La abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, adelantó hoy que apelará ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la decisión de la justicia de Jujuy que condenó anoche a la dirigente social a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita, y por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión, en el marco del juicio denominado “Pibes Villeros”, que investigó el desvío de fondos públicos.

“Una vez que estén los fundamentos, vamos a recurrir no solo ante las instancias de Jujuy -donde no tenemos esperanza ni una cuota de luz de justicia-, sino también a las instancias federales como la Corte Suprema de Justicia y también la CIDH”, dijo la abogada en declaraciones a El Destape radio.

La lectura de la sentencia contra Sala se dio a conocer anoche en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales ubicado en pleno centro de la capital jujeña ante una sala colmada.

Según la abogada, la decisión del tribunal implica “una persecución política inédita en democracia” y todo el proceso judicial “fue sumamente arbitrario y plagado de irregularidades durante la instrucción, con situaciones casi burdas”.

Por otro lado, Gómez Alcorta remarcó que “la preventiva de Milagro vencía justo mañana, y el poder político necesitaba que la condenaran como sea”, y agregó que ”para los diarios hoy queda acreditado que Milagro Sala es una corrupta, pero nadie dice que la causa está plagada de irregularidades muy graves”.

El debate que inició el 24 de julio del 2018 tuvo más de 50 audiencias en las que declararon 105 testigos y acumuló más de 20.000 fojas, convirtiéndose en una de las primeras causas de defraudación al Estado impulsadas por denuncia del gobierno jujeño en funciones.

En este juicio se investigó a 30 acusados por asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales y núcleos húmedos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro.

De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal 3, unos 15 imputados deberán cumplir penas de entre 2 a 8 años de prisión, mientras que 13 acusados, entre ellos dos ex funcionarios municipales, fueron absueltos.