Por Damián Juárez

La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada implicó para la oposición la desaparición del esquema de coalición de Juntos por el Cambio, aunque pese a sus divisiones internas el espacio logró una unidad de acción y coordinación ante el tratamiento de la ley “Bases”, que el Ejecutivo envió al Parlamento para su aprobación.

Si bien Juntos por el Cambio formalmente ya no tiene una conducción política unificada, como fue la Mesa Nacional, el órgano que condujo a los distintos partidos del espacio durante años, este esquema fue reemplazado en los últimos días por otro más informal pero igual de efectivo, para coordinar políticas ante la ley impulsada por el presidente Milei.

En lo formal, JxC dejó de tener reuniones de su conducción, y de hecho la Coalición Cívica abandonó el espacio, disconforme con el posicionamiento de una parte del PRO con La Libertad Avanza.

En este contexto, la Coalición Cívica, junto al peronismo republicano de Miguel Pichetto y los cordobeses de Juan Schiaretti armaron un bloque parlamentario de 23 legisladores, por fuera de la estructura de JxC.

A pesar de esto, este nuevo bloque, Hacemos Coalición Federal, el PRO y el radicalismo, acordaron, a través de mecanismos informales, pautas de trabajo para presentar una postura unificada ante el Gobierno, a la hora de negociar con el Gobierno nacional la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

Esta estrategia fue clave para que avance el acuerdo que permitiría que antes de que termine enero la norma tenga media sanción en Diputados.

Entre todo este grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, más los 10 gobernadores del espacio, lograron unificar los puntos en los que quieren modificaciones para que la ley se apruebe.

Estos cambios tienen que ver con la movilidad jubilatoria, las facultades delegadas, las retenciones a las exportaciones y las privatizaciones de empresas públicas.

En la cuestión jubilatoria, la oposición pide que haya una fórmula y que los aumentos para el sector pasivo no queden supeditados a decretos del Ejecutivo.

También buscan que no se aumenten las retenciones a las economías regionales, algo en lo que hicieron mucho énfasis las provincias, además de pedir cambios en la Ley de Pesca y oponerse a los cambios que el Gobierno quería introducir en la norma sobre biocombustibles.

Finalmente, las facultades delegadas del Legislativo al Ejecutivo solamente tendrán una duración de un año, y no dos, prorrogables a otros dos, como pretendía la Casa Rosada, mientras que se daría luz verde a las privatizaciones de empresas públicas, salvo YPF.

Esta unidad de acción se vio plasmada esta semana en dos encuentros importantes, que fueron vitales para que la ley avance.

Por un lado los referentes de Juntos por el Cambio mantuvieron un encuentro por videoconferencia para acordar estos puntos y también para pedir que haya un interlocutor válido por parte del Gobierno en la negociación de la ley.

Se quejaban en este sentido de que si bien tenían un buen diálogo con el Presidente de la Cámara, Martín Menem, las negociaciones por momentos se empantanaban.

El otro eje que logró unir a distintos referentes, en este caso tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, fue la cuestión petrolera incluida en la ley.

En este sentido, en la semana que pasó se reunió la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), también para pedir cambios en la norma, y reivindicar que los recursos naturales pertenecen en primera instancia a las provincias.

Una fuente de Juntos por el Cambio que participó de varios de estos encuentros explicó que “en el futuro ya habrá tiempo para que la UCR, el PRO y los distintos partidos se vuelvan a posicionar, pero ahora era necesario juntarse para tener una sola postura ante la ley“.

Télam.