por Ramiro Melucci

Una maniobra alcanza para dimensionar la desconfianza que parte de los concejales oficialistas que continuará en sus bancas le tienen al intendente Arroyo. Tuvo lugar en la sesión del jueves pasado y no fue la ampulosa devolución del presupuesto, que dejó al descubierto otros pliegues de la alianza gobernante.

Para aprobar el proyecto de fotomultas, el interbloque Cambiemos había acordado establecer como condición que el 50% de la recaudación le correspondiera al municipio. Eso era lo único que había que escribir en la ordenanza para que no hubiera inconvenientes a la hora de votar. Todo lo demás era negociable. Pero a los concejales los carcomía un temor: que el intendente vetara el artículo que fijaba esa condición y firmara el convenio original, que establecía un 40% de la recaudación para el municipio.

Para evitarlo recurrieron a un artilugio: incluyeron la cláusula en el mismo artículo que autorizaba al Ejecutivo a firmar el convenio.

Así, si veta el artículo no sólo anula el mínimo de 50% de recaudación, sino que deshace el corazón de la ordenanza.

Ya había un antecedente notorio. A fines del año pasado, para juntar los votos del aumento del boleto, el oficialismo convenció al radical Eduardo Abud con un artículo que establecía que no habría incrementos durante un año y que, si la inflación medida por el Indec superaba las previsiones del gobierno nacional, el Concejo delegaría sus facultades para que el intendente determinara el siguiente aumento. Fue una solución armoniosa de Cambiemos, que ese 29 de diciembre de 2016 logró sancionar el aumento. Pero la armonía mutó en desazón y fuertes peleas unos días después, cuando Arroyo promulgó el aumento y vetó el artículo con el que habían convencido a Abud.

La conformación parlamentaria que nacerá hoy conservará esa desconfianza. Sólo un puñado de los 13 concejales de la mayoría oficialista responde al intendente. Con Arroyo mirado de soslayo por los gobiernos nacional y provincial, la disputa por la sucesión será intensa y acaso descarnada. En ese contexto, el recinto oficiará de caja de resonancia de nuevas alianzas, rebeliones e intrigas.

Es verdad que la devolución del presupuesto por “incompleto” fue una decisión la vieja composición. Pero no menos cierto que algunos de esos concejales que la impulsaron seguirán en el cuerpo. Cristina Coria es una de ellas. La presidenta del bloque radical es, además, una de las preferidas de Vilma Baragiola, que hoy se reincorporará al Concejo después de su triunfo en las urnas con la mirada elevada hacia su sueño de ser intendente.

Otro concejal radical, que no participó de la iniciativa destinada a mellar la autoridad del secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, razonó que la devolución del presupuesto está vinculada con el encuentro que un sector del radicalismo mantuvo con la comisión directiva del sindicato municipal, enemistada con Arroyo y Mourelle desde la acusación de que sus integrantes cobran pero no van a trabajar.

No suena descabellado si se toma en cuenta cuál era la parte del presupuesto que al Ejecutivo le faltó enviar al Concejo: la que contiene el nomenclador de cargos, los salarios, bonificaciones y compensaciones del personal municipal.

Santiago Bonifatti, uno de los espectadores privilegiados de la trifulca oficialista de la semana pasada, optó por invertir la carga de la prueba: en lugar poner en duda las intenciones de los impulsores de la moción de devolver el presupuesto, especuló que el Ejecutivo demoraba el envío de la ordenanza complementaria porque tiene en carpeta “decisiones complejas” relacionadas con el personal municipal.

Hablar del presupuesto no es aludir al viejo Concejo: es la nueva composición la que deberá discutirlo, con los aumentos de tasas que incorporan las ordenanzas fiscal e impositiva. Normas que, como nunca, carecen de relato: nadie explicó, hasta ahora, qué quiere hacer el gobierno local con los fondos municipales en 2018, cuáles son las prioridades, qué características tendrán los incrementos, a qué sectores afectará. La administración se limitó a cumplir el requisito de enviarlos al Concejo (ahora deberá hacerlo de nuevo).

Insólitamente, no sintió la obligación de argumentar su plan de gobierno. Lo terminará haciendo por voluntad ajena, cuando la comisión de Hacienda convoque a los funcionarios de las principales secretarías.

Como no hay información oficial, no resultará extraño que sigan surgiendo medidas no anunciadas redactadas por Mourelle, como la eliminación de los beneficios fiscales de los que gozan cines y teatros, que generó duras reacciones en el ámbito de la cultura. El primero que las encuentre y las ventile tendrá el rédito de imponerlo en la agenda política: el gobierno le regaló la chance.

La integración legislativa que debutará hoy quizá tenga la posibilidad de aprobar el pliego para la ampliación, operación y mantenimiento del predio de disposición final de residuos, que quedó pendiente por falta de financiamiento. También clamará tratar, el año próximo, un nuevo pliego de bases y condiciones para el servicio de transporte colectivo de pasajeros. Lo hará urgido por un calendario que fija en mayo de 2019 el vencimiento de los contratos con las actuales concesionarias.

El subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, ha manifestado su voluntad de que haya un amplio debate. Pero todavía se desconoce si el Ejecutivo enviará pronto el nuevo pliego u optará por una prórroga de los contratos. Una definición tan anticipada resulta un reclamo exorbitante para un gobierno que todavía no les contó a sus vecinos cuánto les va a aumentar las tasas el mes que viene.