La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires abrió en los últimos días una convocatoria para sumar más edificios para el Departamento Judicial de Mar del Plata.

En concreto, realizó un pedido público de ofertas. A través de este mecanismo, privados ofrecen propiedades a la venta. Las propuestas se darán a conocer el próximo 26 de marzo. 

La solicitud apunta a la “búsqueda de inmuebles para su compra y locación en el Departamento Judicial de Mar del Plata, con destino al funcionamiento de dependencias”, según dio a conocer el máximo tribunal.

Entre las especificaciones técnicas, la Suprema Corte indicó que los inmuebles que se ofrezcan deberán contar con no menos de 1.000 metros cuadrados de superficie cubierta, aproximadamente. Tendrán que estar emplazados dentro del ejido urbano, cercanos “a los principales medios de transporte públicos” y al centro administrativo.

A su vez, deberán encontrarse en una zona que, de acuerdo a la normativa municipal, permita el funcionamiento de dependencias judiciales. Entre otros aspectos, se valorarán construcciones emplazadas sobre calle de asfalto, en buen estado de mantenimiento y en condiciones de habitabilidad. 

La mayoría de los ambientes deberán tener iluminación, ventilación natural, y no deberán presentar barreras arquitectónicas insalvables.  

De esta manera, la Suprema Corte provincial busca continuar con su política de incorporar más edificios para la Justicia marplatense. Así se dio, por caso, en 2023, con las compras de Villa Devoto y Villa de Bary, propiedades patrimoniales ubicadas en Buenos Aires y Brown, a unos 100 metros de la sede central de Tribunales (Brown N° 2046).

Las casonas fueron adquiridas por un valor cercano a los dos millones de dólares. En el último tiempo, se están realizando tareas de puesta en valor: en diciembre del año pasado, se inauguró la nueva iluminación de los edificios, donde se mudarán las salas de la Cámara de Apelaciones (Fuero Penal). 

En tanto, se encuentra en proceso de adquisición un inmueble ubicado en Entre Ríos Nº 2.262, donde funcionaba un hotel, también a pocos metros de Tribunales. El intendente Guillermo Montenegro firmó en febrero de este año un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante para modificar su uso y habilitar en dicho establecimiento el funcionamiento de dependencias judiciales.