La Suprema Corte de Justicia bonaerense compró dos casas patrimoniales para mudar tres salas de la Cámara de Apelaciones. Se trata de Villa Devoto y Villa de Bary, propiedades ubicadas en Buenos Aires y Brown, a unos cien metros de la sede central de Tribunales. La operación se realizó por un monto cercano a los dos millones de dólares.

En principio, la intención del máximo tribunal es montar oficinas, salas de audiencias, dependencias del Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales, biblioteca, apoyo de servicio y espacios multiuso, entre otros espacios.

El mes pasado, el Concejo Deliberante había autorizado la cesión de los inmuebles, alcanzados por la ordenanza Nº 10.075 que reglamenta el Código de Preservación Patrimonial, para la localización de dependencias judiciales.
También se incluyó a Villa Blaquier (Alvear 2102/32), aunque no formó parte de la compra hasta el momento.

“Siendo que se trata de importantes inmuebles protegidos y que representan una parte del patrimonio arquitectónico urbano, conformando el patrimonio cultural de la ciudad, al adquirirlos se los pondría en valor, protegiéndolos al ser incorporados como bien de uso público”, informó la Suprema Corte en un documento enviado a la Secretaría de Obras de la comuna meses atrás.

Según adelantaron fuentes judiciales, el máximo tribunal tiene en estudio un enroque en distintas sedes. Las salas de la Cámara de Apelaciones (Fuero Penal) irán a las casonas Villa Devoto y Villa De Bary.

En tanto, si bien aún no es oficial, el Fuero Penal Juvenil (La Rioja 2130) se trasladaría al edificio central de Tribunales (Brown 2046), mientras que las oficinas del Fuero Civil (Brown 2241) se mudarían a la actual sede del Fuero Penal Juvenil.

Ante la preocupación por la situación de infraestructura de las dependencias judiciales, todavía permanece el reclamo de los trabajadores para que avance la Ciudad Judicial, proyecto que busca concentrar toda la actividad del sector en una sola sede. El lugar elegido es la vieja estación de cargas, ubicada en avenida Juan B. Justo y Pehuajó.

“La mudanza a las casonas patrimoniales es un parche más a un problema estructural: la precariedad edilicia en todo el Departamento Judicial de Mar del Plata. Hay que enfocarse en la construcción de la Ciudad Judicial, no tomar decisiones improvisadas y costosas; pero hoy no hay voluntad política para avanzar”, sostuvo Mariano Fernández, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, en diálogo con LA CAPITAL.