LA PLATA
Corresponsal

Luís Arias, el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 1 del Departamento Judicial de La Plata que frenó el “tarifazo” de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, cuestionó la convocatoria a la audiencia pública realizada por el gobierno bonaerense por no brindar, de manera previa, información oficial que justifique el aumento.
El 31 de mayo el magistrado suspendió el aumento de la tarifa de energía eléctrica de fines de febrero por considerar necesaria la realización de una audiencia pública “que permita el conocimiento e información adecuada por parte de los usuarios afectados, de modo de conocer si la tarifa propuesta por el concesionario es justa y razonable y, en su caso, poder ejercer los reclamos administrativos o judiciales pertinentes, por cuanto no se puede impugnar aquello que se desconoce”.
El 14 de junio el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) convocó a una audiencia pública para el 28 de julio a realizarse en el estadio municipal “José María Minella” de Mar del Plata.
Sin embargo, ayer el juez Luis Arias dijo en declaraciones periodísticas que tenía “planteos al respecto de la audiencia pública” convocada por el Poder Ejecutivo. “Observo ciertos hechos objetivos como que se va a realizar durante el receso judicial y administrativo, en las vacaciones de invierno”, expresó el magistrado.
Además le pareció excesivo que se realice “en un solo lugar para toda la provincia, con todas las empresas juntas, cuando cada empresa es una realidad diferente y hay más de 100 cooperativas y empresas distribuidoras”.
Pero “lo más cuestionable -subrayó- es que no se ha acompañado la documentación que avala el aumento de las tarifas”.
Según el juez que frenó el aumento a través de una medida cautelar “para poder discutir en una audiencia pública hay que tener la información necesaria y con la convocatoria de audiencia se debería acompañar la documentación que da lugar a los estudios de costos, las inversiones. Todo lo que determina el aumento de las tarifas debería estar a la vista de todo el mundo para poder debatirlo, porque no se puede debatir aquello que no se conoce”.
Para el juez resulta importante que de los datos oficiales se pueda desprender si es razonable o no el tarifazo impuesto por el gobierno. Por ello, según trascendió, la Justicia estaría por pedir al gobierno información que pueda conocida por todos los usuarios antes del acto.
De todas formas, Arias reconoció que la realización de la audiencia “no deja de ser un avance”. En ese sentido dijo que “siempre una audiencia pública es algo bueno. Me alegro que el Poder Ejecutivo lo entienda de esa manera aunque sea para cumplir el fallo judicial, pero comenzar a andar este camino es importante. Ahora tenemos que trabajar sobre su contenido, para que sea efectiva, real y no se convierta en un diálogo de sordos”, concluyó.

Contra Aranguren

“Lamento que el ministro de Energía (y Minería, Juan José Aranguren) no haya dado explicaciones en el Congreso antes”, dijo el juez Arias a Radio Universidad de La Plata. “La transparencia es la mejor forma de evitar corrupción. Se habla del sinceramiento pero no se habla del contenido de ese sinceramiento. No sabemos si se aumentan las tarifas solamente por la quita de subsidios, si se está garantizando cierta rentabilidad, si hay un atraso inflacionario, o si hay inversiones a futuro. No lo sabeos porque no hay audiencia pública. Sabemos que son altas y que perjudican al bolsillo del asalariado pero nadie sabe explicar el por qué más allá de conceptos vagos sobre el sinceramiento”, sostuvo el magistrado.
“Hay que apuntar a que la sociedad conozca, los especialistas puedan ponderar si está bien hecho y eventualmente pueda ser cuestionado porque las tarifas tiene límites legales también basado en la razonabilidad y proporcionalidad”, aseguró.
El juez que frenó el tarifazo de la luz eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires además señaló que “Aranguren tiene 16 millones de pesos de acciones en Shell” y que sea ministro de Energía y Minería de la Nación “es sumamente incompatible, es una violación flagrante a la Ley de Etica Pública. Esto es corrupción”, afirmó.