Los 12 acusados que llegaron a juicio en la denominada causa Base Naval 3 y 4 se fueron ayer condenados del Tribunal Oral Federal. De ellos, nueve recibieron sentencias a prisión perpetua, y otros tres, penas de ocho, diez y doce años. Otro tres además, fueron sentenciados por primera vez; el resto acumula condenas.
Los fiscales Pablo Larriera, Ángeles Ramos y Eugenia Montero se mostraron conformes tras el veredicto. “Si bien hay que esperar los fundamentos de la sentencia, a priori nos indica que el Tribunal le dio acogida a la figura de asociación ilícita, que el Ministerio Público había planteado por primera vez en este debate”, destacó Montero, quien sumó que ?en primera instancia- todos los hechos que fueron parte de la acusación han sido probados por el Tribunal.
A su vez, a partir del fallo, los jueces consideraron acreditada la coordinación de fuerzas, entre la Subzona 15 y la Fuerza de Tareas N°6 de la Marina. “Eso lo deducimos porque Arrillaga fue condenado por un montón de casos que en principio eran atribuibles solo a los marinos. Hasta este momento, no había sucedido una condena a un miembro del Ejército por hechos propios entendidos del circuito de la Marina”, explicó Montero.
Esto, añadió, “es un hecho trascendente que nos viene a ubicar en una nueva lógica de investigar y juzgar la represión por lo menos en Mar del Plata: ya no se puede dejar afuera a la subzona del accionar ilegal, por más que se tenga acreditada la participación de la Marina en el hecho concreto”.
A su lado, Larriera destacó que “a un mes de que se cumplan 40 años del golpe cívico militar, el Poder Judicial sigue con el compromiso y la labor de juzgar y someter al debido proceso estos casos, un debido proceso que no tuvieron las víctimas”.
Durante ocho meses, los jueces Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris, oyeron cerca de 70 testimonios, además de las declaraciones de los primeros dos juicios de la megacausa Base Naval, que se incorporaron al debate a través de los videos a fin de no revictimizar a los testigos.
Esto, sumado a las pruebas documentales incorporadas en la causa, permitió el juzgamiento y la condena de doce integrantes de la Armada y un ex general de Brigada del Ejército, por los crímenes cometidos contra 123 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata.
Ayer fueron condenados a prisión perpetua, Alfredo Manuel Arrillaga, ex jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601; Juan José Lombardo, ex jefe de la Base Naval y comandante de la Fuerza de Submarinos; Raúl Alberto Marino, ex jefe de la Base Naval y comandante de la Fuerza Submarinos; Rafael Alberto Guiñazú, ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval; José Omar Lodigiani, ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos; Alberto Ignacio Ortiz, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Base Naval de Mar del Plata y comandante del GT6.1; Julio César Falcke, ex jefe de Contrainteligencia de la Base; Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de Comunicaciones de la Base Naval y ex jefe del Departamento Operaciones y Francisco Lucio Rioja, ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979.
A su vez, Juan Eduardo Mosqueda, ex jefe de la Prefectura, fue condenado a doce años de prisión; Ariel Macedonio Silva, ex jefe de la Sección Informaciones de la Prefectura, a diez; y José Francisco Bujedo, el ex suboficial de Infantería de Marina, a ocho años.
Las sentencias se leyeron una a una. Se habló de privaciones ilegítimas de la libertad, de amenazas y torturas. También de asesinatos, de perseguidos políticos. Se incluyó la asociación ilícita. Los nombres de las víctimas quedaban flotando en una sala repleta de gente y de calor. La mayoría no están. Otros estaban allí sentados, escuchando. Los represores detrás de sus abogados defensores con sus rostros imperturbables. Algunos preferían mantener los ojos cerrados.