Si bien el conflicto de los recicladores que habían bloqueada la entrada al Predio de Disposición Final de Residuos se solucionó, previo al acuerdo la Municipalidad había pedido que se desalojara a los manifestantes para poder reanudar el servicio.

La Justicia, una vez más, falló en contra de un pedido de la gestión del intendente Carlos Arroyo y, está vez, fue de manera categórica al expresar que “la denuncia penal parece expresar la impotencia del Ejecutivo para resolver el conflicto”.

“Frente al reclamo de un grupo de no más de 10 personas que sobreviven en los márgenes de la marginalidad, comiendo los desperdicios de restoranes y los alimentos vencidos de los supermercados, la única respuesta de la agencia ejecutiva local no puede ser la solución del conflicto en el campo punitivo, sin transitar previamente el camino del diálogo y del consenso, pues no sólo incurriríamos en aquellos vicios, sino que el problema persistirá y seguramente recrudecerá”, argumentó el titular del Juzgado de Garantías N°1, Alejandro De Marco.

Si bien la fiscal Lorena Hirigoyen, luego de que el Municipio presentara la denuncia, había solicitado el desalojo de los manifestantes ya que no permitían el ingreso y el egreso de los camiones de recolección de residuos, obstaculizando de esta manera el servicio de recolección, el juez rechazó la medida por considerar que aún se debían agotar las vías conciliatorias para arribar a una solución pacífica.

“La denuncia penal parece expresar más la impotencia por parte de las autoridades políticas para resolver un conflicto social con un grupo minúsculo de ciudadanos en estado de permanente supervivencia, que la voluntad de gestionar la conflictividad, haciendo recaer en el poder judicial las consecuencias por el resultado”, concluyó el juez De Marco.