La Justicia argentina inició junto a los Estados Unidos el intercambio de información sobre empresas que presentan irregularidades de subfaturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, en línea con lo manifestado por el ministro de Economía, Sergio Massa, días atrás en Neuquén.

“Que el Estado dé ventajas no significa que sea bobo; desde la Aduana denunciamos a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”, señaló Massa el último miércoles en la Exposición AOG Patagonia 2022.

En ese sentido, la Dirección General de Aduanas (DGA) avanzó con la fiscalización a empresas y radicó las denuncias pertinentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

Asimismo, la DGA, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), activó el intercambio de información con la unidad de Control de Delitos Financieros de los EEUU (Fincen, por sus siglas en inglés).

“Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud de la denuncia iniciada con fecha 23 de junio del corriente, por el Departamento Valoración y Comprobación Documental de Importaciones de la DGA-AFIP”, señala el documento judicial.

La denuncia es “por el presunto contrabando de importación, agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones, y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de aquellas actividades ilícitas”.

Todos ellos “habrían aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado -de forma indebida- divisas al exterior”, añade el texto.

El pasado 7 de agosto, al brindar su primer informe de gestión, Massa había detallado que la DGA-AFIP había registrado “mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”.

“Son 722 las empresas que están siendo informadas; el perjuicio al Estado es de casi US$ 1.000 millones”, precisó el ministro, al tiempo que advirtió que iba a iniciar el intercambio de información de los implicados con EEUU.