Un departamento. Eso es lo único que separa a Diego y Natalia, una pareja oriunda de Miramar, de poder vivir con su hija de 9 meses, quien desde su nacimiento está internada en el Hospital Materno Infantil de la ciudad y ahora fue autorizada a seguir el tratamiento en un domicilio, con cuidados paliativos. Sin embargo, y pese a contar con el dinero para hacerlo, no logran encontrar una vivienda. El tiempo corre y la necesidad aumenta.

La historia de la familia de la localidad vecina fue contada a finales de junio en LA CAPITAL, cuando el Juzgado de Familia N°5 dio lugar a  una medida cautelar que intimó al Estado a hacerse cargo del pago del alquiler de la vivienda. En la nota, también se detallan los múltiples obstáculos que debió atravesar el clan desde octubre del año pasado cuando “R” nació y fue diagnosticada con una extraña enfermedad que no le permitió salir del nosocomio.

Desde entonces, Diego y Natalia tuvieron que pedir un auto prestado para viajar dos veces por día a Mar del Plata para poder ver a su hija en los horarios de visita que el área de terapia intensiva habilitan. Lo hacen con sus otras dos hijas, de 5 y 3 años, que aún están ansiosas por conocer a su hermana menor.

Ésa y otras complicaciones quedaron por un momento de lado, cuando al inicio de la pandemia el equipo médico a cargo de la salud de “R” les avisó que estaban las condiciones dadas para que la menor continuara el aislamiento en su hogar junto a su familia. La única condición era que el domicilio debía estar en cercanías al nosocomio, dado que la institución de salud es la única en la región especializado en el Síndrome Vacter de Jarcho Levin, el mal que aqueja a la menor.

Dada la situación económica de la familia, que se complicó al tener que abocarse casi por completo a su hija menor, la Justicia intervino para garantizar los derechos de una vivienda. Patrocinados por la Defensoría Oficial N°1 de la ciudad, la familia interpuso una demanda solicitando la “tutela jurisdiccional diferenciada” que lleve a que el Estado garantice los derechos de la niña invocando particularmente el derecho a la vida, a la salud y a una vivienda digna para lograr ser externada de terapia intermedia del hospital. Los demandados fueron tanto los municipios de General Alvarado y Pueyrredon como la obra social IOMA y el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Ante la nula respuesta, el Juzgado de Familia N°5 dio lugar a una medida cautelar que terminó con IOMA no sólo haciéndose cargo del equipo sanitario para la internación de la menor, sino también abonando el monto mensual necesario para el alquiler de la vivienda (el resto de los demandados también brindaron aportes). El dinero ya se encuentra depositado en una cuenta judicial.

Así y todo, la familia sigue sin conseguir domicilio y, dado el aumento de casos de coronavirus en la ciudad en las últimas semanas, urge cada día más resguardar a la menor en el seno familiar.

Desde la Defensoría explicaron que los requisitos son “una vivienda con habitación independiente para “R” y el equipo de profesionales de internación domiciliaria, con lugar o habitaciones para los padres y dos hijos más”.

“En síntesis, son un grupo familiar de escasos recursos económicos, con una hija que debe estar en el seno familiar, modalidad internación domiciliaria 24 horas y recibir cuidados paliativos. El covid-19 ha complicado la internación de “R”, debiendo -a la mayor urgencia posible- ser trasladada a vivienda cercana al HIEMI”, concluyeron.