La inminencia de un fallo decisorio sobre la coparticipación de impuestos que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires dejará esta semana a la Corte Suprema en el centro de la escena política, mientras el miércoles hará jurar a los diputados en el Consejo de la Magistratura, en un nuevo capítulo del conflicto de poderes con el Senado.

La Corte tiene pendiente decidir qué monto de coparticipación recibe la ciudad de Buenos Aires luego de que Mauricio Macri, en el inicio de su gestión, elevara lo que recibía de 1.40% a 3.75 de la masa de impuestos coparticipables.

Contra esa medida, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte por ser de su competencia los conflictos entre provincias y el Gobierno central, y estableció para compensar la pérdida un gravamen de 1.2 por ciento sobre las transacciones con tarjetas de crédito en la Ciudad.

Esta semana se estima que la Corte definirá el número del porcentaje porteño en uno de los conflictos más significativos desde lo económico entre oficialismo y oposición.

En las audiencias convocadas por la Corte, los representantes de la Nación y la Ciudad no llegaron a un acuerdo pero discutieron sobre la base de un “exceso” de aumento por parte de Macri para que la Capital atendiera la transferencia de competencias desde el Gobierno central.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, busca un voto de mayoría que fije el porcentaje con al menos dos firmas más además de la suya, y para ello el tribunal se tomó más tiempo del que, en principio, dijo que usaría.

A ese fallo de alto impacto que prepara la Corte se suma el inesperado conflicto de poderes surgido entre la Justicia y el Poder Legislativo por la representación en el Consejo de la Magistratura.

Rosatti y sus colegas en la Corte cuestionaron, en una decisión de noviembre pasado, el modo en que el Senado armó sus bloques para elegir a los cuatro representantes.

La Cámara alta ratificó a su elegido, Martín Doñate, y entonces la Corte dejó en suspenso la jura de los cuatro representantes del Senado, apelando a la judicialización que había iniciado el senador opositor que reclama la banca, Luis Juez.

Este camino de suspender la integración del Consejo de la Magistratura hasta tanto la Justicia, es decir la misma Corte, resuelve la presentación de Juez, complica la pretensión de Rosatti de acelerar la elección de magistrados en los fueros Nacional y Federal.

Desde que la integración del Consejo fue declarada inconstitucional en diciembre de 2021, el proceso de designación de jueces se estancó por completo: en un año apenas se aprobaron un puñado de ternas de jueces para el interior del país sin disidencia, cuando hay tres juzgados de la Justicia Federal vacantes.

En el camino de avanzar en lo que se pueda, la Corte decidió que este miércoles a las 11 juren los cuatro representantes de la Cámara de Diputados, aun cuando la designación fue retirada por la presidenta, Cecilia Moreau, y el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, impugnó en la Justicia la designación.

Con la jura de Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley (FdT), Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR), el Consejo quedará integrado con 16 representantes que tendrían el improbable número para aprobar ternas pero cierto déficit de legitimidad que seguramente será judicializado.