Las sospechas acerca de la existencia de una inacción deliberada por parte de funcionarios de la AFIP de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Bahía Blanca y Buenos Aires para investigar a Lázaro Báez y a sus empresas provocaron que las autoridades del organismo ordenaran reinspeccionar al empresario.
Pero esta vez se lo hará desde la Regional de Mar del Plata. Así lo reveló el diario La Nación, al dar a conocer el contenido de tres informes que el organismo le envió al juez Sebastián Casanello, quien investiga la emisión de facturas truchas por parte de Austral Construcciones como parte de una maniobra de lavado de dinero.
En esos documentos los funcionarios reconocen que las investigaciones iniciadas hace varios años contra el empresario santacruceño no prosperaron como debían o arrojaron resultados sospechosos que no fueron comunicados a la Justicia.
Según contó el periodista Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, la Regional de Río Gallegos de la AFIP recibió en 2013 la consigna de investigar a Lázaro Baéz y a su hijo, Martín.
Pero bajo las órdenes de la cuñada de Máximo Kirchner y actual senadora nacional, Virginia García, eso no ocurrió.
Por eso ahora las nuevas autoridades del organismo ordenaron pasar esas investigaciones a otra Regional, en este caso, la de Mar del Plata.
Fuentes consultadas por LA CAPITAL aclararon que en rigor, la Regional local ya resguarda desde hace tiempo varios expedientes vinculados con Báez y sus empresas.
Entre ellos figuran los que habían sido generados en Bahía Blanca, en donde se investigaba la confección de facturas truchas.
Los documentos llegaron a Mar del Plata cuando por, disposición del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la Regional bahiense fue disuelta y convertida en una simple agencia.
Según publicó ayer el diario La Nación, los funcionarios que investigaron a Baéz y a una de sus empresas, Austral Construcciones, tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires “no avanzaron a fondo, incluyeron “manifestaciones falaces” en sus informes o, incluso, ocultaron datos incriminatorios a la Justicia”.
En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo”, alertó el primer informe.
Firmado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, ese primer informe también detalla cómo desde la AFIP le retacearon información al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mientras intentaba investigar.
“Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal”, indicó.
Las omisiones de los sabuesos de la AFIP abarcaron múltiples áreas de negocios de Báez. Entre otros, la operatoria comercial con los hoteles de la familia Kirchner, la facturación trucha emitida por varias sociedades de Bahía Blanca.
Ante ese cuadro, Mecikovsky -que podría ser citado a declarar por la Justicia para aportar más información- comunicó además varias decisiones que adoptaron los nuevos titulares de la AFIP, Alberto Abad, y DGI, Horacio Castagnola: “Se ha dispuesto la reinspección de Austral Construcciones, el inicio de la inspección de Austral Agro, el cambio de titularidad de las inspecciones de Martín y Lázaro Báez -que estaban en Río Gallegos-, todos ellos a partir de ahora en la órbita de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y a cargo de la Dirección Regional Mar del Plata”.
El traslado de las investigaciones sobre los Báez y sus empresas lejos de Río Gallegos podría ser, sin embargo, el primer paso de una reforma más drástica. Podría incluir la eliminación de esa regional creada por Echegaray -y controlada durante años por la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, hoy senadora nacional-, y su reducción a agencia, como operó hasta entonces.
Sin adelantar esa eventual reforma, Mecikovsky sí les comunicó algo más al juez Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan. Les informó que esperan “la conclusión final de las inspecciones a fines de 2016”.