Apesar de la pandemia y las dificultades que impone la virtualidad, se retomó esta semana el juicio “CNU 2”, que juzga el accionar de la asociación ilícita enmascarada en la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria –que ya sumó siete condenas en su primer tramo-, y que tiene como acusados en esta segunda parte a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa.

El debate, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata -integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori-, entró en etapa de alegatos. El primer turno fue para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal general Pablo Ouviña, quien entre el martes y miércoles pasado, durante más de nueve horas en total, desarrolló los argumentos de la acusación, que concluirá en las próximas audiencias previstas para el 22 y 23 de septiembre.

En primer lugar, el fiscal se refirió a la violencia y el contexto en que se produjeron los hechos investigados, como paso ineludible para comprenderlos. Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar una asociación ilícita, que tuvo en el accionar de la banda enmascarada en la CNU su brazo ejecutor local, junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían. Por su parte, Ullúa llegó a juicio procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y el médico Bernardo Alberto Goldemberg –secuestrados y acribillados en la denominada noche del 5 por 1-; por los asesinatos de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Contexto: “la violencia como guía para la acción”

“Tanto los historiadores como los pronunciamientos judiciales que han tocado el tema coinciden en que, entre 1971 y 1976, el contexto fue el de una paulatina y creciente violencia generalizada”, apuntó el fiscal. “La violencia pasó a ser una especie de guía para la acción. Y fue también una forma de discurso: la forma de emitir mensajes”, expresó más adelante en su alegato.

Así como la escalada de violencia fue progresiva, también fue progresiva –dijo- la postura del gobierno: “Pasó de ser árbitro de la contienda a tomar decididamente partido en favor de uno de los bandos, adoptando medios legales para intentar contener la violencia, pero también métodos ilegales para eliminar personas de manera sistemática”, señaló luego. Su exposición estuvo acompañada por decenas de diapositivas que exhibieron prueba que consta en la causa, y que acompañaron los detalles de sucesos históricos analizados por el fiscal.

Ouviña analizó que tras la vuelta de Juan Domingo Perón al país se produjo un quiebre en la alianza que el general tenía con la organización Montoneros, lo cual significó “un paso trascendental de lo que se denominó la depuración del movimiento”.

“Observamos cómo, a la par de los llamados a la pacificación y la unidad, paso a paso, progresivamente y sin interrupción, se fue construyendo el mensaje de violencia, en los discursos y en ciertos hechos”, reparó. El proceso represivo, sostuvo en su relato, fue impulsado desde los sectores más altos del gobierno y contó con la participación de distintas organizaciones pertenecientes a las propias estructuras del movimiento.

“En definitiva, la orden de depuración emitida no quedó en una expresión de deseos. Se diseñó un plan para su implementación; y se ejecutó. (…) La misión era clara: desplazar de esos espacios a los dirigentes identificados con ideas de izquierda”, sostuvo el fiscal.

Para su cumplimiento señaló que confluyeron en una misma organización miembros de las fuerzas policiales –federal y de las provincias- y de las fuerzas armadas, patotas sindicales y militantes de las agrupaciones de la derecha peronista, entre ellas, la CNU.

El fiscal general Pablo Ouviña.

Una asociación ilícita nacional

El accionar de la asociación ilícita –que actuó en distintas localidades bonaerenses e incluso provincias- tuvo una metodología: operativos generalmente nocturnos protagonizados por gran cantidad de individuos fuertemente armados, que se identificaban como miembros de alguna fuerza de seguridad; y la ejecución de las víctimas con una gran cantidad de disparos.

Según el escenario donde se desarrollaran, los hechos eran “firmados” con distintos sellos, pero que respondían –de acuerdo al alegato- al mismo plan: la Triple A -principalmente en Buenos Aires y La Plata-, CAM en Mendoza, y la CNU en La Plata y Mar del Plata.

También había rasgos característicos en las víctimas: eran miembros de agrupaciones políticas de “izquierda”, que por dentro o por fuera del peronismo disputaban espacios de poder con los miembros de la asociación criminal.

Para el fiscal, las acciones de la CNU en Mar del Plata se insertaron en un accionar de alcance nacional, con el que compartió un objetivo en común, metodologías y blancos. “El objetivo era claro: había que desplazar al enemigo de los espacios de poder que ocupaba”, sintetizó.

La CNU y su inserción estatal y gremial

El fiscal consideró acreditado que, durante el período que se juzga, miembros de la sede marplatense de la CNU, juntamente con elementos de organizaciones afines, tomaron parte de una asociación ilícita.

Para el fiscal, la asociación delictiva juzgada, que actuó detrás del sello de CNU aunque excedió a la agrupación, estuvo compuesta por integrantes de numerosas organizaciones estatales y paraestatales, apoyadas y/o sostenidas desde instituciones legales que sirvieron de fachada de su actividad criminal, así como sostén económico para ello.

“La CNU fue un eslabón más de la ejecución del plan sistemático de eliminación de un enemigo común, caracterizado por su afinidad a la denominada ideología de izquierda y/o por su oposición a los intereses de esa asociación”, aseveró el representante del MPF.

El método de acción política de la CNU, incluso antes de que sus miembros integraran una asociación ilícita, fue la violencia: “Se trataba principalmente de intimidar y amenazar a sus adversarios políticos, o irrumpir en asambleas para obstaculizar su desarrollo”, describió Ouviña, quien allí enmarcó el asesinato de la estudiante Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971, en medio de una asamblea en la Facultad de Arquitectura. Para el fiscal “no se trató de un hecho aislado”, sino que “constituyó uno más de los numerosos actos intimidatorios que miembros de CNU realizaban de modo habitual dentro y fuera de espacios universitarios”. En esa oportunidad, una de las personas detenidas fue Corres, entonces estudiante de Derecho, quien fue liberado luego de la amnistía de 1973.

El despliegue en Mar del Plata

Con exhaustivo detalle, el fiscal describió cómo la Concentración Nacional Universitaria se insertó en espacios estatales e institucionales, a través de su vínculo con el mundo sindical, sus conexiones con la Triple A, las fuerzas armadas y de seguridad y los servicios de inteligencia, y su ingreso al ámbito universitario.

Se adentró en las particularidades que esa organización criminal presentó en Mar del Plata, donde los acusados realizaron la mayor parte de sus actividades. “El desarrollo local de la organización fue el fiel reflejo del que tuvo a nivel nacional el plan sistemático de eliminación de la izquierda, constituyendo el grupo de Mar del Plata uno más de los brazos ejecutores de la asociación ilícita investigada”, subrayó.

El análisis se focalizó en la organización política CNU, aunque ni el hecho de haberla integrado, ni el hecho de no haber pertenecido a ella, constituyen por sí solos un rasgo determinante de la participación en la asociación ilícita.

Sin perjuicio de ello, el grupo que ejecutó los crímenes que se juzgan estaba mayoritariamente integrado por miembros o ex miembros de la CNU, o personas estrechamente ligadas a ella.

Además, sostuvo el fiscal, “la CNU es la agrupación política que la asociación ilícita usó como fachada para la ejecución del plan sistemático en el ámbito universitario marplatense. De hecho, la mayoría de sus víctimas, aunque no todas, estuvieron directa o indirectamente vinculadas a la actividad política universitaria de esa ciudad o a la juventud de izquierda”.

Ouviña analizó entonces el surgimiento de la CNU en la ciudad balnearia y planteó que el grupo era lo suficientemente ecléctico para incluir en sus filas a integrantes de las patotas sindicales, de las fuerzas de seguridad y de otras extracciones. La CNU, repasó, “era el principal representante de la ortodoxia peronista en las universidades, y un grupo de choque con experiencia, comprometido con la limpieza ideológica ordenada desde la cúpula del movimiento, que fue favorecida con apoyo estatal y un vínculo estrecho con la naciente Triple A”.

Los vínculos con la CGT

En su alegato, el representante del MPF dio cuenta de la prueba reunida en el debate que demuestra que el vínculo que existió entre la CNU y la Confederación General del Trabajo (CGT) “no fue uno más de los que esa agrupación mantuvo con otros organismos de la llamada ortodoxia, sino que fue determinante en el devenir de su desarrollo e inserción en la asociación ilícita”. A ello sumó la actuación de Gustavo Demarchi en su carácter de fiscal federal, en beneficio de los sindicalistas vinculados a causas penales.

“De esa forma, la CNU en Mar del Plata contó con el aval político de la burocracia sindical peronista”, sostuvo Ouviña, quien precisó que de la prueba producida se desprende que existía una suerte de bolsa de trabajo” que resultaba “exclusiva” para quienes compartieran ideas anti-izquierdistas y se comprometieran con el “plan de depuración”.

A través de ella, la derecha peronista local cubría “vacantes” tanto formales, como puestos en la Universidad, en la fiscalía federal, en las estructuras administrativas de los sindicatos o en cualquier otro ámbito institucional en el que se tuviera incidencia, como informales, en los grupos destinados a la acción operativa directa. “En general, ambos puestos se superponían y, de ese modo, se financiaba la actividad de la asociación ilícita”, reparó.

“El vínculo entre CNU y el sindicalismo marplatense propició la inserción de la CNU en la asociación ilícita a nivel nacional; y, con ello, la promoción de algunos de sus integrantes en puestos en el gobierno nacional, en el Consejo Superior Justicialista, y en el ámbito público de otras ciudades, desde donde la agrupación extendió su poder y obtuvo herramientas que facilitaron la ejecución del plan de depuración con el que se había comprometido”, complementó Ouviña.

Inteligencia, policías y fiscal, como aliados

La relación del brazo marplatense de la asociación ilícita con las fuerzas de seguridad se desarrolló en diversos niveles, introdujo el fiscal. Por un lado, la conexión sindical de la CNU la insertó en la red de inteligencia, desde donde se establecieron enlaces con los servicios, en el marco de la comunidad informativa; y a la vez, -al igual que la Triple A y otros grupos operativos paraestatales- la CNU también se nutrió de integrantes o ex integrantes de las fuerzas, que habían sido adoctrinadas y que tenían experiencia en la persecución violenta de las organizaciones de izquierda. El propio imputado Corres se desempeñó como oficial subayudante de la policía de la provincia de Buenos Aires desde 1968 hasta 1972, en que fue exonerado por su participación en el homicidio de Silvia Filler.

El vínculo estrecho de CNU (y organizaciones similares), la SIDE, el aparato sindical, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y Triple A se dio tanto en los años previos, como durante los primeros momentos del Golpe de Estado de 1976. De las pruebas reunidas en el juicio también se desprende la asimilación de varios de los miembros de la organización al aparato represivo estatal, como el caso del imputado Ullúa.

En Mar del Plata, el grupo también logró acaparar parte de la justicia federal, a través de la designación de Gustavo Demarchi como fiscal federal en esa jurisdicción. “Este fue el perfecto complemento para su actividad, tanto para desarrollar eficientemente la persecución de las personas que identificaban con la izquierda, como para garantizar su propia impunidad por los crímenes que cometían”, sostuvo el fiscal.

La disputa en la Universidad

En 1974 en Mar del Plata existían dos proyectos complementarios para el futuro de la educación superior: la unificación de la Universidad Provincial y la Universidad Católica, y la nacionalización. En su alegato, Ouviña citó lo dicho por el testigo Jorge Casales cuando se refirió a la disputa entre las facciones de derecha y de izquierda que generaba el destino de las universidades: “Eran dos proyectos de universidad bien distintos: una universidad popular con todos los docentes, no docentes y estudiantes adentro, y el otro era un proyecto de universidad selectiva, donde se restringía a docentes y no docentes, y se restringía el acceso de los estudiantes izquierdistas montoneros”.

“El poder para determinar la orientación de la educación pública constituía uno de los objetivos de la denominada ortodoxia peronista, que veía a las universidades como uno de los ámbitos prioritarios para la ejecución del plan de depuración”, reparó el fiscal. Durante la gestión como rector de Josué Catuogno –miembro de CNU- “la asociación ilícita acaparó por completo la Universidad Provincial de Mar del Plata”, que fue nacionalizada en este mismo periodo.

Integrantes de la asociación ilícita entonces trabajaban en la casa de estudios: los “profesionales”, principalmente abogados, fueron designados en los cargos jerárquicos existentes, y los otros fueron contratados en carácter de personal de “seguridad” o de “mantenimiento”. En simultáneo, se produjeron numerosas cesantías de docentes y personal administrativo, sustentadas en motivos ideológicos; e incluso se obtuvieron renuncias forzadas a costa de amenazas y atentados.

Próximas audiencias

En las próximas audiencias está prevista la continuidad del alegato fiscal, quien ahondará sobre los crímenes cometidos en el marco de la asociación ilícita, detallará las calificaciones legales de la acusación –que serán más amplias que las insinuadas en la etapa de investigación-; se tratarán las responsabilidades penales de cada imputado; para, por último, merituar el reproche penal y solicitar las penas.