Por Jorge Raventos

El presidente Alberto Fernández inició eufóricamente 2023. Se reunió en Brasilia con su flamante colega, Lula Da Silva, y entrevió la posibilidad de que el vigoroso vecino le suministre un shock vitamínico a su anémico gobierno. De regreso, prometió convocar rápidamente a sesiones extradinarias del Congreso, principalmente para iniciarle juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Amague y no recule

El mandatario probablemente había cerrado 2022 sumido en el abatimiento, tras los comentarios de su gran electora y vicepresidenta, quien en su último discurso del año, en Avellaneda, se refirió con sorna a “la agrupación política a la que yo llamo amague y recule”. Se trataba, sin dudas, de un alfierazo destinado a él y aludía a que Fernández, tras una declaración áspera (aunque ambigua) en la que parecía rechazar el cumplimiento del fallo cautelar de la Corte que ordena al gobierno nacional liquidar diariamente 2,9 % de los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pasó en pocas horas a asegurar que aceptaría pagar, pero que lo haría en bonos.
Que Fernández está habituado a usar casi simultáneamente el acelerador y el freno no es novedad: el presidente se deja seducir al mismo tiempo por el ying y por el yang; como décadas atrás dijo Arturo Jauretche de cierto personaje, aplica “una dialéctica a la vaselina”. Por eso, la censura de la señora, si bien certera, fue tardía o, si se prefiere, redudante.

La ironía de aquella frase se potencia, sin embargo, si por un momento se la aplica a la propia vicepresidenta. Porque ella, que apenas unos días antes había asegurado ante un micrófono y ante su público que el año próximo no sería “candidata a nada” y había alentado así (sin desmentirlo) a que se hablara de su renunciamiento, en Avellaneda reescribió el relato y culpó a los intérpretes. Ella también: del amague al recule. La señora borra con el codo de la denuncia lo que había expresado espontáneamente con su enojo, al reaccionar ante la condena judicial que la encontró culpable en el “caso Vialidad”. La señora no está proscripta, pero sin duda es resistida por una amplia porción de la opinión pública y también por una proporción significativa de los llamados “poderes fácticos”. Muy probablemente ella lea esa resistencia como una proscripción. No lo es.

Al hacerlo, levanta ambiguamente su promesa de no figurar en ninguna lista y, aunque al final termine efectivamente no estando (como lo sugiere aquella gran reticencia social), reasegura un papel determinante en su propia fuerza durante el proceso electoral, para evitarle a su condición de gran influencer el efecto “pato rengo”. Segunda curiosidad: su recule la iguala a Fernández que, aunque ya convertido en ánade cojo, tampoco abandona su improbable candidatura para no agravar el mal.

Patos rengos y muletas

El proyecto de enjuiciar al Tribunal Superior está concebido como una muleta para disimular malos pasos. Y aunque se trata de un proceso condenado a fracasar en su pretensión punitiva, la Casa Rosada y quienes la acompañan en esta aventura están decididos a seguir adelante porque para ellos en el trámite está el castigo.

Aunque no les dan los números para condenar a los supremos, la mayoría que tienen en la comisión de Juicio Político sí les permite iniciar un procedimiento extenso y desarrollar cierta capacidad de erosión sobre los jueces en particular y sobre el alto cuerpo que el kirchnerismo quiere (y recurrentemente no puede) desmantelar. También sobre otros personajes concebidos como enemigos. “Vamos a hacer un show más extenso y escandaloso que el que montó el fiscal Luciani contra Cristina”, se regocija un cristinista ferviente.

Por cierto, es difícil que este trámite consiga el mismo poder de fuego mediático que acompañó al fiscal Luciani. La prensa cristinista tiene un lectorado menos numeroso que la del lado opuesto.

Pese a eso y a saber que la propuesta de juicio político termina ineludiblemente en un rechazo, el oficialismo apuesta empecinadamente por ese camino, y aspira a introducir cuñas tanto en la corporación judicial (Corte incluida) como en algún sector de la oposición. La tarea de erosión y demolición del alto tribunal está en el centro de su estrategia. Es una apuesta de mucho riesgo en un año electoral en el que la sociedad tiene otras prioridades y, según determinadas interpretaciones suscitadas por los festejos de la scaloneta, añora otro estilo y otros valores.

Un programa de espías

La idea de confrontar con la Corte es antigua, pero se actualizó dramáticamente después de la condena de la vicepresidenta y a partir de la decisión del Alto Tribunal que admitió el recurso cautelar presentado por el gobierno porteño y revirtió el recorte unilateral de recursos resuelto por el presidente en beneficio del gobierno bonaerense.

El misterioso viaje de un grupo formado por jueces federales , fiscales, funcionarios porteños, agentes de inteligencia y altos directivos del grupo Clarín a la residencia patagónica que posee el empresario británico John Lewis en Lago Escondido ofreció la oportunidad. El hecho, denunciado judicialmente en octubre por un particular, pero sólo tuvo eco periodístico cuando alguien hackeó un intercambio de mensajes del grupo de viajeros a través de la red social Telegram. En esa conversación virtual, los integrantes del grupo deliberaban sobre cómo enmascarar el viaje, en principio para evitar que los magistrados pudieran ser imputados por aceptación de dádivas, pero también para eludir la difusión y el riesgo eventual (relativo, porque las espaldas parecían bien guardadas en ese sentido) de un escándalo mediático.

Un blanco importante de aquel pirateo informático fue el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, aunque los efectos de esa operación -ilegal, pero políticamente eficaz- fueron más amplios: incrementaron (con justicia o sin ella) la suspicacia pública sobre la existencia de ámbitos herméticos de elaboración de decisiones políticas o económicas estructurados para eludir el control democrático.

El hecho y la interpretación caían como anillo al dedo a la narrativa cristokirchnerista sobre lawfare, que adjudica las causas penales que asedian a la vicepresidenta a una confabulación de jueces, medios periodísticos, grandes empresarios y políticos opositores. Era argumentalmente previsible la reacción de esa trinchera de la grieta de sacar partido del incipiente escándalo. No menos previsibles fueron la réplica y las explicaciones de funcionarios, jueces y empresarios que participaron en el viaje: a) el pirateo informático es un delito; b) las conversaciones difundidas nunca ocurrieron; los mensajes fueron editados; están sacados de contexto. Involuntariamente, esos comentarios evocan el diálogo entre dos vecinas. Una reclama porque la otra le devolvió abollada una cacerola que le había prestado y recibe esta respuesta de amplio espectro: “Nunca me prestaste esa cacerola, yo te la devolví sana y, además, ya estaba golpeada cuando la recibí”.

¿Juzgar a los jueces?

El tema de las escuchas ilegales obviamente se judicializó, y el método oficialista para neutralizar esa denuncia tanto como para combatir fallos negativos consiste en arremeter contra la Justicia. La Casa Rosada amagó una resistencia a la cautelar de la Corte para después recular oblicuamente, ofreciendo cumplir con bonos y no con efectivo.

La vicepresidenta, por su parte, resiste la conformación del Consejo de la Magistratura con el diseño amparado por el Tribunal Superior, que, además, calificó de ardid la división extemporánea del bloque oficialista de senadores en dos fragmentos destinada a adjudicarse un representante extra en el organismo a expensas del que reclama Juntos por el Cambio.

En ese contexto, el guión de los acontecimientos reincide ahora en el espionaje: aparecen más mensajes ligados al sitio del ministro de Seguridad porteño. En esos intercambios, D’Alessandro aparece en contacto estrecho con el principal colaborador del presidente de la Corte en charlas que parecen un asesoramiento de éste a la oposición en relación con las pugnas en el Consejo de la Magistratura; también aparecen conversaciones con empresarios que tienen negocios con la administración porteña y algunas frases singulares que aluden al Jefe de Gobierno.
El oficialismo volvió a intentar colar por esa brecha informativa su embate contra la Corte y el presidente dio un paso al frente al borde del abismo institucional de un choque de poderes. Buscó -y no obtuvo- el aval de los gobernadores: apenas consiguió un 50%.

Hágalo usted mismo

La oposición no consigue emerger del aturdimiento que le provocan los hackeos informativos. Alguna interpretación del lado cristinista adjudica la divulgación de diálogos comprometidos a la encrespada interna de Juntos por el Cambio (con epicentro en el Pro). Desde el oficialismo, Horacio Verbitsky, informó que “en el gobierno porteño,(Patricia) Bullrich es la principal sospechosa por la filtración de los chats, pero no la única, dada la compleja trama de intereses y negocios que giraban en torno de D’Alessandro”.

Para Verbitsky, como para otros comunicadores -no todos de ese sector-, la pelea entre Bullrich y Larreta estaría detrás de las denuncias que habían afectado a Gerardo Millman (hasta hace poco jefe de campaña de la presidenta del Pro) y ahora golpean a D’Alessandro. Se trataría de un “intercambio de favores”. Ella tuvo que apartar a Millman de su lado y Larreta acaba de aceptar a D’Alessandro un pedido de licencia.