis de la Fiscal (a la que se aferra el Particular Damnificado en su escrito reseñado), luce más como una expresión de deseos a acreditar –sin que sepamos cómo lo haría- durante el juicio (ya que el plazo de la IPP está agotándose), además de caer en la incongruencia de que lo que se pretende como subsidiario es más grave que lo atribuido como principal”,

Sin condiciones

Sánchez no estaba en condiciones de trabajar esta causa. En la misma semana le había llegado a su turno otro hecho complejo como fue la muerte de la bebé Milagros Picart Sosa por la cual imputó a sus padres. También en 2018 sus padres resultaron absueltos de esa acusación.

Lo más grave de todo su compendio de errores fue, sin dudas, la descripción inicial del hecho en la conferencia de prensa. A distancia de la forma en la que debe reaccionar un fiscal se mostró afectada por lo la agresión “inhumana” sufrida por Lucía Pérez. En verdad, Sánchez lo que hizo fue tomar una de las hipótesis de la médica Carrizo y darla por cierta. Tampoco ayudó la desprolijidad de Carrizo al escribir en el informe preliminar de autopsia que el cuerpo no tenía “olor a relaciones sexuales” y que le parecía que había sido lavado. Todo llevó a que Sánchez compusiera un relato imaginario y macabro.

A partir de ese momento, todo lo que pasara en la causa judicial ya no tenía ningún efecto sobre la opinión pública. Y fue lo que sucedió. Aún con los forenses descartando el empalamiento y el lavado del cuerpo (los forenses son cinco mujeres y tres hombres) se podía leer en redes sociales a la gente quejándose por ello.

Pero no hay que irse a la “gente” para dimensionar el estrago que hizo aquella construcción fantasiosa de Sánchez. Solo imaginar el impacto de esa falsedad en la familia de la menor merece, en un extremo, un pedido de disculpas diario de por vida, y en el otro, una rendición de cuentas ante la Procuración General.

Unos pocos días más tarde, la fiscal Sánchez se tomó una licencia –previamente acordada, es cierto- y se fue a Disney en un viaje familiar.

Enmendando errores

Poco antes de cerrar la investigación y en su afán por no recular sumó al eviscerador de la Policía Científica, José Luis Badami. Sánchez buscó que Badami reforzara la prueba contra Maciel por el supuesto lavado del cuerpo de Lucía. Fue tan incompetente lo de Badami que el juez Aldo Carnevale lo calificó en el fallo de “un impresentable”.

En la elevación a juicio la fiscal enmendó jurídicamente sus dichos al describir la muerte como “un edema y congestión pulmonar como mecanismo de muerte, siendo altamente probable secundario a una intoxicación por cocaína”.

Luego asumió el error de las características inhumanas de la agresión sufrida por Lucía Pérez, tal como lo había dicho en la conferencia de prensa. “Las lesiones anales, y la gran dilatación anal que presentaba la joven, la cual indujo a error a la autopsiante, y consecuentemente a la suscripta. Ello por cuanto en un primer momento la Dra. Carrizo atribuyó tal dilatación marcada y redondeada del ano, a la introducción de un objeto duro y romo distinto del pene masculino. Y que esa introducción de tal objeto habría producido un reflejo vaso-vagal, desencadenando la muerte de la menor, por la tortura inflingida”.

Sánchez estuvo tan desconcertada que en una misma causa recorrió el Código Penal erráticamente sin importarle los “dislates” –como dijo Bombini. Hizo numerosos encuadramientos legales. Comenzó contra Farías y Offidani por el artículo 106 (“el que pusiera en peligro la vida o salud de otro…”), pasó al 124 –quiso decir 121- en concurso ideal con el 80 aunque falló con el inciso 9 –quiso decir, 13. Esto ultimo era abuso sexual con resultado muerte.

En el pedido de detención de Maciel no refirió encuadre legal y más tarde insistió en sus variaciones que merecieron la crítica del juez de Garantías una vez más: “Desafortunada y ha generado un perjuicio concreto a la investigación al aventurar afirmaciones a todas luces inconsistentes, fortaleciendo dudas e interrogantes antes que despejarlos y privarlos de medidas capitales para la mejor valoración de los hechos”.

La Fiscalía N°8, por la que alguna vez pasaron la recordada Susana Kluka y paradójicamente el hoy juez Facundo Gómez Urso, debió ser disuelta. Un poco más de un año después del inicio del expediente de Lucía Pérez, la Fiscalía General eliminó la UFI N°8 y trasladó a Sánchez a la fiscalía de Flagrancia, donde tramita causas que no requieren profundidad investigativa. Ahora la Procuración deberá decidir su futuro.