Por Felipe Celesia

La Corte Suprema, con la firma de sus cuatro miembros, decidió solicitar explicaciones formales al directorio de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) en base a una auditoria dispuesta por el mismo tribunal supremo que desnudó falta de controles y desmanejos varios entre 2008 y 2021.

Durante el período estudiado por la “Comisión de Auditoria” -integrada por dos médicos, dos abogados y dos contadores-, la obra social estuvo bajo el control del ministro Juan Carlos Maqueda y el director designado, el médico Aldo Tonón.

La crisis en la obra social, que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, comenzó en septiembre del año pasado con la denuncia de un empleado del área informática que dio cuenta de presuntas contrataciones irregulares, malversación de fondos y otras anomalías.

La investigación recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti, con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo, quienes a fines de septiembre de 2021 allanaron la sede de la Ospjn en busca de documentos y los equipos de telefonía usados por los empleados.

Un día después, el 28 de septiembre, y por unanimidad, la Corte apartó a Tonón y derivó el control de la obra social a la Secretaría General de la misma Corte, a cargo de Daniel Marchi.

Un mes después de hacerse cargo de la Ospjn, Marchi elevó un informe en el que constató malversación de fondos, concentración de decisiones y un incremento del 50 por ciento de la planta de empleados en la última etapa, antes de ser intervenida.

Ahora, en un informe de cincuenta cuerpos y más de nueve mil fojas, la Comisión de Auditoría confirmó y amplió los datos de Marchi, abarcando el análisis de la situación económica, financiera, legal y de gestión.

“La Obra Social no cuenta con un sistema formal de contabilidad, ni sobre la base de los criterios generales de la disciplina, ni desde la definición legal de la cuestión”, señaló el informe difundido esta semana por la Corte.

En cuanto a la adquisición de bienes y servicios, prótesis y medicamentos, la auditoría comparó que “durante el año 2020 se llevaron a cabo 29 contrataciones directas y 21 licitaciones públicas, mientras que en el año 2021 las contrataciones directas ascendieron a 45, mientras que las licitaciones públicas sumaron 8”.

En dinero, las contrataciones directas en 2020 representaron 1,7 millones de pesos contra 26 en gastos a través de licitaciones pero en 2021 se invirtió esta relación y las contrataciones directas sumaron 20 millones contra algo más de 6 millones por licitación.

La Comisión de Auditoría también desnudó la “inexistencia de registros formales respecto del personal, en cualquiera de sus modalidades de contratación”.

No obstante la falta de registros, ya en el informe de la Secretaría General, que ahora confirma la Comisión de Auditoría, se constató que “la planta total de personal se incrementó en poco más de dos años casi en un cincuenta por ciento”.

En paralelo a la investigación de la Corte, la justicia investiga si las empresas contratadas por la Ospjn, “Emergencia Médica Integral” y “Farmandat”, de traslados médicos y gestión de recetas, respectivamente, fueron funcionales a la malversación de fondos y la ausencia confirmada de más de 25 mil unidades de medicamentos.

El exdirector Tonón está imputado por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Télam.